Preliminares presupuestarios

Tiempo de presupuestos. Casi todos, preparando las cuentas del próximo ejercicio que coincide, ya saben, con un año electoral. Preparativos, negociaciones, preacuerdos, cálculos, bases y demás a la espera de los trámites parlamentarios y corporativos que han de desembocar en las aprobaciones definitivas, si es que se producen.

Mientras tanto, el calendario presupuestario ya empieza a fluir con ciertas prisas. Hoy mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habrá de presentar en Bruselas un borrador anticipo de las previsiones de las cuentas públicas del Estado. Se supone que los contenidos responderán a la entente alcanzada días pasados entre el PSOE y Podemos y que ya han generado rechazos del Partido Popular y Ciudadanos. En Bruselas, puede que la primera lectura tampoco guste si se confirma que la reducción del déficit público será inferior al inicialmente comprometido y si el aumento del gasto supera las cantidades estimadas razonables. Hay que tener en cuenta que España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor desfase presupuestario (el 3,1 % el año pasado) y está sujeto a un procedimiento sancionador al acumular un déficit considerado excesivo.

A la espera de lo que digan las instancias comunitarias, lo que ha trascendido de los citados contenidos parece no satisfacer, ni mucho menos, a los partidos de la oposición ni a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ni al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno y quienes lo apoyen pueden estar relativamente tranquilos por esa vía que claramente indica que el ejecutivo puede disponer de un escenario con señas de identidad propias.

Tomemos como referencia la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que pasará a ser de novecientos euros mensuales (actualmente, setecientos treinta y cinco) en catorce pagas, un incremento del 22,35 %, el mayor de la historia en tasa interanual, medida que supone un impacto de trescientos cuarenta millones de euros y que afectará a más de quinientos treinta y tres mil trabajadores, el 3,5 % del total de afiliados a la Seguridad Social. Mucho y bien tendrá que argumentar el presidente del PP, Pablo Casado, para justificar su rotunda (¿y precipitada?) negativa inicial: “Haré todo lo posible para impedir que el SMI suba a novecientos euros”.

Claro que no estará solo Casado en su oposición. Para la CEOE, la medida cuestiona el diálogo social, entre otras cosas porque el aumento, en su opinión, menoscaba las subidas pactadas con los sindicatos para el resto de trabajadores. Recordemos que el anterior gobierno del Pattido Popular, la propia patronal y las centrales sindicales más representativas fijaron en su día un SMI de 773 euros para 2019 y de 850 para 2020, siempre que la afiliación creciera en cuatrocientos cincuenta mil cotizantes y la economía, un 2,5 %.

Y a la negativa se ha sumado también el todopoderoso Fondo Monetario Internacional (FMI) que recomienda al Gobierno español que sea cuidadoso con los incrementos salariales, pretextando -¡esos tecnócratas de las finanzas!- que nuestro país no ha reconstruido su espacio fiscal desde 2015.

En fin, que los preliminares presupuestarios están resultando muy interesantes. Veremos qué pedagogía política emplean y hasta dónde se movilizan para su defensa quienes ahora esgrimen con buenos fundamentos unas cuentas para financiar políticas sociales que afectan a trabajadores y desempleados, pensionistas y profesionales de distintos ramos. Porque los próximos pasos, con ese derechío crispado y desatado, pueden ser determinantes.