Sobre la externalización de servicios públicos

Hay casos y casos… La diversidad de actividades y funciones heterogéneas propias de la gestión pública, obliga a delegar en empresas privadas especializadas en el ámbito del que se trate.

Contras y pros: El principal inconveniente de este sistema de subcontratos estriba en la diferencia de conceptos entre “negocio” y “servicio público”, por la distinta prioridad de objetivos entre el modelo empresarial y la gestión de atención a los derechos e intereses del ciudadano. Mientras en uno, por lo general, prima la cuenta de beneficios sobre cualquier otra consideración, las entidades públicas, en teoría, priorizan la calidad del servicio al usuario dejando en segundo plano la cuestión económica.

Esta evidente discrepancia determina que el fomento de empresas privadas subcontratadas y la consiguiente creación de puestos de trabajo, en favor de un sistema laboral colateral con la Administración para beneficio colectivo, en algún caso se venga abajo por factores de precariedad laboral o defectuosa gestión empresarial de los “afortunados”  que licitaron con éxito el concurso convocado.

En dicha convocatoria suele radicar el principal problema para propiciar el fracaso de gran número de estas operaciones. P.ej.: Requisitos exigidos que se dirigen a uno de los candidatos por motivos de nepotismo. Tendencia a elegir la opción más barata. Incumplimiento de los puntos contratados en la licitación porque el aspirante bajó el listón económico para captar el compromiso que luego no puede asumir. La posible precariedad de empleo en la empresa contratada, bajo los auspicios de la denostada y nefasta “reforma laboral”, todavía vigente, que redundará en futura conflictividad para  perjuicio del usuario.

Condicionantes todos que dan forma a la evidente incompatibilidad entre el negocio y sus beneficios, contra la calidad y eficacia  propia de un servicio público.

A pesar del paisaje descrito en clave negativa, es justo reconocer que abundan los casos positivos. Aquellos en que tanto el organismo oficial contratante como la empresa contratada cumplen con satisfacción el compromiso adquirido y la actividad encomendada. Pero sucede que las situaciones adversas de una minoría fracasada son más reseñables por el impacto social de aquello que perturba la normalidad habitual.

Sentado el principio de que generalizar es insano para la conciencia informativa, conviene reflexionar con algún ejemplo concreto que avale la inquietud que titula este espacio.

Hemos asistido con angustia y desolación al incendio forestal de Gran Canaria. Que también nos ha dejado el regusto y satisfacción de que no hubo muertos… y la admiración y reconocimiento por el esfuerzo y valor desplegado por todos los componentes que lucharon contra el fuego. Así como la buena actuación gestora de los responsables políticos; en especial, del Jefe de Emergencias del Cabildo.

Los heroicos colectivos que participaron en la extinción, en lenguaje llano, lo bordaron, a pesar de las dificultades y situaciones de muy alto riesgo que tuvieron que afrontar. Hablamos de bomberos, voluntarios, hidroaviones, la UME, helicópteros del GES y la población ejemplar y ejemplarizante en su alarde de solidaridad con los afectados. Motivo de orgullo compartir patria con ciudadanos de tan alto rango.

Regresamos al argumento de las externalizaciones y, por tratarse de un colectivo vital en todo el operativo desplegado, nos centramos en avatares recientes de:

“Los rescatadores y operadores de grúa del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que vuelven a sufrir retrasos en el cobro de su nómina. A día 6 de mayo, ninguno de los 30 profesionales repartidos por las cinco bases del GES (Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, la Palma y el Hierro) ha cobrado su mensualidad de abril, cuando la ley da como plazo máximo el día 5.

Esta situación no es nueva. La UTE concesionaria del servicio, formada por Pegasus y Eural, -sendas empresas subcontratadas por el Gº de Canarias- ya se había retrasado anteriormente. Los responsables de las empresas trasladan, a su vez, la pelota al ejecutivo canario por no haber respetado los plazos de pago estipulados en el contrato.

Sin embargo las consecuencias económicas repercuten solo en estos profesionales que, además, ya perciben un sueldo poco acorde con las responsabilidades y riesgos inherentes a su trabajo. Los rescatadores y operadores de grúa son la punta de lanza del GES y se enfrentan a situaciones críticas: realizan rescates en la montaña o el mar, y asisten a todo tipo de emergencias en condiciones meteorológicas y ambientales adversas con el único objetivo de salvar bienes y personas en situación de riesgo. Todo ello por menos de 1.400 euros al mes“.(*)

Esta muestra en forma de botón mal cosido, confirma la indecencia de una situación inaceptable, como alguna de las bosquejadas al principio, pero esta agravada por las connotaciones humanitarias y de atentado contra derechos fundamentales.

No es suficiente que las autoridades subcontraten los servicios de una empresa privada y se laven las manos. Si no son capaces de rescindir el contrato por incumplimiento flagrante, tienen la obligación de proteger la vida y los derechos humanos de los trabajadores que, a nuestro servicio, son maltratados por la empresa privada.

Gracias de corazón a todos los que han luchado y vencido al fuego. Hoy hacemos especial mención a estos caballeros del aire cuya vocación y profesionalidad superan con creces la mezquindad de quienes no saben de principios ni valores.