Presupuestos perversos que vulneran los derechos de las víctimas

La pasada semana, el actual Gobierno de Canarias presentaba sus presupuestos para el próximo año 2024. Causa pavor asistir al recorte significativo de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas a víctimas de violencia de género, especialmente en un momento en el que el propio ejecutivo anunciaba, el pasado 25 de octubre, un aumento de este tipo de violencia en nuestras islas. En concreto, las llamadas al 112 se incrementaron en un 40% con respecto al mismo período del año anterior. Hay que poner de manifiesto la enorme labor que se llevó a cabo por el equipo de gobierno en la pasada legislatura mediante campañas de sensibilización, espacios de aprendizaje y debates comunes (a través de jornadas y congresos) y una estrategia de comunicación externa diaria, todo ello con el fin de llegar a un mayor porcentaje de mujeres para que supieran de primera mano que #NoEstánSolas, que el Gobierno estaba ahí y podían confiar en los recursos puestos a su disposición y apoyarse en ellos. El aumento de llamadas, si bien es indicador de un aumento de casos de violencia de género, también implica una mayor confianza a la hora de utilizar los servicios públicos. Por tanto, la decisión de reducir 450.000 euros de los Fondos de Emergencia Social y 840.301euros del crédito destinado a las ayudas directas, según el artículo 27 de la Ley estatal de Violencia de Género, no es baladí. Muy por el contrario, es una prueba más que evidente de la importancia que el Gobierno liderado por Fernando Clavijo (CC) otorga a las víctimas de violencia de género. 

Es muy fácil tergiversar la justificación de unos presupuestos amparándose en motivos que, a priori, pueden resultar totalmente lícitos y loables. Sin duda, lo primero sí que lo es, pues parte de una decisión democrática, aunque no de una política pública que rinda justicia a dicha democracia, en la que las víctimas de violencias machistas deberían estar cada vez más protegidas, y no contar con cada vez con menos recursos. En cuanto a lo segundo, lejos queda esta decisión de ser un posicionamiento loable. Para quienes no conozcan estas dinámicas –porque entender los presupuestos de un Gobierno requiere de un conocimiento específico que no todo el mundo tiene por qué tener–, la partida de los Fondos de Emergencia Social se aumentó de 390.000 a 840.000 euros en la pasada legislatura. Dichos fondos van distribuidos, de acuerdo con unos porcentajes ya establecidos, a los distintos Cabildos Insulares, con quienes el Instituto Canario de Igualdad tiene firmados convenios plurianuales para la coordinación y gestión de los recursos públicos canarios para víctimas de violencia de género. Su misión (la de los fondos) es cubrir las ayudas que las víctimas que no han denunciado necesitan para su subsistencia en la vida cotidiana (alimentación, alquiler, etc.). Los cabildos se gastaban todo el dinero distribuido. Volver a los antiguos 390.000 euros implica una reducción drástica y preocupante del dinero del que las víctimas que no denuncian pueden disponer. 

Asimismo, recortar en poco más de 840.000 euros la partida destinada a las ayudas directas a víctimas que sí han denunciado implica vulnerar su derecho constituido por ley. En Canarias cerramos el año 2022 con un reparto de casi un millón de euros, de ahí que aumentáramos a un millón y medio dicho fondo de cara a 2023. En 2024, tan solo se contará con 700.000 euros. Además, para mayor sorpresa, justo esta partida supone un gasto que el Gobierno estatal reembolsa. Desde mi punto de vista y mi experiencia, es sumamente grave la decisión adoptada por Coalición Canaria y el Partido Popular. Estamos ante una medida que va en consonancia con la línea política que este último partido está ejecutando en distintas comunidades autónomas, en muchas de ellas de la mano de VOX. 

Por último, es importante resaltar que, a día de hoy, el Ejecutivo regional actual no ha llevado a cabo ninguna política nueva en materia de Igualdad. El trabajo con los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual que hay en la actualidad es, ni más ni menos, el mismo trabajo que dejamos hecho. Desde el ICI contratamos a una arquitecta con perspectiva de género que elaboró el estudio con todos los cabildos, y se consensuó que fueran cinco los centros. Además, redactamos los pliegos administrativos que quedaron en fase de fiscalización previa por la Intervención de la Comunidad Autónoma. Y en cuanto al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión General de Coordinación del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género, dicho reglamento fue aprobado en el último Consejo de Gobierno de la anterior legislatura, en el mismo Consejo en que se aprobó el gasto plurianual destinado a los convenios con los cabildos para los recursos público a víctimas de violencia de género de los próximos cuatro años. ¿Ya se firmaron? No, aún no. 

Quienes están en el poder han sido elegidos de manera democrática y han construido una alianza por ese mismo sistema que defiendo y defenderé siempre. Ahora bien, quienes hemos estado ahí sabemos de primera mano que no están mostrando todas las cartas en la exposición de sus motivos y que los presupuestos no son opiniones políticas, sino datos objetivos. La opinión política, la mía, es la que manifiesto en este artículo. Pero los datos no los aporto yo.

En los cuatro años que estuve como directora del Instituto Canario de Igualdad, desde la Consejería de Derechos Sociales luchamos por que el Pacto de las Flores aumentara el presupuesto del ICI cada año. Y así se hizo. “Buena política” no equivale a marear a la sociedad con justificaciones que juegan con la falta de conocimiento acerca del funcionamiento y diseño presupuestario de los distintos departamentos gubernamentales. No es suficiente con convocar actos para lamentar los casos de feminicidio y dar el discurso de turno. Se requiere coherencia con las políticas diseñadas y respeto a las víctimas. Los presupuestos son la cara visible de dicha coherencia y respeto. Tampoco hace falta dedicar esfuerzos en intentar ocultar el trabajo ajeno. Lo que marca la diferencia de unas buenas políticas públicas son los hechos objetivos y el trabajo propio. ¿Dónde están? No lo sé. Seguimos esperando. 

Aprovecho esta oportunidad para hacer una llamada al sentido común y la sensatez del actual equipo de Gobierno de Canarias y que corrija unas cuentas cuyo impacto puede ser especialmente nefasto para las víctimas de violencia de género. Confío en que doten este presupuesto recortado de los recursos necesarios en el actual período de enmiendas abierto en el Parlamento.