Nuevo curso, viejos problemas

Canarias inicia el nuevo curso político con un Gobierno, el de Coalición Canaria que, tras maltratar y romper con el PSOE a finales de 2016 y no llegar a un acuerdo con el PP a comienzos del verano, dispone de un minoritario apoyo parlamentario. Apenas un tercio de la Cámara, que representa poco más del 17% de los votos de los electores que fueron a las urnas en mayo de 2015. Pero que, como si no fuera consciente de su soledad, sigue comportándose en muchas ocasiones de forma arrogante y soberbia.

Un Gobierno, el de la derecha insularista, responsable del retroceso de los servicios públicos y de adoptar decisiones en materia territorial y ambiental claramente desarrollistas, como la aprobación de la Ley del Suelo y la derogación de las directrices. Al que combatimos democráticamente desde la defensa del interés general, del desarrollo sostenible y, en definitiva, del bienestar colectivo de los hombres y mujeres de esta tierra.

Un Ejecutivo que el pasado verano ha dado muestras, una vez más, de su ineficacia y falta de liderazgo. Incapaz de afrontar con determinación distintos problemas, como la extensión de las microalgas y los numerosos vertidos incontrolados en nuestras costas de aguas residuales sin depurar y la crisis del buque Cheshire, que afectan al litoral de las Islas. Todo esto puede tener distintas consecuencias sobre el medioambiente, la salud y la industria turística.

Las fuerzas políticas de la oposición han obligado al Gobierno de Canarias a que se pronuncie en el Parlamento sobre estos asuntos, en los que se ha movido entre el irresponsable silencio inicial y las posteriores declaraciones, que solo han añadido confusión y han generado más inseguridad y una mayor desconfianza. En el que, lejos de realizar autocrítica por sus errores de comunicación, se empeñan en responsabilizar a la oposición, a los medios y a las redes sociales. Siendo incapaces de proponer soluciones para el futuro.

Desde Nueva Canarias continuaremos ejerciendo nuestro papel de oposición crítica con un Ejecutivo que, traspasada ya la mitad de la actual legislatura, vive de las rentas del buen momento macroeconómico y, especialmente, de las cifras del turismo. Pero que, en lo que son sus estrictas competencias, en lo que depende de su acción y decisiones, desde las territoriales y medioambientales a las vinculadas a la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda; naufraga claramente.

Sanidad y educación

Los nacionalistas de izquierda ejercemos en el Parlamento de Canarias una oposición rigurosa y crítica pero, al mismo tiempo, nítidamente constructiva. Como la que llevamos a cabo en materia económica, presupuestaria y fiscal con alternativas viables que posibiliten diversificar la economía y generar riqueza y empleo. Así como mejorar sustancialmente la actual y deficiente financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Así como su organización y gestión profesionalizada.

Lo seguiremos haciendo con un especial énfasis en el ámbito de las políticas sociales. Imprescindibles en una Canarias con el 24,30% de desempleo -según datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año-, con más de 106.000 parados sin prestaciones, con los salarios y las pensiones más bajas del conjunto del Estado y con elevados índices de pobreza.

Una comunidad que presenta, también, enormes carencias en materia de vivienda, pese a la importante demanda existente, la de esas miles de personas y familias con escasos recursos que no pueden acceder en modo alguno a una casa en el mercado libre. Asimismo, tiene un enorme retraso en el desarrollo de la ley de la dependencia, como confirman recientes informes que nos colocan, una vez más, a la cola de las comunidades autónomas en su aplicación.

Alquiler vacacional

El turismo continúa incrementando sus cifras. Circunstancia en la que colaboran algunos factores externos que contribuyen a que decidan trasladarse a Canarias y a otras zonas turísticas del Estado visitantes que, en otras circunstancias, elegirían países como Egipto y Turquía, lastrados por sus elevados niveles de inseguridad.

Pero Canarias debe cumplir con sus competencias y deberes en la materia. Impulsando decididamente la renovación de las ciudades turísticas. Facilitando la cualificación de la planta hotelera obsoleta. Diversificando su oferta. Mejorando la formación de sus trabajadores y trabajadoras. Abordando problemas como los relativos a la precariedad o a las penosas condiciones laborales de diferentes colectivos.

Actuando ante nuevos fenómenos como el crecimiento exponencial del alquiler vacacional, con consecuencias en el sector pero también en el conjunto del mercado de alquiler, como hemos visto en Cataluña y en Baleares, y cuyo impacto ya comienza a ser percibido también en nuestras islas más turísticas. Apostando, en definitiva, por un modelo de turismo sostenible.

Nuestra posición crítica no excluye la búsqueda de entendimientos. Lo hicimos con el Gobierno del PP en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, aumentando en casi 800 millones de euros las partidas para las administraciones públicas canarias, incrementando al 75% del descuento en los viajes interinsulares y eliminando en el Archipiélago el impuesto al sol. También apoyamos el crédito extraordinario presentado por el Gobierno canario al Parlamento, el pasado mes de julio, porque destinaba buena parte de esos recursos a los servicios públicos.

En los próximos meses se debatirán en la Cámara asuntos de gran relevancia como la nueva ley de servicios sociales y los presupuestos de la comunidad canaria para 2018. Como siempre, estamos abiertos a negociar estos y otros asuntos -como la imprescindible reforma del sistema electoral y los cambios en la ley de la radiotelevisión pública canaria- desde la óptica del interés general, pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas.