La inevitable actualización de un modelo territorial caduco

Cualquier avisado espectador de la vida política española (y más si se observa desde la perspectiva que nos da la distancia atlántica) percibe que el modelo del Estado de las Autonomías ya no da más de sí, que ya no es capaz de dar soluciones a los problemas actuales, y que está necesitado de una reforma urgente y en profundidad, y es prácticamente unánime que el único modelo viable que puede sustituirle es el federal.

Para adoptar el federalismo bastaría que se proceda a operar algunos cambios en el diseño constitucional del modelo como, por poner solo las medidas más relevantes, una simplificación y redistribución competencial (que devuelva verdadero poder de decisión a los territorios e impida intromisiones ilegítimas del Estado, como ha venido pasando en los últimos 30 años); la adaptación del Senado como auténtica Cámara de representación territorial; o c) una financiación territorial asumible que, sin desvirtuar la solidaridad, corrija las desigualdades existentes.

Sin embargo, solo con eso no se resuelve el problema de fondo que subyace en la organización territorial del Estado español (especialmente referido al País Vasco y a Cataluña –pero también a Canarias- que no es otro que la falta de un verdadero reconocimiento de esta España plural y de las asimetrías que existen entre los territorios que la conforman. En efecto, la reforma del modelo territorial español debe abordarse definitivamente desde la evidencia (negada por amplios sectores políticos que añoran todavía tiempos pasados) de que es preciso potenciar, como una solución a la viabilidad futura de este Estado, la descentralización política de aquellos territorios que, por sus singularidades, requieren de un estatus singular y, por tanto, de un autogobierno distinto y más amplio que el de otros que no las tienen.

Por tanto, la asunción de esa España plural no se arregla solo con el advenimiento del federalismo como conjunto de mecanismos técnico-jurídicos. El federalismo asimétrico como modelo requiere que los actores políticos, todos, se lo crean, que asuman y apuesten por una verdadera pluralidad territorial, no meramente testimonial.

Federalismo asimétrico para todos los que somos singulares

Desde luego, lo que no puede ni debe pasar es que se transforme el Estado hacia un modelo federal que dé satisfacción únicamente a Cataluña o al País Vasco. Antes al contrario, el modelo debe dar cobertura a todos los hechos diferenciales ya reconocidos, como son la lengua, los derechos forales, las demandas de autogobierno, las desigualdades fiscales, pero también aquellas otras mucho más objetivas, que afectan de una manera flagrante, y entre las que destacan sobremanera: la insularidad (en su dimensión atlántica y archipelágica) y la lejanía del continente europeo.

Las voces que se alzan reclamando un modelo federal, que transforme únicamente a determinados territorios del Estado, pero permaneciendo en España –básicamente desde el PSOE- pretenden aparentar moverse hacia un Estado federal pero para quedarse como están; es decir, en un modelo asimétrico, como el actual, pero escorado a favor exclusivamente del País Vasco y Cataluña.

No sería justo que volvieran a postrar a Canarias en su camino hacia el autogobierno. No basta con que se dé relevancia, como se está diciendo, exclusivamente a las singularidades económicas y fiscales y no a las políticas. Esas singularidades deben tener un reflejo en el autogobierno, en la capacidad de decisión. En tomar las decisiones desde aquí y que no vengan impuestas desde fuera.

No queremos volver a ser convidados de piedra, ni debemos conformarnos con unas pocas migajas como en el pasado. Pasó, por la irrupción de la insurrección militar en la II República; pasó bajo la actual Constitución, cuando la UCD, con la complicidad del PSOE, nos obligó a abandonar la vía del artículo 151, compensándonos luego parcialmente vía LOTRACA; y puede volver a pasar ahora si no ponemos sobre la mesa nuestro derecho a ser reconocidos como el territorio más singular del Estado y uno de los más singulares de la UE.

Solo hace falta que sepamos lo que queremos, que seamos capaces entre todos de consensuar un modelo capaz de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de los habitantes de este territorio archipelágico; esto es, un modelo con el que ejercer un amplio autogobierno que nos permita tanto disminuir la dependencia exterior (política, económica, energética, cultural, alimentaria, etc.), como conseguir instrumentos decisorios y de protagonismo internacional compatible con la permanencia en un Estado, el español, plurinacional y asimétrico, que reconozca plenamente a Canarias sus singularidades y, por tanto, la asunción de un status tanto competencial como institucional adaptado a nuestras especificidades que tenga proyección no solo interna sino internacional.

