La parálisis de Clavijo frente a la vivienda vacacional

Son muchos los canarios que sufren en carne propia la inacción del Gobierno Clavijo en minoría, una inacción que encierra el cálculo de quien es indiferente a la realidad cotidiana de la mayoría de canarios y canarias. Hoy, un Fernando Clavijo a ralentí, como ayer Paulino Rivero esprintando, insiste en el error con su pintoresca regulación del alquiler vacacional y su negativa a rectificar lo que a todas luces está mal. Este error posiblemente lo pague usted cada mes, lector o lectora, en el alquiler de su vivienda.

Los intereses de las empresas de alojamiento turístico convencionales se dirigen a limitar la nueva competencia, lo que es normal. En este caso, el ya conocido en todo el mundo como alojamiento vacacional. Lo que raya en el absurdo político es que el Gobierno canario -primero el de Rivero y ahora el de Clavijo- regulen por decreto que el alquiler ‘vacacional’, donde no puede estar es, precisamente, en el lugar de ‘vacaciones’.

La consecuencia de ese decreto es que la modalidad de alquiler vacacional continúa su implantación (como ocurre en todo el mundo) pero, en el caso de Canarias, se concentra en las zonas residenciales próximas a las turísticas, lo que sube el precio de los alquileres a quienes residen ahí y no son turistas. Los perjudicados son, precisamente, los trabajadores y trabajadoras de la hostelería y sus familias.

Este despropósito acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero el Gobierno Clavijo en minoría dice que no rectificará hasta que lo estudien bien (por cierto, no les bastaron los tres informes que encargaron a consultores externos y que hemos pagado entre todos también).

El PSOE defiende que el alquiler vacacional no es el problema porque ayuda a repartir la riqueza, más trascendente aún en esta sociedad canaria cada vez más desequilibrada en lo económico y con una de cada cuatro personas en edad laboral en paro.

La clave está en gobernar para el beneficio común de los ciudadanos y las empresas desde el sentido común y el conocimiento. Existen fórmulas más racionales para acomodar la expansión del alquiler vacacional en ciudades como Londres (permite que se alquile la vivienda propia con uso turístico, pero limita esto hasta 90 días como máximo), Ámsterdam (similar a Londres pero a 60 días) y París (poner más impuestos a las viviendas vacías para promover el alquiler de las mismas). Otras fórmulas sitúan en limitar la capacidad de carga al igual que ocurre con las camas turísticas o en elevar el nivel de exigencia de requisitos a las viviendas vacacional para “limitar” las posibles externalidades negativas del fenómeno, un fenómeno imparable que, en cualquier caso, puede y debe convivir en un destino turístico como son las Islas Canarias.

Sea cual sea la fórmula que se adopte, debe partir del consenso de todos los sectores implicados escuchar a las plataformas y asociaciones, no solo a una de las partes como ha hecho hasta la fecha Coalición Canaria, por ahora, un tiempo precioso que se ha perdido por el empeño de Clavijo de esperar a perder en los tribunales la defensa de un decreto que no gusta a nadie, ni al propio sentido común.

Además, el PSOE presentó en el último pleno una PNL para que el Gobierno de Canarias amplíe su parque de viviendas con la compra este año de mil casas. Es una acción viable y realizable a corto plazo que debe ejecutarse sin dilación este año para poner a disposición una vivienda digna a precios razonables a cientos de familias que aún sufren en sus carnes los desahucios y ahora una nueva subida de precios en la vivienda.

Precisamente, esta iniciativa que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias los socialistas ya la intentamos incluir en el Fdcan antes de la ruptura del pacto, pero CC, con la complicidad de PP, hizo imposible lo que el Parlamento acaba de conseguir: que esos fondos sirvan para garantizar el derecho a una vivienda (ese stock de la burbuja inmobiliaria) en lugar de perderlos en farolas y asfalto al gusto de cada cabildo y ayuntamiento.

Mientras CC no modifique su decreto, los trabajadores residentes seguirán pagando más por el alquiler de sus pisos, otro ejemplo de ausencia de previsión de los nacionalistas con consecuencias muy duras sobre los trabajadores que habitan en las áreas residenciales próximas a sus centros de trabajo.

Las decisiones estratégicas de un gobierno deben tener un marcado componente social. El Gobierno Clavijo en minoría debería tener en cuenta esta perspectiva y asumir que en la actual sociedad de salarios bajos, desigualdad en el reparto de la riqueza, familias de trabajadores activos rayando con la pobreza y subida continuada del precio y del alquiler de la vivienda, este decreto está complicando la vida de muchas personas. Presidente, haga caso al sentido común y a las propuestas del PSOE refrendadas por el Parlamento de Canarias.