Islas hormigonadas

Una de las mayores tragedias para nuestras islas, su medio ambiente y gran parte de su territorio en sus ecosistemas, ha tenido lugar con la aprobación de la ignominiosa Ley del Suelo. Esta ha sido aprobado en días pasados por el Gobierno autonómico de CC y respaldada por otros grupos de la Cámara del parlamente canario. Con la entrada en vigor de esta ley, las islas se transforman en un mercadeo para el cemento y la libre disposición de gran parte del suelo protegido o rústico, que hasta ahora estaba regulado por los organismos de control del territorio canario. Es una ley aciaga para el futuro de la ecología en Canarias y fue una jornada negra para los habitantes de las islas.

Esta ley es un ecocidio más a nuestro frágil territorio insular. Ha sido despiadadamente dictada por unos políticos con cargos eventuales en las responsabilidades que ocupan, en esta depauperada democracia que nos rige (máxime con una ley electoral canaria extremadamente fraudulenta, como lo es la actual desde hace 30 años, y que va para largo tiempo en aprovechamiento, precisamente, del partido político que ha mentado esta ley del suelo). Es una exigencia impuesta por unos desalmados empresarios que no tienen conmiseración con el medio ambiente y el ecologismo en general. Una vez más la economía empresarial impone sus leyes al gobierno de turno. Solo les mueve la codicia de sus intereses de cuentas corrientes de cuantiosos saldos. Unos y otros están enfangados en la ciénaga de la ceguera de sus torpes actuaciones, denostando todo lo relativo a la madre naturaleza y de respeto al bien común.

Esta es una muy triste ley, superada en la cámara por una minoría de adeptos a los empresarios y promotores turísticos y urbanistas. Aún a sabiendas de que es muy perjudicial para las islas en sus diminutos espacios de terrenos edificables. No piensan ni quieren creen, que en los lugares isleños que nos cobija en la naturaleza, estamos solo de paso, y no nos pertenece. No olvidemos que el suelo que habitamos y nuestro medio ambiente lo tenemos en calidad de préstamo de las futuras generaciones. Y a ellas –y a las presentes–, debemos rendirle cuentas de los posibles latrocinios que hagamos con el territorio y sus equilibrios naturales en los ecosistemas.

Y muy a pesar de que estos políticos mal avenidos y de unos empresarios atroces, carentes de la mínima ética de respeto a la naturaleza y a sus propias vidas ¿No tienen familias, hijos, nietos, amigos y demás personas a las que hay que proteger, respetar y cuidar, para que su efímero ciclo de vida sea lo más complaciente y sano en su pasar sobre el planeta? No todo es el dinero y los egoístas beneficios personales.

Muchos son los ejemplos recientes y pasados, que hay que enumerar sobre las atrocidades que estamos sufriendo con el calentamiento global y sus consecuencias en todas las latitudes del planeta. Y que ellos, los dictadores de perniciosas leyes y los constructores del hormigón armado, no quieren ver ni aceptar. Su codicia les ciega. Para ellos el dinero y los negocios son prioritarios, aunque nos cueste la salud y la vida a todos. Esta deprimente ley vendrá a incrementar, aún más, los efectos perniciosos del cambio climático por los desequilibrios medioambientales contra la naturaleza, que conllevará con el cemento, la aridez del terreno y la disarmonía natural.

Nuestro territorio insular canario estaba protegido en gran parte, por su exótico y peculiar suelo en la pureza de los ecosistemas. Las zonas de reserva natural que estaban anteriormente salvaguardadas por otras leyes, que irán desapareciendo paulatinamente por mor de unos brutales adictos a lo estrictamente material. Desaparecerá la Comat, para dejar al albur de oscuros criterios a los ayuntamientos y cabildos, para hacer caja. Y cuando no, como son tantos los desmanes, infaustamente conocidos, en las habituales corruptelas de políticos, empresarios y demás hierbas contaminadas por el vil metal. Las leyes desreguladoras de suelos protegidos o rústicos por suelos urbanizados en drásticos decretos, serán el pan nuestro.

La ley del suelo, dictada por la confederación de empresarios canarios, los hosteleros, promotores urbanísticos, etc. Y ésta asumida, como perros falderos de la política, que actúan a la voz de sus amos. Pero, eso sí, con la inexcusable premisa de “crear puestos de trabajos y riqueza económica para las islas”. Nada dicen de sus pelotazos ni de la precariedad laboral con la que contratarán.

Lo peor será que una vez establecida esta ley con su entrada en vigor, no habrá gobierno, aunque cambien el nefasto de CC, que la derogue. Nuestro peculiar paisaje se convertirá cajones con puertas y ventanas, bajo los peores gustos estéticos y en menosprecio de la naturaleza y sus ecosistemas. La historia les demandará dicha manifiesta negligencia e inmoralidad y las futuras generaciones recriminarán a políticos tan obtusos.