La defenestrada Ley de Dependencia

Cuando la Ley de Dependencia fue debatida y aprobada en el Parlamento, por el anterior gobierno de Zapatero, el Partido Popular tuvo un frontal rechazo. La toma de poderes en los gobiernos del PP hizo represaliarse contra esta Ley. Lo hace denigrándola desde que tomó el cargo en el Gobierno central y en varias Autonomías, con la dejación de los derechos en los impedidos enfermos, quienes necesitan de una continuada e imprescindible asistencia médica, de enfermería, y una digna subvención. Y sobre todo, con la mínima inclusión de muchos de estos necesitados para recibir una prestación solidaria y en continuadas reducciones en la asistencia y en las económicas.

Esta Ley de Dependencia ha sido desde su institución a todos los enfermos que la necesitan por sus patologías crónicas irreversibles, una de las más acertadas leyes en los derechos de los ciudadanos. Esta atención prioritaria formó parte de una de las fundamentales leyes sociales ineludibles en el Estado de Bienestar. Lo peor es que ha sido creada por el presidente Zapatero, ‘el culpable del diluvio universal y otras plagas bíblicas’ —en opinión de sus pertinaces detractores—, pero que hasta el momento ha sido el más social de los gobiernos democráticos en España.

Desde que pisaron los populares las moquetas del poder de la administración del Estado en todos sus organismos, con su obsceno programa de liquidar los derechos adquiridos de todo el cómputo de los habitantes de este país, con la merma paulatina del fastidioso Estado de Bienestar y de igualdad para todos, o bien, para entregarlo a manos de la especuladora privatización.

La reducción presupuestaria del Estado, por la diseñada crisis financiera originada por Wall Street, las agencias de calificación norteamericanas y los banqueros internacionales, les vino de perlas a los administradores del PP, con los bienes públicos. Era la excusa perfecta para aplicar su reductora alquimia monetaria en los repartos, en coherencia con su programa político, como fórmula de restar en todos ellos los derechos ciudadanos. Derechos y bienestar social, con los que no comulgan estos católicos de postureo.

La máxima austeridad la han aplicado en todos los ministerios y consejerías, reconvirtiendo los presupuestos en austericidios, defenestrando el Estado de Bienestar y recortando en los demás beneficios sociales en los ganados derechos a la igualdad en la convivencia. Y sin el menor rubor y con la mayor inhumanidad, en todos los enfermos necesitados de vital solidaridad, conmiseración y asistencia, como es la Ley de Independencia. En sus insolidarias y muy neoconservadoras consignas, se valen su máxima: que se lo paguen con su dinero.

La reducción de las subvenciones en las cuantías de los afectados de sufridas convalecencias, irreversibles en su mayoría, se han visto rebajadas de forma escandalosa, que les condenan a subsistir y padecer amargamente ante la impotencia del desafecto estatal, recluyéndolos a la caridad de la familia. La realidad es que cada día disminuyen los beneficiarios de las prestaciones y atenciones por la Dependencia, desde que gobierna Rajoy desde la pantalla de plasma, y sus acólitos.

Las listas de espera siguen aumentando. Y todos los datos sobre esta Ley son negativos. Pero más intolerable aún es la vergonzosa campaña de una mendaz propaganda, que publican de esta Ley de Dependencia, con falsos datos estadísticos de sus logros y bien hacer.

Otra de las imposiciones de los actuales administradores de los bienes ajenos, es la de cumplir unos requisitos imposibles, en muchos casos, para los demandantes de una subvención o atención priorizada del enfermo. Por esta causa de muy difícil cumplimiento, se reduce el número de enfermos que puedan obtener este beneficio —y derecho— social. Su lema político: hay que ahorrar. Y los que no obtengan este beneficio, que se jeringuen.

Aún con ese inconveniente, las listas de espera no disminuyen, a pesar de los fallecidos que no pudieron conseguirla, siguen en aumento. El pasado año de 2014, cada hora moría un enfermo con doble tristeza: su enfermedad y la insolidaridad de unos políticos descorazonados en sus arrogantes despachos, que solo ven números y reducciones económicas, quienes tenían que ser atendidos por esta Ley de Dependencia. En el presente año, la lista de solicitudes ha aumentado en unas 300.000 peticiones más.

La atención a estos enfermos es una obligación del Gobierno central y las Autonomías, por ser una legalidad insoslayable, que no admite recorte presupuestario alguno, ni demora ni animadversión hacia estos enfermos tan necesitados.

Esta es una de las obligaciones que tienen los gobernantes, desde el ayuntamiento más humilde a los manejos de los hiperpresupuestos del Gobierno central, con el dinero del erario público, con el que deben satisfacer, también, todas las demandas sociales, máxime en los que padecen patologías invariables. Eso se llama solidaridad social en un estado de derecho. Gobernar con comprensión.

Sin embargo, no existen indecoros ni demoras ni requisitos previos, para rescatar a la banca española con 70.000 millones con el dinero de todos (que no costaría un céntimo a los españoles, mentían). Ni falta, tampoco, el cuantioso presupuesto para la fundación del PP, Faes, para emplearlos en lucrativos sueldos y en sus políticas de propagandas. Ni para el gasto militar, con 1.000 millones más de lo presupuestado, para el año 2016. De esta manera se apaciguan las pesadillas que padece el partisano ejecutivo, para defender las febriles invasiones extranjeras que alucinan noche tras noche.

No obstante, permítanme aconsejar la solicitud para que se beneficien de la asistencia en esta Ley de Dependencia a muchos de los actuales gobernantes, por la enfermedad crónica que padecen con sus patrañas y tropelías corruptelas continuadas, que producen pasmo y tormento existencial en quienes le leen o escuchan.