El medio ambiente como excusa, la opacidad como norma

Este verano han sido noticia los proyectos de conciertos en Tenerife. Unos, por el desastre de la organización que ha obligado a cancelarlos, y otro, como el nuevo Son Latinos, porque no tenían los permisos pertinentes, aunque sus organizadores se adelantaron al anunciar a bombo y platillo la vuelta del concierto a la playa de Las Vistas para el último sábado de agosto. Al carecer de autorización no pudieron hacerlo, pero los promotores no cejan en el intento; ahora proponen que les den permiso para celebrarlo en octubre y, por supuesto, corriendo los gastos a cargo de las administraciones públicas. No es poco, 625.000 euros para un concierto de 12 horas y cuyos beneficios son para la empresa organizadora. Llama la atención que en estos tiempos de crisis, de graves recortes en los sectores esenciales del estado de bienestar y de reducción drástica de los presupuestos destinados a medio ambiente, el gobierno de Canarias, el cabildo de la isla, el ayuntamiento de Arona y la Autoridad Portuaria, estén dispuesto a regalar dinero público a estas empresas privadas.

Después de dos meses intentando que el cabildo informe sobre esta cuestión, los partidos gobernantes, Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario, siguen manteniendo su mutismo. Según el coordinador de Turismo de la institución insular, están dispuestos a poner el dinero si Costas les concede los correspondientes permisos. No sabe a cuanto ascendería el regalo pero, teniendo en cuenta el presupuesto presentado, no podrá ser una cantidad pequeña. ¿Y cómo justifican esta financiación de un negocio privado con fondos públicos? Pues no se sabe, los responsables de las administraciones públicas implicadas no quieren dar información, siguen sin responder.

En estos momentos dos empresas compiten por organizar el nuevo Son Latinos, pero ninguna de las dos es ajena a la historia de este concierto en la playa de Las Vistas, sus responsables fueron los socios de la empresa Guagua Producciones, organizadora de los anteriores eventos, por lo que no es extraño que recurran a los mismos argumentos para justificar su negocio. No importa que este concierto haya sido prohibido por su grave impacto ambiental, ellos lo visten de ecológico, dicen que una muestra cultural, dan premios a ecologistas famosos, organizan actividades y charlas de temas conservacionistas y, si es necesario, se ponen camisetas con denuncias “ecologistas”. Eso sí, siempre son del tipo de reivindicaciones que no molestan a sus generosos donantes políticos. Apuntarse a campañas contra la construcción de centrales nucleares en Marruecos, el cambio climático o contra las prospecciones petrolíferas en Canarias, son asuntos que no comprometen; otra cosa es denunciar la opacidad de las administraciones, el despilfarro del dinero público, la destrucción progresiva de los ecosistemas litorales, la construcción del puerto de Granadilla, la falta de dinero para proyectos de investigación y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, etcétera, etcétera. Estos temas no figuran en la propaganda de estas empresas que viven y funcionan gracias al dinero del contribuyente. Vestirse de ecologistas, o de desinteresados protectores de la naturaleza, solo les sirve para justificar que les regalen dinero público para sus negocios, sin importarles que con esa cantidad se podrían financiar muchos de los proyectos cancelados.

La experiencia de lo ocurrido con el concierto Son Latinos hasta su prohibición en el año 2004, nos permite entender mejor como estos “empresarios” presionan a las administraciones y tratan de desprestigiar a todos los que nos oponemos a esta utilización de las playas para beneficio privado y, para más inri, a costa del medio ambiente y de la imagen que se quiere trasmitir en los mensajes de promoción turística. Son maestros en la utilización propagandística de los medios de comunicación, lo cual no es extraño pues uno de los socios de la sociedad Guaguas Producciones ha destacado más por su actividad como periodista que como empresario. Tanto, que llevó al gobierno autonómico a darle, junto a su hermano, el premio Canarias. Eso explica, tal y como relatamos en el libro publicado por ATAN, (http://www.atan.org/web/sites/default/files/libro3.pdf) las campañas de desprestigio emprendidas por estos periodistas estrellas contra nuestra asociación en los medios de comunicación. Especialmente amarilla (de periodismo amarillo) fue la de Radio Club, donde controlaban junto al actual director de la televisión canaria, una gran parte de la programación local. A pesar de pedírselo

Este verano han sido noticia los proyectos de conciertos en Tenerife. Unos, por el desastre de la organización que ha obligado a cancelarlos, y otro, como el nuevo Son Latinos, porque no tenían los permisos pertinentes, aunque sus organizadores se adelantaron al anunciar a bombo y platillo la vuelta del concierto a la playa de Las Vistas para el último sábado de agosto. Al carecer de autorización no pudieron hacerlo, pero los promotores no cejan en el intento, ahora proponen que les den permiso para celebrarlo en octubre y, por supuesto, corriendo los gastos a cargo de las administraciones públicas. No es poco, 625.000 euros para un concierto de 12 horas y cuyos beneficios son para la empresa organizadora. Llama la atención que en estos tiempos de crisis, de graves recortes en los sectores esenciales del estado de bienestar y de reducción drástica de los presupuestos destinados a medio ambiente, el gobierno de Canarias, el cabildo de la isla, el ayuntamiento de Arona y la Autoridad Portuaria, estén dispuesto a regalar dinero público a estas empresas privadas.