Alternativa a la reforma constitucional

Hacer realidad la hoja de ruta que se ha expuesto no va a ser fácil en estos momentos en los que la sociedad española está fracturada política y territorialmente, con graves problemas sociales y económicos y acuciada por la lacra de la corrupción (focalizada en el PP). Es obvio que los resultados de las pasadas elecciones generales hacen inviable hoy por hoy una reforma constitucional en clave federal porque el PP y C’s poseen una minoría de bloqueo.

Sin embargo, para ser pragmáticos, hemos de reconocer que la actual Constitución, pese a sus limitaciones, posee mecanismos –casi inexplorados en estos años- que pueden permitir ir avanzando en la transformación del modelo territorial (también en el social, pero esa es otra batalla), en ese federalismo asimétrico por el que abogan las principales fuerzas progresistas.

Así, tanto a través de la legislación básica del Estado (gran culpable del agotamiento del modelo autonómico) como, sobre todo, a través de las Leyes Marco (art. 150.1 CE) y las Leyes Orgánicas de Transferencias (art. 150.2 CE) se pueden dar pasos decisivos hacia esa transformación permitiendo que las CCAA amplíen sus espacios de decisión propia.

Las Cortes Generales han estado permanentemente ignorando a las CCAA en su labor legislativa en los últimos 37años, tiempo en el que el modelo se ha ido centralizando paulativamente, tanto en periodos de gobiernos conservadores como del PSOE, por lo que es necesaria una manifestación de voluntad clara de ese bloque progresista (PSOE, Podemos e IU, con apoyos nacionalistas) en el sentido de que se van a utilizar esos mecanismos para, por un lado, devolver y ampliar competencias a las CCAA para hacer realidad su autonomía política (lo que implica también redimensionar el desmesurado tamaño de la Administración central del Estado), así como reconocer las singularidades de cada territorio.

Ni siquiera la cuestión del derecho a decidir debería suponer una línea roja para la conformación de un gobierno progresista, porque, en el actual marco constitucional, es perfectamente posible convocar un referéndum.

Me explico.

El artículo 92 de la Constitución permite que el Gobierno, previa autorización del Congreso, convoque a los ciudadanos a un referéndum consultivo cuya pregunta podría ser perfectamente si quieren iniciar una reforma constitucional que adopte ese modelo federal asimétrico y que reconozca el derecho a decidir de los territorios -si así es refrendado por los 3/5 (el 60%) del censo de ese territorio-. Puro principio democrático. Nada nuevo. Como en Canadá y como en Reino Unido.

Todas esas iniciativas se pueden tomar ya. No requieren más que de voluntad política. De hacer valer y cumplir las promesas electorales que proclamaban el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español.

Ya habrá tiempo de reformar la CE cuando se disponga de la mayoría necesaria… Si no, si persistiera el bloqueo de la minoría conservadora y reaccionaria, se corre el riesgo de que, espontánea y democráticamente, se abra un nuevo proceso constituyente –y originario- que proclame la III República (aún resuena en la memoria colectiva esa deuda histórica no resarcida que supuso el golpe militar que desangró la esperanza de millones de ciudadanos).

El gran desconocimiento de lo que somos

En ese reconocimiento de la España plurinacional que avanza hacia un Estado federal asimétrico, Canarias, debido a su identidad singular forjada por circunstancias geográficas, culturales e históricas, es una de sus naciones.

Sin embargo, pese a llevar más de 30 años de autonomía, no hemos podido, como Pueblo, consolidar una sociedad basada en el Estado del Bienestar y en el desarrollo sostenible ni hemos sabido ir adoptando soluciones adecuadas a la problemática singular derivada de nuestras especificidades, aun cuando contábamos con dos poderosos instrumentos para ello, que conformaban el pacto histórico de Canarias con el Estado: El REF y el Estatuto de Autonomía (seguramente porque no hemos acabado de creer en el autogobierno, prefiriendo –no sé si por comodidad o por falta de convicción- seguir tutelados por el Estado).

Lo cierto es que ninguno de esos mecanismos nos ha permitido aprovechar la autonomía política y financiera para atajar las desventajas de la lejanía y la archipelagidad, pudiendo afirmar que entre nuestra propia incapacidad y las políticas recentralizadoras estatales del PP y del PSOE a lo largo de estos más de 35 años (con la complicidad de los mercantilistas insularistas), no se ha podido alcanzar un nivel mínimamente aceptable en la prestación los servicios públicos esenciales, ni atajar las bochornosas cifras de desempleo, ni revertir la presión que la superpoblación (consecuencia de un modelo económico basado casi exclusivamente en el binomio turismo-construcción) ejerce sobre un territorio escaso y un medio ambiente frágil, lo que está poniendo en peligro incluso nuestra supervivencia como Pueblo diferenciado.

