Paso crucial en la protección del Oasis

El Oasis de Maspalomas, integrado por las dunas, el palmeral y la charca, constituye uno de los símbolos naturales de Gran Canaria. En los años sesenta del S. XX se edificó, junto al palmeral, un hotel que fue creciendo en su edificabilidad; en la última ocasión, en los años setenta, apropiándose de más de 26.000 metros cuadrados de suelo público. Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) declaró ilegal esa ampliación pero su demolición fue declarada inejecutable por las consecuencias que tendría para el empleo.

En los últimos años se reabrió el debate sobre la adecuada preservación de la zona, tras el intento de RIU de demoler el actual hotel y construir uno nuevo de seis plantas, con 25 metros de altura y 370 metros de longitud, que contaba con la preceptiva licencia de demolición y de construcción de un mamotreto, concedida por el Ayuntamiento del PP de San Bartolomé de Tirajana. Una construcción de enormes volúmenes que ocultaría el palmeral (cuyas máximas alturas se sitúan en los 13 metros) y constituiría, por tanto, un enorme atentado visual y paisajístico.

El pasado 24 de julio, el Consejo de Patrimonio Histórico emitió un informe vinculante positivo al expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el oasis de Maspalomas, como había solicitado el Cabildo de Gran Canaria. Con el voto favorable de la instituciones culturales y educativas, entre ellas, las dos universidades canarias y la Academia Canaria de Bellas Artes, así como los dos colegios de Arquitectos de la comunidad canaria. Y el voto contrario de los integrantes vinculados a los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC y PSOE.

Esta posición contraria, junto a declaraciones de distintos responsables del Ejecutivo, al que le corresponde la última palabra en este tema, y que calificaban este asunto como “técnico”, hacían temer que se facilitara la realización de un disparate arquitectónico y un grave atentado medioambiental a Gran Canaria y Canarias.

En NC habíamos apoyado la decisión proteccionista del BIC, planteada por el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, dirigido por el PP; con el que también coincidimos en parte de la crítica a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, defendiendo el respeto a los modelos insulares y la posibilidad de crecer moderadamente en hoteles de cuatro estrellas en la isla. Como coincidimos con el Gobierno canario, de CC y PSOE, en el rechazo a la realización de prospecciones petrolíferas o en la negativa a la privatización de los aeropuertos canarios.

Aunque algunos se extrañen, no miramos el color político de quién toma la decisión ejerciendo su responsabilidad de gobierno, sino en si favorece o no a los intereses de la mayoría social. En consecuencia, actuamos, sin sectarismos ni partidismos.

Garantizar el futuro

Nuestro objetivo era y es que se imponga la primacía de los intereses generales, estableciendo las bases para garantizar el futuro de este rincón único de Gran Canaria; ofreciendo, asimismo, una oportunidad para que los empresarios implicados puedan consensuar sus intereses subordinados a las previsiones del plan de ordenación del oasis de Maspalomas que ahora se propone.

Por ello, valoramos la vía alternativa decidida por el Consejo de Gobierno para garantizar la máxima protección medioambiental del palmeral y preservar el uso público del oasis de Maspalomas, contemplando el desplazamiento de las edificaciones existentes hasta despejar el frente marítimo.

En el ejercicio de sus competencias, el Gobierno de Canarias, en su reunión del viernes 1 de agosto, ha decidido suspender el planeamiento urbanístico de San Bartolomé de Tirajana, en el ámbito del suelo urbano consolidado de la urbanización del Oasis de Maspalomas. Una decisión que implica la suspensión de la autorización a la cadena RIU para construir el nuevo hotel en ese lugar. Si demuele el actual podrá hacer otro nuevo, pero en otro lugar.

Sorprende que, a lo largo de todo el polémico proceso, de todo el intenso debate que se ha vivido en las instituciones y en los medios de comunicación, el Ejecutivo no haya presentado esta propuesta, tras ambiguas y peligrosas declaraciones sobre este asunto que hacían temer lo peor.

No hay ningún elemento nuevo que justifique ese cambio en la posición del Gobierno que, de repente, parece haber visto la luz. Las razones estriban, en mi opinión, en las consecuencias de la aprobación del BIC por el Consejo de Patrimonio Histórico, así como en la movilización ciudadana, ecologista, institucional y mediática. Que han ayudado, y mucho, a que al final el Ejecutivo haya tomado esta decisión proteccionista y asuma sus responsabilidades.

Llama la atención, por otra parte, que no haya habido comunicación previa por parte del Gobierno de Canarias a la institución a la que se le quita las competencias urbanísticas, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Desarrollo sostenible

Considero que, en esta ocasión, el Ejecutivo canario ha tomado, in extremis, una adecuada resolución a favor del medioambiente, de los intereses generales y del propio turismo, que debe moverse en parámetros de máxima calidad; y que, como recomienda la Unión Europea, debe ser un aliado del desarrollo sostenible y no un depredador del territorio.

En NC estaremos vigilantes para que, en la nueva propuesta de ordenación territorial, que el Ejecutivo aprobará antes del próximo 15 de octubre, y que propone despejar el frente marítimo con la demolición de varios de los hoteles existentes en la zona; se cumpla con todos los compromisos adquiridos. Para preservar la reserva natural y los palmerales, conformados por especies protegidas de la palmera canaria Phoenix Canariensis, promover su uso público y evitar instalaciones hoteleras incompatibles con el entorno de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.