Leyes por un tubo

Un Parlamento no es más eficiente y cumplidor con su responsabilidad si elabora un mayor número de leyes. Tampoco si realiza esta tarea en tiempo récord. En este asunto importa mucho más cómo, quién y para qué se elaboran y aprueban esas legislaciones, si responden a los intereses reales y prioritarios de la ciudadanía; y, asimismo, si en su tramitación se cuenta con el rigor y los imprescindibles mecanismos de control, así como con la opinión de la sociedad y con la que puedan aportar las distintas opciones políticas presentes en la cámara.

En el caso del Parlamento de Canarias se opta por otra vía, la de la cantidad frente a la calidad; por la vía de la urgencia y los procedimientos abreviados, quebrando el control y la participación; por la imposición del rodillo de la mayoría gobernante frente a la participación ciudadana y la capacidad de debatir y atender los puntos de vista de la oposición o de otras instituciones como los cabildos insulares. Además, hay varias leyes que están pendientes que podrían haberse hecho antes: no se ha priorizado como se debía.

La práctica de los tres años que llevamos de esta legislatura –en la que recientemente no se han admitido a trámite la ley turística del Cabildo Insular de Gran Canaria y la que Nueva Canarias presentó sobre la reforma de nuestro desproporcionado e injusto sistema electoral- y una mirada a la actividad legislativa prevista hasta el final de la misma así lo confirma.

En estos momentos se están tramitando un total de 12 leyes, entre proyectos de ley, proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, proposiciones de los cabildos y leyes surgidas de la iniciativa ciudadana, como las de sanidad y educación. Así como el Plan de Salud y el compromiso de llevar a la Cámara el plan energético. Además de la relevante reforma del Reglamento del Legislativo, muy vinculada a la imprescindible mejora de la transparencia, de la que no anda muy sobrada, y de la democracia del propio Parlamento.

A ello habría que sumar todos los anteproyectos de ley que el Gobierno y los grupos que le apoyan han anunciado que presentarán a este Parlamento en esta legislatura y cuyo número se eleva a 19. Lo que conjuntamente hace más de una treintena.

En lo que llevamos de legislatura se han aprobado una veintena de leyes, la mitad de carácter claramente técnico y sin contenido relevante; y ahora, en apenas nueve meses de trabajo parlamentario efectivo, se pretende triplicar la actividad respecto a los tres años anteriores. El Gobierno y los grupos que le apoyan pretenden aprobar estas normas, que ya han sido o van a ser tomadas en consideración, porque las propone el Ejecutivo y tiene mayoría parlamentaria para ello.

Electoralismo

Da la impresión de que el Ejecutivo canario quiere aparentar que ha cumplido sus compromisos de investidura presentando, deprisa y corriendo, un significativo número de leyes, muchas de las cuales no serán, con toda seguridad, ni siquiera abordadas en esta legislatura.

Cierto es que hay algunas leyes que tienen gran relevancia, que debieron y pudieron tramitarse mucho antes. Sobre todo las que afectan a los servicios públicos: educación, sanidad, cambios en la vigente ley de vivienda, la reforma de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o la modificación de la ley de servicios sociales.

En ese paquete legislativo destaca, asimismo, la anunciada reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, impulsada por quienes la hicieron decaer hace siete años cuando había posibilidades reales de sacarla adelante y que hoy se presenta sin la menor posibilidad de que sea aprobada en las Cortes.

También la ley de armonización territorial, la ley de transparencia, una nueva regulación de los municipios y otra norma reformando el régimen jurídico de los cabildos. Además de una extensa norma que modifica más de siete leyes (ley de medidas tributarias, administrativas y sociales) o la ley de creación de la Agencia Tributaria Canaria. Y, por supuesto, la ley más importante para una comunidad que es la ley de presupuestos de Canarias para el año 2015, que se tramitará desde noviembre de 2014.

En mi opinión, lo que corresponde en estos momentos es volcar todos los esfuerzos de Gobierno y Parlamento en la reducción de las escandalosas cifras de desempleo que padecemos, combatiendo además la pobreza y la exclusión social; y mejorando el funcionamiento de los servicios públicos. Y en todo caso hacer una rigurosa selección de las leyes más imprescindibles en estos momentos y abordarlas de aquí a final de legislatura.

Desde nuestro grupo parlamentario, pequeño pero muy activo, en cualquier caso continuaremos desarrollando nuestra tarea de oposición reflexiva, crítica, constructiva y alternativa al Gobierno de CC y PSOE. Tal y como hemos venido realizando en estos tres años de legislatura en los que los diputados del grupo hemos presentado cerca de 2.000 iniciativas en el Parlamento canario. Y en el que hemos puesto el acento en la defensa de los servicios públicos y en una salida justa a la crisis, rechazando el austericidio y exigiendo una fiscalidad progresiva, la creación de empleo y la mejora de la democracia.