Justicia poética

Una verdad verdadera es que de de las crisis económicas los pobres siempre salen más pobres y los ricos siempre más ricos. De las crisis se sale, sí, pero los hay que salen mejor y siempre son los mismos. El enriquecimiento de los menos se produce fundamentalmente por el trasvase de recursos, bienes y derechos de los más. Se reducen los sueldos y eso hace que quienes los pagan dispongan de más recursos para ellos, para sus inversiones y para sus lujos. Se aumentan los impuestos de las clases medias –la gran tajada de la tarta fiscal- y se reducen los servicios o incluso se obliga a pagar tasas por recibirlos. Y se embargan las propiedades de quienes no pueden pagarlas, que aumentan la bolsa de bienes a bajo precio que pueden quedarse los que más tienen.

Por otro lado, siempre se ha dicho que en torno a las subastas judiciales de bienes embargados –una actividad legal y ordenada- actúa una bien urdida trama de subasteros, informadores y ventajistas, que hacen que muchas de las mejores propiedades subastadas –o las que salen a puja con mejores descuentos- pasen con mucha frecuencia a manos de gente de los propios juzgados o de los bancos que han embargado la propiedad. Probablemente haya algo de leyenda urbana y exageración en esa percepción, pero yo sólo conozco a dos personas que adquirieron una propiedad subastada, y uno es secretario de un juzgado y el otro dirige una pequeña sucursal bancaria en el Sur. Un par de mimbres no son suficientes para dar forma a un cesto, pero en una sociedad tan engolfada como la nuestra, no sería de extrañar que la coincidencia fuera norma.

En ese sentido, el fraude multimillonario del que se ocupa la operación Cebo, una presunta estafa organizada en torno a la compraventa de inmuebles en subastas judiciales, no deja de resultar una forma de justicia poética: algo menos de un centenar de personas con dinero, que querían hacerse con propiedades embargadas a otros a través de la mediación de una empresa especializada en subastas judiciales, han visto como les han levantado los cuartos tan ricamente. Entre los que han visto volatilizarse su dinero, algunos políticos –la diputada socialista grancanaria Pilar Grande, o un consejero del CCN en el Cabildo grancanario-, además de gente vinculada a entidades financieras, inversores y funcionarios. Está claro que los estafados son las víctimas, pero aún así no consigo entender que una diputada socialista intentara mejorar su patrimonio comprando dos viviendas y un coche embargado, y entregara nada menos que 55.000 euros a la intermediaria. Y es que a veces el discurso público no tiene nada que ver con la práctica personal. Hipocresía, se llama la figura.