Hacia otra radiotelevisión pública

Un paso más, hace apenas diez días, en la reforma de RadioTelevisión Española (RTVE), impulsada en las Cortes por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado mes de julio y aprobada prácticamente por unanimidad después de que, a última hora, se sumara el Partido Popular (PP) que, por cierto, luego maniobró en el Senado probablemente para dilatar la materialización de los objetivos y favorecer sus propios intereses.

Se trata, en concreto, de renovar el consejo de administración de la corporación y de su presidente mediante un concurso público. Según el acuerdo alcanzado, cualquier ciudadano podrá optar a sus cargos previa presentación de su candidatura y de un proyecto ante una comisión de expertos que habrá de decidir sobre su valía. El siguiente paso consistiría en que los candidatos comparezcan ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de RTVE que procederá a la selección, en tanto que la votación final se mantendrá residenciada en los plenos de ambas cámaras legislativas. El consejo de administración, que tendrá nueve miembros y será paritario, requerirá el respaldo de dos tercios del Parlamento. El texto aprobado especifica que, en el caso de no aprobarse la normativa en el plazo señalado inicialmente de tres meses, se procederá a la elección del presidente y del consejo mediante el procedimiento reflamentario vigente. Los grupos políticos, por tanto, tendrán que seguir esmerándose para cumplir con lo aprobado.

Sobre el papel, la fórmula no solo aporta transparencia sino que propiciará un mayor pluralismo en los órganos de dirección de RTVE. Hasta el Partido Popular terminó aceptando las nuevas reglas, argumentando, eso sí, las que considera carencias y una cierta voluntad política de excluir a esta formación. Pero lo cierto es que terminó votando casi contra sí mismo, contra el empecinamiento de sus mismas posiciones: en 2012, ante la falta de un acuerdo para designar al presidente y a los consejeros de la entidad pública, el partido gubernamental que disponía entonces de mayoría absoluta, lo modificó de manera que, en la práctica, bastaba el respaldo de su grupo, en segunda votación, para la elección de estos cargos.

En síntesis, lo que se quiere es devolver la independencia a RTVE, recuperar la credibilidad y garantizar el pluralismo. La entente lograda en el Congreso es un paso más pero no el definitivo pues los grupos parlamentarios tendrán que velar por su cumplimiento mediante el establecimiento y desarrollo de las disposiciones que regulen, mediante criterios estrictamente profesionales, el nombramiento del nuevo consejo de administración de RTVE, incluido su presidente.

Por tanto, les queda tarea que llevar a cabo pues están obligados, a tenor del acuerdo alcanzado, a consensuar el nombre del nuevo presidente. Ese acuerdo, inicialmente pactado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, establece que el presidente deberá contar con el respaldo de dos tercios de los votos del Congreso. Está previsto incluso que, en caso de necesitar una segunda votación si el candidato propuesto no alcanza la mayoría cualificada, sea necesario un acuerdo que preserve el objetivo principal de devolver la independencia a la radiotelevisión pública y hacerla tan competitiva como creíble y nada sesgada.

A ver si antes de que finalice la presente legislatura, tan accidentada, se recogen los frutos de estos avances.