Parar las prospecciones

Contrasta esta rapidez con la actuación respecto al otro Archipiélago. Dirigentes del PP de Baleares ?el senador de Formentera e Ibiza y el portavoz de Turismo del PP en el Congreso de los Diputados- han agradecido públicamente al ministro su compromiso de frenar las prospecciones en el Mediterráneo, a 40 kilómetros de Ibiza, que, según afirman, “pondrían en peligro el medioambiente marino, el turismo y la imagen de Baleares”. Postura que también ha explicitado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Como decía, hay que poner toda la información sobre la mesa antes de tomar una decisión. La ciudadanía tiene derecho a saber qué problemas pueden implicar esas prospecciones. No es cierto, como ha reiterado el ministro, que los riesgos no existan. Lo reconoce la propia REPSOL en un informe de 2004, en el que advierte de la posibilidad de fugas y vertidos. En el referido informe, REPSOL habla de que se pueden producir “impactos potenciales de la perforación de sondeos marinos”, entre los que se encuentran “vertidos de lodos de perforación” y “posibles derrames de combustible y aceites de las unidades de perforación y apoyo”; así como “posibles derrames de petróleo” y “escapes de gas durante las eventuales pruebas de producción”.

Riesgos

Riesgos en la fase de exploración e investigación, y riesgos, más tarde, si finalmente se llega a producir su explotación y almacenamiento, como hemos visto en los vertidos al mar, de millones de barriles de crudo, en Níger, el Golfo de México, el Mediterráneo o China. Que suponen un enorme desastre para el ecosistema y unos elevados costes económicos. Tampoco está asegurada ni la calidad ni la cantidad, asunto en el que el ministro parece saber más (“es bueno y abundante”, afirma) que la propia REPSOL. Tenemos, por cierto, un caso reciente en Mauritania, donde las expectativas previas generadas han quedado reducidas sustancialmente en pocos años de explotación.

Ni hay ningún dato, tampoco, que corrobore que Canarias saldría beneficiada de su explotación y que repercutiría notablemente en la riqueza y en el empleo de nuestra Comunidad. Se está utilizando la crisis y las altas tasas de desempleo para engañar a la ciudadanía con un cambio radical de modelo económico y un espectacular enriquecimiento, sin el menor sustento ni rigor.

Asimismo, cabe plantearse por qué no se opta por un modelo de titularidad pública y explotación privada, como sucede en la próspera Noruega.

Considero que el camino emprendido por el Gobierno de España y su ministro del ramo está siendo profundamente equivocado, dando la impresión de que trabajan más por el interés de negocio de una empresa privada que por los intereses generales de esta tierra y de su gente, de éstas y de las futuras generaciones de canarios.

Máxime cuando en este momento la Unión Europea pretende modificar la legislación para endurecer los controles a las prospecciones de recursos fósiles, debido a los accidentes que ha habido en los últimos años en sus aguas y en otras partes del mundo. ¿Se pretende que REPSOL se ahorre inversión y realice las mismas con menos garantías para el medio ambiente? ¿Quiénes serían los principales perjudicados de esa actitud?

Y es erróneo, asimismo, que en vez de optar por el diálogo y el respeto institucional, en una decisión de semejante calado se pretende ningunear la opinión de las autoridades canarias, de los Cabildos, Gobierno y Parlamento de Canarias.

Recurso

No hay que olvidar, además, que ha surgido un conflicto institucional sobre las competencias en autorizaciones para prospección y extracción de hidrocarburos entre el Gobierno de Canarias y el del Estado, hasta el punto de que hay un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite y no resuelto, que fue presentado por el Gobierno de CC y PP en 2008, es decir, cuando Soria formaba parte del Ejecutivo canario. Aunque en mi opinión, la competencia está hoy en manos estatales, y habría que reclamarla en el marco de la reforma estatutaria. Pero eso no es lo más relevante en estos momentos, sino lo mal que se ha llevado todo el procedimiento, con opacidad e imposición.

Nuestra preocupación por cómo se está planteando el asunto de las prospecciones, de forma muy desafortunada, generando confusión y malestar en buena parte de la opinión pública y de las instituciones de las Islas, ha llevado a Nueva Canarias a presentar una PNL en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados, así como una moción en el Cabildo Insular de Gran Canaria. En ellas planteamos que se inste al Gobierno de España a que paralice de forma inmediata esa posible autorización de prospecciones, hasta tanto no se resuelvan distintos asuntos muy relevantes.

Exigiendo, en primer lugar, que la ciudadanía de Canarias disponga de una información veraz y documentada sobre los riegos medoambientales que puede suponer, “teniendo en cuenta la cercanía de las costas canarias y que nuestra economía depende esencialmente del turismo. Igualmente, planteamos que deben darse a conocer esos presuntos beneficios, tanto para el Estado como para Canarias, y que se cuantifique su impacto en la economía y en el empleo en nuestro Archipiélago”. Por otra parte, demandamos que se aclare la estructura competencial en esta materia entre Canarias y el Estado; y, asimismo, que se alcance el consenso suficiente con las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Insistimos, por último, en algo muy relevante. Me refiero a la necesidad de que tanto España como la UE se dirijan al Gobierno de Marruecos, si se confirma que está realizando prospecciones, para exigir el cumplimientos de las exigencias medioambientales comunitarias en esta materia, las garantías máximas para evitar las repercusiones negativas en las costas canarias y de Marruecos, así como los mecanismos de seguimiento permanente, necesarios para garantizar la seguridad y el respeto al medioambiente, tanto marino como terrestre. No hay que olvidar que desde 2004, la Organización Marítima Internacional (OMI) considera a Canarias una Zona Marítima de Especial Protección, en atención a su importancia por motivos ecológicos.

Y, para todo eso, para defender los intereses de Canarias y de su ciudadanía, más que carreras y decisiones apresuradas, más que ultimatum e imposiciones, más que propaganda, hacen falta información, diálogo, mesura, rigor, transparencia y consenso. Justo de lo que ha carecido el Gobierno español en este proceso.

Román Rodríguez