Si colectivamente no tomamos conciencia de que la senda del autogobierno es la única manera de conseguir para Canarias soluciones duraderas y satisfactorias a los retos que tenemos hoy planteados, de que podemos desde aquí decidir nuestro futuro, seguiremos siendo una región española más con una gran dependencia exterior que se resigna a que desde los centros de poder español o europeo se sigan tomando las decisiones más importantes que nos afectan, muchas veces en contra de nuestros propios intereses, que no resuelven nuestros problemas.

Por ello, porque no debemos resignarnos, hemos de ir conquistando cada vez más amplios espacios de decisión propia, de soberanía, cuantos más mejor, sin esperar, sino lo imprescindible, que las soluciones vengan de fuera. Más aún en la actual coyuntura de crisis económica, hemos de afrontar que solo por nosotros mismos, como colectividad –como Pueblo-, podemos salir adelante, que el autogobierno es irreversible e irrenunciable y que únicamente profundizando en él podemos aspirar a un futuro próspero, ilusionante y esperanzador.

En ese contexto, el actual modelo autonómico se ha revelado –insistimos- insuficiente, pues ya no colma ni resuelve nuestras pretensiones. Ni siquiera una reforma del Estatuto resolvería gran cosa. El encaje de Canarias en el Estado se ha venido aplicando –incluso con la anuencia de quienes han gobernado Canarias las últimas décadas- desde hace ya demasiado tiempo de manera torticera, sumamente rígida y recentralizadora, y, por tanto, se revela incapaz de resolver satisfactoriamente una serie de desavenencias y conflictos sobre el encaje del Archipiélago en ese modelo de Estado.

En suma, hemos de manifestar claramente que Canarias ya no está cómoda en ese modelo; que como se está interpretando por sus instituciones (Cortes, Gobierno o, incluso, el Tribunal Constitucional) no solo no nos permite tomar decisiones sobre muchas de las cuestiones (las más importantes) que nos afectan directamente, sino que, incluso, se toman en contra de nuestros intereses –incumpliendo o ignorando en la mayoría de las ocasiones la legalidad vigente-, a lo que se une la imposibilidad de abrirnos definitivamente hacia el exterior y asumir el liderazgo político y económico en esta zona central del Atlántico, verdadera encrucijada tricontinental.

Por eso, porque el actual modelo es insatisfactorio, son perentorias políticas (sean a través de esa reforma de la Constitución o mediante otros mecanismos) que reconozcan plenamente a Canarias sus singularidades y, por tanto, se nos dote de un estatus competencial e institucional especial adaptado a las mismas.

Reconocimiento a nuestras singularidades –o recomposición de nuestro encaje constitucional- que nos equipare no solo las CCAA de mayor autonomía, sino incluso a aquellos “territorios dotados de plena autonomía interna” cuyo estatus es reconocido en distintos Convenios y Resoluciones de la Organización de la Naciones Unidas, estatus internacional que nos permitiría disfrutar de un nivel de autogobierno privilegiado, posibilitándonos ser parte de distintas Convenciones de la ONU, relacionarnos directamente con otros Estados o tener plenamente reconocidas nuestros espacios marítimos de acuerdo con el criterio de líneas de bases rectas archipelágicas, como si de un Estado Archipelágico se tratara, todo ello sin dejar de ser una Comunidad integrada en el Estado español.

Medidas en relación a Canarias

Ese impulso transformador a través de los mecanismos del art. 150 CE, en relación a Canarias, debe afectar a cuestiones tales como al cumplimiento del contenido del REF en relación con la inversión del Estado, a la modificación de la financiación autonómica que palie la precariedad de los servicios públicos, a la modulación de políticas del Estado en aquellas cuestiones en que seamos singulares, a la asunción de competencias íntimamente relacionadas con nuestras especificidades (costas, puertos y aeropuertos, sanidad y comercio exterior, telecomunicaciones, etc.) o al protagonismo de Canarias en las relaciones con la UE y terceros países de nuestro entorno.

Como primeras acciones, se debería hacer efectivo el desarrollo de la ley de aguas canarias que nos permita un mayor control de nuestros espacios marítimos, el reconocimiento como interlocutores internacionales (que nos permita renegociar nuestro estatus en la UE y relacionarnos con los Estados de nuestro entorno geográfico y económico), así como la revocación inmediata y definitiva de las autorizaciones petrolíferas que fueron a probadas en contra de la voluntad mayoritaria de los canarios.

En definitiva, es posible, porque así lo demanda una mayoría social y política, conformar un Gobierno que apueste decididamente por implementar medidas que permitan la consecución de un (verdadero) Estado (social y) plurinacional en el que Canarias, y otros territorios singulares, vean reconocidos sus demandas de autogobierno.