Rajoy, más de lo mismo

El PP no debe olvidar que ganó rotundamente el 20-N como consecuencia de la grave crisis económica y el enorme desempleo que azota España; y, también, por los errores cometidos por los socialistas en su gestión de la crisis, así como por el desnorte de su electorado ante decisiones que supusieron un bandazo espectacular respecto al programa y actuaciones iniciales del Ejecutivo, con la puesta en marcha de unas políticas impuestas frente a la crisis que ahora desarrolla de manera continuista el PP. Y la responsabilidad del PP es gobernar y tratar de sacarnos de la crisis.

No es de recibo que ahora los conservadores apelen, como atenuante, a un presunto desconocimiento de la situación real, por ejemplo respecto a la cuantía del déficit de las administraciones, máxime cuando se encuentran al frente de la mayoría de las comunidades autónomas y cuando la desviación que hará con toda probabilidad superar el 8% (dos puntos más de lo previsto) viene fundamentalmente de éstas; y cuando el propio PP había denunciado reiteradamente la desviación del déficit. Por cierto, una de las comunidades con datos más negativos es la 'rescatada' Comunidad valenciana.

Más paro

Conviene recordar que Rajoy se posicionó clara y rotundamente frente a las subidas de impuestos del Gobierno del PSOE. Las calificó como “puntilla a las familias”, asegurando que “subir los impuestos, significa más paro, más recesión y pagar las gracietas de Zapatero”. Respecto al incremento del IVA afirmó que se trataba de “un sablazo de Rodríguez Zapatero” y él y su partido indicaban que no se podía “pedir más sacrificios a los españoles”. Ahora, el PP toma decisiones que, sin duda, supondrán “más paro y más recesión”, así como un “sablazo” para asalariados y clases medias.

Desde hace muchos meses he venido señalando que el Gobierno que saliera de las urnas en noviembre se vería obligado a subir los impuestos de forma inevitable, por lo que entendía que, en vez de negarlo, debería haberse comprometido a hacerlo de forma selectiva y progresiva, para que aporten más los que más tienen, y no fundamentalmente los trabajadores y clases medias, como ha ocurrido.

Lo sustancial de ingresos, dos tercios del total, se va a hacer sobre las rentas del trabajo, sobre trabajadores y clases medias que soportamos mayoritariamente las arcas públicas; y el tercio restante sobre las rentas del capital. A ello se suma la subida del IBI.

La medida adoptada también afecta a los pensionistas, por lo que la subida del 1% en las pensiones prevista para el presente año es más efectista que real, quedando en buena parte reducida por la elevación del IRPF y la no actualización sobre el IPC, lo que hará perder poder adquisitivo. Por supuesto que el nuevo Gobierno, continuando la estela socialista, no se ha atrevido a aumentar la presión fiscal a las grandes fortunas o a los beneficios bancarios.

Me parece, asimismo, muy grave la enorme disminución de la inversión pública, que en tres años habrá pasado de 21.240 millones de euros de 2010 a apenas 5.000 en este 2012. Y, asimismo, el nuevo recorte en I+D+i, renunciando a una economía del conocimiento y a un desarrollo sostenible y con futuro; resucitando en la práctica el ¡que inventen ellos!, los de otros países, y confiando una vez más en el ladrillo. El presupuesto de ciencia y tecnología se reduce en 600 millones de euros, un 7% de bajada en relación a 2011, después de soportar relevantes reducciones en los dos ejercicios anteriores.

Inversión en Canarias

En lo que hace referencia a Canarias, que ya viene sufriendo un déficit en las inversiones estatales respecto a la media española en los últimos años, incumpliendo los distintos gobiernos centrales el artículo 96 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), que obliga a que las Islas estén en la media estatal de inversión, los recortes en marcha son especialmente preocupantes. Habrá que estar atentos al verdadero compromiso de Rajoy y Soria con Canarias, que solo sería auténtico si se nos coloca, de verdad, en la media de inversión de las comunidades autónomas.

El ministro Soria ya ha anunciado un descenso de la inversión pública en las Islas, aunque no concretó en que áreas y partidas. Considero un error que se reduzca la inversión pública porque es una medida que se ha demostrado que sólo genera más parálisis de la economía y más desempleo. Porque, como señalaba estos días Paul Krugman, “recortar el gasto público cuando la economía está deprimida deprime la economía todavía más; la austeridad debe esperar hasta que se haya puesto en marcha una fuerte recuperación”.

Siempre he apostado por el camino contrario: mantener la inversión pública para infraestructuras de interés general que mejoren la competitividad y generen empleo, porque es una manera de inyectar recursos en la economía, ante la imposibilidad de hacerlo por parte de las empresas privadas.

En definitiva, no está habiendo ninguna diferencia entre las políticas aplicadas frente a la crisis en la última etapa del Gobierno socialista y el Ejecutivo de Rajoy, al continuar este las que ya puso en marcha su antecesor en el cargo, marcadas por los mercados y la comisión europea. Unas medidas que sólo generan más paro y recesión, como se ha demostrado en los últimos años, y que se limitan a recortes y a subidas de impuestos, sin el más mínimo estímulo a la economía.

Además, lo hasta ahora anunciado es solo el principio. Los recortes alcanzarán como mínimo los 36.000 millones de euros. Las medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros suponen 15.000 millones, por lo que quedan otros 21.000 que se verán a partir de la ley de presupuestos del próximo marzo. Subida del IVA, reducciones salariales a funcionarios, práctica desaparición de la inversión pública y más recortes en servicios básicos y CCAA. Esta es la hoja de ruta. El consejo de ministros del jueves 5 ha sido una declaración de intenciones sobre la lucha contra el fraude fiscal, la vigilancia sobre lo sueldos de los directivos de la banca o la reducción de empresas públicas, pero se echan en falta políticas de estímulo para el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Román Rodríguez