PQ176

La política sirve, debe servir, para mejorar la vida de la gente. No solo se trata de tener adecuadas y justas propuestas en los más diversos ámbitos económicos y sociales, en la fiscalidad, en el empleo o en los servicios públicos, que respondan a las necesidades e intereses de la mayoría. También resulta determinante intentar impulsar esas propuestas y saber ponerlas en marcha. Lo que exige, en la mayoría de las ocasiones, el establecimiento de acuerdos entre distintas formaciones.

Asimismo, implica saber aprovechar las oportunidades que brindan las matemáticas parlamentarias y el valor de un voto que, en ocasiones, puede ser más significativo que el de un grupo con 30, 50 o más escaños.

En la legislatura estatal ya disuelta así ha ocurrido con el voto del diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo. En sus manos estaba el conocido mediáticamente como voto 176. Hay que recordar y precisar que el 175, de CC, formación aliada del PP, no era suficiente para desbloquear las cuentas públicas estatales de 2017 y de 2018. Sí sirvió, junto con la abstención de la mayoría de los integrantes del grupo Socialista, salvo 15 diputados y diputadas que votaron en contra (ninguno canario, por cierto), para la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016.

Pedro Quevedo pudo convertir su voto en un bloqueo permanente en las cuentas públicas del año 2017 y del 2018. Sin embargo, no fue así. Aprovechó el valor del voto 176 para establecer una negociación dura y rigurosa con el Ejecutivo estatal que sirviera para desbloquear asuntos trascendentales que afectaban a Canarias, como la reforma del Estatuto, los cambios en el sistema electoral y la aprobación del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) económico. Al margen de los significativos acuerdos presupuestarios, que comentaré más adelante.

Ninguno de estos asuntos se encontraba, en esos momentos, en la agenda de prioridades del Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy y, con toda seguridad, su solución se habría postergado aún más en el tiempo. Pero, de forma hábil, seria y responsable, Nueva Canarias expuso con nitidez en la mesa de negociación que, junto al debate presupuestario, era imprescindible abordar elementos esenciales de nuestro entramado institucional, que afectan a la democracia, al desarrollo económico y a los derechos ciudadanos.

Redacción inicial

Esto permitió que el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal, que ya se estaban tramitando y a paso de caracol (venían de la anterior legislatura y estuvieron estancados en 2015, 2016 y 2017), aceleraran su proceso y, además, sus respectivos textos experimentaran notables mejoras con relación a su redacción inicial en el período de enmiendas Ambos se encuentran en vigor desde el pasado mes de noviembre. Y que, pese a la permanente oposición de Coalición Canaria, saliera adelante el nuevo sistema electoral, que se aplicará ya en las elecciones del próximo 26 de mayo.

Introduciendo, además, en el Estatuto elementos tan relevantes como la renta básica de ciudadanía así como el fin de los aforamientos para los parlamentarios y la incorporación de un conjunto de derechos cívicos.También la obligatoriedad de llevar a cabo una consulta ciudadana en caso de futuras reformas estatutarias y compromisos, en el articulado del REF, en relación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Avances confirmados, asimismo, en los dos debates presupuestarios de la legislatura, los de 2017 y 2018. El de 2019 -en el que también había medidas interesantes en lo social y algunas que afectaban específicamente a Canarias- se frustró por el rechazo de las derechas estatales y canaria, así como de los independentistas catalanes, a las cuentas públicas, lo que aceleró el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril.

Pero, como señalaba, en 2017 y en 2018, el voto del diputado 176 permitió sacar adelante unas cuentas públicas que permitieron mejorar de forma notable la situación de Canarias. Con la separación de los recursos del REF de los de que corresponden a la financiación autonómica, lo que ha posibilitado que este año 2019 Canarias cuente con 600 millones de euros adicionales para sanidad, educación y dependencia. Superando el agravio que supuso la aprobación del modelo de financiación de 2009, que nos situó durante casi una década 600 millones de euros al año por debajo de la media de las comunidades de régimen común.

Transporte

También con el incremento de la subvención al transporte de pasajeros del 50% al 75%. Primero en los viajes aéreos y marítimos interinsulares, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, y después, ampliándolo a los de Canarias con el resto del Estado, en los PGE 2018. Así como con el cien por cien en el transporte de mercancías, beneficiando a nuestra industria y a nuestro sector primario.

Logrando, asimismo, que el Gobierno central abonara el cien por cien del Posei adicional, así como que se implementaran medidas de apoyo al agua de riego agrícola y al costo de los seguros agrarios. Junto a otras en I+D+i, energías renovables y apoyo al sector audiovisual. Sin olvidar la recuperación de los convenios de carreteras, empleo e infraestructuras educativas.

En muy pocas ocasiones ha sido tan rentable el trabajo y los resultados alcanzados por un solo diputado. Confirmando la importancia de que Canarias se encuentre bien representada por personas y grupos no supeditadas al poder de los grandes partidos que suelen diluir a sus integrantes sin que consigan influir en las decisiones políticas. Ni las globales ni las que atañen a sus circunscripciones de origen. Piensen, si no, en los nombres del resto de la representación de las circunscripciones canarias; y en los resultados que puedan aportar como balance el resto de diputados y diputadas de las Islas.

Nuestra historia confirma esa necesidad de una voz canaria propia y progresista. El voto útil canario, productivo y con capacidad de cambio. Solidario con el conjunto del Estado y, a la vez, firme y reivindicativo en la defensa de los derechos y medidas que ayudan a igualarnos a los ciudadanos y ciudadanas del territorio continental. Por eso, resulta imprescindible renovar esa presencia en las Cámaras, Congreso y Senado, para que Canarias no termine invisibilizada y sin capacidad de interlocución con el Gobierno central.