Después de dos meses intentando que el cabildo informe sobre esta cuestión, los partidos gobernantes, Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario, siguen manteniendo su mutismo. Según el coordinador de Turismo de la institución insular, están dispuestos a poner el dinero si Costas les concede los correspondientes permisos. No sabe a cuanto ascendería el regalo pero, teniendo en cuenta el presupuesto presentado, no podrá ser una cantidad pequeña. ¿Y cómo justifican esta financiación de un negocio privado con fondos públicos? Pues no se sabe, los responsables de las administraciones públicas implicadas no quieren dar información, siguen sin responder.

En estos momentos dos empresas compiten por organizar el nuevo Son Latinos, pero ninguna de las dos es ajena a la historia de este concierto en la playa de Las Vistas, sus responsables fueron los socios de la empresa Guagua Producciones, organizadora de los anteriores eventos, por lo que no es extraño que recurran a los mismos argumentos para justificar su negocio. No importa que este concierto haya sido prohibido por su grave impacto ambiental, ellos lo visten de ecológico, dicen que una muestra cultural, dan premios a ecologistas famosos, organizan actividades y charlas de temas conservacionistas y, si es necesario, se ponen camisetas con denuncias “ecologistas”. Eso sí, siempre son del tipo de reivindicaciones que no molestan a sus generosos donantes políticos. Apuntarse a campañas contra la construcción de centrales nucleares en Marruecos, el cambio climático o contra las prospecciones petrolíferas en Canarias, son asuntos que no comprometen; otra cosa es denunciar la opacidad de las administraciones, el despilfarro del dinero público, la destrucción progresiva de los ecosistemas litorales, la construcción del puerto de Granadilla, la falta de dinero para proyectos de investigación y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, etcétera, etcétera. Estos temas no figuran en la propaganda de estas empresas que viven y funcionan gracias al dinero del contribuyente. Vestirse de ecologistas, o de desinteresados protectores de la naturaleza, solo les sirve para justificar que les regalen dinero público para sus negocios, sin importarles que con esa cantidad se podrían financiar una gran parte de los proyectos cancelados.

La experiencia de lo ocurrido con el concierto Son Latinos hasta su prohibición en el año 2004, nos permite entender mejor como estos “empresarios” presionan a las administraciones y tratan de desprestigiar a todos los que nos oponemos a esta utilización de las playas para su beneficio privado a costa del medio ambiente y de la imagen que se quiere trasmitir en las campañas de promoción turística. Son maestros en la utilización propagandística de los medios de comunicación, lo cual no es extraño pues uno de los socios de la sociedad Guaguas Producciones ha destacado más por su actividad como periodista que como empresario. Tanto, que llevó al gobierno autonómico a darle, junto a su hermano, el premio Canarias. Eso explica, tal y como relatamos en el libro publicado por ATAN, (http://www.atan.org/web/sites/default/files/libro3.pdf) las campañas de desprestigio emprendidas por estos periodistas estrellas contra nuestra asociación en los medios de comunicación. Especialmente amarilla (de periodismo amarillo) fue la de Radio Club, donde controlaban junto al actual director de la televisión canaria, una gran parte de la programación local. A pesar de pedírselo, nunca accedieron a recabar nuestra opinión y, en contra de los principios más elementales de la deontología periodística, tampoco nos permitieron responder a sus descalificaciones. Precisamente, esta capacidad para estar presente en los medios, y carecer de escrúpulos, les hace muy valiosos para determinados políticos y explica que una persona con la formación de Guillermo García haya sido nombrado director de la televisión canaria.

Hay algunas cosas que han cambiado desde el año 2004: los antiguos socios compiten con propuestas parecidas para la resurrección del macro concierto en Las Vistas, los responsables de las instituciones que regalan el dinero ahora son otros, la ley de costas ha sufrido una transformación a peor -lo que ha sido denunciado por todas las organizaciones conservacionistas del país- pero lo que no ha cambiado es la opacidad de las administraciones implicadas y de los partidos que las sustentan. Tampoco ha cambiado en la década transcurrida las mentiras de los promotores, ni la utilización de los medios de comunicación para difundirlas ni, por supuesto, que estos “emprendedores” han optado por arriesgar su dinero. Esperemos, como ocurrió en el año de la prohibición, que no denuncien a ATAN ni a sus socios en los juzgados por manifestar nuestras opiniones, ni que vuelvan a utilizar el salón noble del cabildo para hacer pública la denuncia bajo la comprensiva mirada de los responsables de la institución. Entre otras razones porque volvería a ser desestimada por los jueces. Es algo que deberían entender: la libertad de expresión es un derecho constitucional y la defensa del medio ambiente también.