El genocidio franquista

Peor suerte tuvo la prima de Balbina, Pino Sosa. Su padre José Sosa Déniz era latero y estaba afiliado al PSOE. Lo detuvieron en diciembre de 1936. Su mujer fue a preguntar por él a la comisaría de Luis Antúnez, también preguntó a gente que había estado en el campo de concentración de la Isleta y en el de Gando. Pero nadie sabía nada. Años después un joven pocero que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos dijo que había visto a José Sosa cerca del Pozo de las Brujas en Arucas, junto a varios objetos ensangrentados. Pero nadie 72 años después nadie ha encontrado los restos de José Sosa.

Balbina y Pino son dos mujeres coraje. Vivieron una infancia vigilada. Los malos vecinos las señalaban como las hijas de los rojos. Pino tuvo que escuchar algún comentario malicioso: “tu padre se marchó a París con una querida”. Como hijas de represaliados por el franquismo fueron educadas en la prudencia, en casa no se hablaba de política, en la calle no se hablaba de la familia. Fueron muchos años de silencio, de memoria guardada en el alma, de miradas furtivas al Pozo de las Brujas, de consejos de prudencia recibidos por una madre que tragaba lágrimas por tanto dolor clandestino, por tanta injusticia acumulada.

Murió Franco en su cama y se aprobó una amnistía que pretendía ser amnesia. Los rojos salieron de la cárcel, pero los azules seguían paseando los símbolos del terror cada 20 de noviembre. Madrid era la única capital europea donde cuatro décadas después de la derrota de Hitler y Mussolini los seguidores del fascismo tenían derecho a celebrar sus genocidios. Y la calle se les quedaba pequeña, por eso en febrero de 1981 entraron en el Congreso de los Diputados. Un día y medio de susto les salió casi gratis, y Balbina, Pino, y decenas de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y en el Franquismo tuvieron que esperar diez años más para poder organizarse.

Después de tantos años de paz de los cementerios, de desapariciones sin resolver, de lágrimas tragadas, hay preguntas que siguen sin respuesta: ¿dónde está José Sosa Déniz?, ¿dónde el alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife José Carlos Schwartz?¿dónde el diputado del Frente Popular Luis Rodríguez Figueroa?¿dónde Francisco Delgado Herrera?¿dónde José Galán Hernández?¿dónde Domingo López Torres? Estas preguntas las podría responder el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, que ayer hizo público un recurso de 41 páginas contra el auto del juez Baltarsar Garzón en el que se declaraba competente para investigar los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos por los fascistas que se sublevaron contra la segunda República española.

Dice el fiscal en su recurso que es “una ficción el entender que durante casi 70 años ha existido una situación de detención ilegal, por ser pública y notoria la muerte” de los desaparecidos. Pues que le diga a los familiares de los desaparecidos cuándo murieron y dónde están sus restos. Defiende el fiscal que la ley de Amnistía de 1977 “fue aprobada por fuerzas democráticas y ampliamente apoyada por la sociedad española”. ¿Estaban en igualdad de condiciones los diputados del PCE que habían sido legalizados hacía seis meses que los de la Alianza Popular formada por muchos que venían del franquismo? Creo que esta pregunta se responde con ver que el fiscal ha usado los mismos argumentos que el ex ministro franquista Manuel Fraga para rechazar la intención de Garzón de querer investigar los crímenes del franquismo. Los familiares de las víctimas no quieren sentar a nadie en el banquillo, ni abrir las heridas de los hijos de los vencedores de la guerra civil. Pero para pasar la página de la historia primero hay que escribirla, sin renglones torcidos por el odio, sin restos humanos enterrados en los pozos del olvido. La única justicia que buscan es localizar a sus muertos y enterrarlos. La memoria no prescribe, señor fiscal.

Juan García Luján