Fraude y fracaso

Una aproximación a las respuestas concluye en que el dinero sigue huyendo masivamente de la economía española. Ahora se explica que digan que no hay. Cómo va a circular si el Banco de España registra que tan sólo en junio pasado, el segundo peor dato del año, 56.631 millones de euros abandonaron el país. Ya son doce meses consecutivos en los que han sido retirados capitales de España, o lo que es igual, en lo que va de año, casi 220.000 mil millones de euros, aproximadamente un 22% del Producto Interior Bruto (PIB), han salido de la economía española. Y aún respira.

La tercera de las cantidades señaladas, 52 millones de euros, es la que, según la Agencia Tributaria, ha ingresado el ministerio de Hacienda como consecuencia de la tan controvertida amnistía fiscal, o sea, las regularizaciones previstas de los bienes y activos ocultados o defraudados al Fisco. De aquí a noviembre estaba previsto recaudar unos 2.500 millones de euros, luego esos 52 apenas significan un 2%. De continuar la tendencia, al final los ingresos por este capítulo alcanzarán unos 150 millones de euros.

Si las cifras dinerarias ponen de relieve la debilidad y la inestabilidad de la economía española y de la balanza de pagos, así como las dificultades que tiene la banca para compensar la fuga de inversiones en cartera, préstamos y depósitos, los resultados cosechados hasta ahora con la amnistía fiscal bien merecen una reflexión que incide en las dudas que ya advirtieron los expertos y hasta los mismísimos técnicos del ministerio al señalar que la medida, en sí misma, invitaba al fraude y constituía un agravio comparativo con los contribuyentes que sí cumplen con sus compromisos fiscales.

Los bajísimos ingresos obtenidos hasta el momento por este concepto confirman lo que se preveía: una norma que que favorece claramente el blanqueo de dinero negro en metálico, incluido el procedente de delitos y permite que no se conozca el origen del dinero en efectivo ni el momento en que fue obtenido. Pero se ve que esta “barra libre” no seduce ni persuade a los interesados. Los defraudadores no se fían, sentenciaba hace poco un medio especializado. El temor a represalias o a que se “conserven” adecuadamente datos de operaciones frena la voluntad del defraudador, si es que alguna vez la tuvo.

Seguirán haciéndolo. La desconfianza con las cosas del querer monetario y la propensión de unos cuantos ciudadanos que han terminado especializándose en este tipo de “negocios” recelan del proceso jurídico de regularización del fraude fiscal que el Gobierno popular, tan generoso, les había “obsequiado”. Ni por esas. Si todo sigue como hasta ahora, ingresar 150 millones de euros ante los 2.500 millones que había previsto recaudar antes de que termine el año, equivale a un sonoro fracaso. Otro más.