Recorte de libertades

Al tiempo se está produciendo una auténtica contrarreforma en los derechos laborales y en los servicios públicos educativo y sanitario; cuyos últimos capítulos son el aumento de alumnos por aula y el consiguiente despido de decenas de miles de docentes, además de la brutal subida de tasas universitarias, en el caso de Educación, y la implantación del copago que reiteraron no iban a poner en marcha, en el de la Sanidad, rebajando además, el poder adquisitivo de los pensionistas, ya tocado por la subida del IRPF.

Nos encontramos ante un retroceso histórico que también tiene su reflejo en el ámbito de la Justicia. Y que afectará a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas frente a este trascendental servicio público, así como al ejercicio de las libertades públicas. A nadie debe sorprender que el ministro Gallardón sea, con diferencia, el que más retrocede en valoración ciudadana en las encuestas. En poco tiempo se ha destacado por ser autor de desafortunadas declaraciones, algunas en sede parlamentaria, que limitan el valor de las mujeres a su papel como madres y que suponen un discurso enormemente conservador y un cuestionamiento de sus derechos sexuales y reproductivos.

Entre ellas, las anunciadas modificaciones en la conocida como ley del aborto, que limitan la capacidad de decisión de las mujeres, vuelven al viejo sistema de supuestos, cuando el de plazos da muchas más garantías, abriendo la puerta al incremento de intervenciones clandestinas.

Poder Judicial

A ello se suma la pretendida modificación en el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, que hasta ahora compartían las Cortes Generales con las asociaciones profesionales, garantizando su pluralidad. Ahora, la composición de los órganos quedará exclusivamente en manos de las asociaciones, lo que supondrá mayor corporativismo y un perfil absolutamente conservador.

Y, también, su anuncio de implantar el copago para quienes recurran una sentencia en segunda instancia, lo que limita las posibilidades a las personas con menos recursos económicos. Así como la grave involución de recuperar la cadena perpetua ('prisión permanente revisable'), en el país europeo con más porcentaje de presos y con más dureza en las penas que se imponen. Cargándose el principio de rehabilitación que inspira nuestro sistema penal y asociándonos a los estados más conservadores. Aunque, finalmente, se han visto obligados a recular y aseguran que la limitarán a los delitos de terrorismo.

Pero, además, el Gobierno, en primer lugar a través de declaraciones de su ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que antes de que se acabe el periodo de sesiones de las Cortes, en el mes de junio, presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, en el que trabajan los ministerios de Interior y de Justicia.

Hay que recordar que la modificación más reciente del Código se produjo en 2010, año en que se introdujeron nuevas figuras delictivas: tráfico ilícito de órganos humanos, distintas formas de acoso (inmobiliario y laboral), delitos contra la propiedad intelectual, así como otros vinculados con la seguridad vial, la falsificación de documentos o la piratería.

La reforma está encaminada al endurecimiento del Capítulo II Título XXII ('De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia'), que regula los considerados delitos de orden público. Entre las novedades se encuentra la intención, posteriormente negada, de incluir la 'resistencia pacífica' dentro de los considerados como atentados a la autoridad. Aunque el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha indicado que el Ejecutivo pretende que “encadenarse” por los brazos durante una manifestación para impedir ser desalojado por la policía se considere un “atentado contra la autoridad”. Una auténtica barbaridad.

Tras el primer aviso del ministro del Interior, el titular de la cartera de Justicia, Gallardón, destacó en el Congreso que no era partidario de reformar leyes a golpe de titulares mediáticos, “pero tenemos que saber cuándo la realidad es tozuda y nos hace ver que determinadas conductas no tienen una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos”. Por lo que ha trascendido, se plantea considerar delito de integración en organización criminal el organizar a través de las redes sociales movilizaciones que deriven en actuaciones violentas.

Resistencia pasiva

Asimismo, se quiere que pase a ser considerado delito entrar o impedir el acceso a sedes de instituciones públicas. Igualmente, se pretende incrementar la pena a quienes desobedezcan a la autoridad en el transcurso de una movilización, pasando de la actual consideración como delito menor, que no supera los seis meses de cárcel, a ser penada entre uno y tres años. Y se pretende incluir en el Código, asimismo, la prisión provisional en caso de “atentado a la autoridad”. La última propuesta ha sido que partidos políticos y sindicatos respondan penalmente si algún afiliado realiza hechos violentos en una manifestación; responsabilidad penal que extendería a padres y tutores en el caso de los menores de edad.

Distintas fuentes jurídicas consideran que el actual articulado del Código Penal ofrece suficientes respuestas para castigar conductas delictivas que pudieran darse en una manifestación; y entienden que la pretensión del Ejecutivo es desviar la atención y criminalizar las protestas. Igualmente, apuntan a que es del todo inaceptable incluir la resistencia pasiva como un delito penal.

Mientras se articula todo ese endurecimiento del Código Penal que, con toda probabilidad, trata de generar un clima contrario a las movilizaciones contra sus medidas antisociales, el Gobierno del PP es muy blando con los delincuentes de cuello blanco. Tanto que, en vez de incrementar el control y castigar a quienes incumplen con el fisco, lo que ofrece es todo lo contrario: una generosa amnistía fiscal para los defraudadores; perdonando a los que no pagan impuestos e impiden que las administraciones cuenten con más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o infraestructuras, mientras se hace pagar más a los que menos tienen. Cuestión de valores.

Román Rodríguez