Un presente para un futuro

Sobre pobreza infantil se ha debatido poco en el Congreso, y cuando se ha hecho, como en el pleno del pasado día 29 de octubre, en una pregunta realizada por el socialista Pedro Sánchez al presidente del Gobierno, Rajoy optó por responder sobre lo que se tuvo que haber hecho en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE, pero no fue capaz de citar ni una iniciativa concreta sobre lo que está haciendo su Gobierno para erradicar el problema que más duele en España.

Y se ha debatido poco sobre el asunto que más tendría que preocupar al Gobierno por muchos motivos pero, entre otros, por la parálisis de muchas de las iniciativas que se acumulan y que nunca se debaten en los plenos y las comisiones. Esta diputada, por ejemplo, presentó una proposición no de ley el día 12 de junio de 2012, es decir, hace dos años y cinco meses, con todas las propuestas que planteaba UNICEF en el informe que presentó aquel año, pero no ha sido incluida hasta ahora en el orden del día de ningún pleno ni comisión.

Sí se aprobó, en cambio, una proposición no de ley el día 28 de junio de 2012, que firmamos sin mucho entusiasmo todos los grupos, con objetivos menos ambiciosos, sin compromisos económicos y que, además, se alejaban mucho de los retos que plantea un desafío tan grave y sangrante como el que representa luchar contra un problema que no se soluciona ni con vagas declaraciones de intenciones ni con promesas que no van unidas a consignaciones presupuestarias.

UPyD planteó esta semana que se aprobase un plan específico, con la suficiente dotación económica y que incluyese un Pacto de Estado. En una sola frase proponía tres medidas que nunca, ni una sola vez, han sido admitidas en esta legislatura. Y en esta ocasión volvió a repetirse el mismo guión. El Partido Popular ha huido siempre de la idea de articular planes específicos para combatir los distintos frentes abiertos como consecuencia de la crisis económica; ha sido aún más implacable con cualquier iniciativa que conllevase una dotación presupuestaria, y ha rechazado con más vehemencia si cabe cualquier pacto de estado.

Una de las consecuencias de la crisis que más preocupa es la de aquellos niños y niñas que apenas comen una vez al día, que han abandonado su escolarización y que, incluso, tienen serias dificultades para acceder a la sanidad. La crisis, como todos sabemos, golpea con mayor dureza a los más pequeños. Es decir, a aquellos niños y niñas cuyos padres o aquellas personas que les tutelan buscan desesperadamente las escasas salidas a su alcance para cubrir las necesidades más básicas de sus hijos. La hipoteca y las facturas ahogan la economía de aquellas familias que lo han perdido todo. Y cubrir las necesidades básicas alimenticias de sus hijos se ha convertido en un lujo para muchos.

Ningún niño ha sido responsable de la deuda ni conoce a qué nos enfrentamos por la crisis económica pero, según Unicef, “mucha deuda contraída a altos intereses repercutirá como parte de una ”hipoteca social“ que hace que cada niño que nace en este momento en España lo haga con una deuda pública de 15.570 euros”.

¿Qué puede hacer el Gobierno para mitigar el impacto de sus políticas sobre los niños? El Gobierno debe proteger de los recortes aquellas inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza. En primer lugar, porque la pobreza tiene en el caso de los niños algunas implicaciones muy especiales que no se dan en el caso de los adultos: los niños no tienen por sí mismos recursos con los que hacer frente a su situación; la pobreza puede tener en su caso implicaciones irreversibles de cara al futuro -en forma de mala alimentación, peor desarrollo educativo, problemas psico-afectivos, etc.-; y por último, porque esas mismas implicaciones se hacen extensibles a medio plazo al conjunto de la sociedad, afectando a las perspectivas económicas, productivas y sociales de todo el país.

Y, con carácter vinculante, se debe efectuar un informe de impacto sobre la infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, además de poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias.

Nuestro sistema de protección social tiene un déficit histórico de atención a la infancia que se manifiesta, entre otras cosas, en una inversión muy por debajo de la media europea. Y además, esa inversión que realizamos es mucho menos eficaz de lo que debería: es decir, no reduce la pobreza suficientemente.

No podemos esperar más, ni el Partido Popular se puede seguir amparando en excusas para no aceptar lo que proponen las organizaciones no gubernamentales: la firma de un Pacto por la Infancia. Ya se han firmado nueve pactos autonómicos desde 2010, el último de ellos en Canarias. Pero tampoco será suficiente con este pacto. Se necesitan medidas y recursos concretos.

Como decía un adolescente de Bangladesh de solo 16 años, “dadnos a nosotros, vuestros niños, un buen presente. Nosotros, por nuestra parte, les daremos un buen futuro”.