Reestructuración de la deuda

Una de las consecuencias de la actual crisis económica es el incremento exponencial del endeudamiento público y privado. En el caso del Estado español se ha pasado de 360.000 millones de euros de deuda pública antes del inicio de la crisis a superar el billón de euros, en un proceso marcado por el hundimiento de los ingresos y por los abusivos intereses bancarios. En 2008, la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB) era del 44%, en 2011 ya suponía más del 77% y ahora supera el 100%.

Resulta por ello determinante reflexionar críticamente sobre lo ocurrido y tomar decisiones sobre cómo afrontar la deuda de los estados. Una deuda que cuando supera el 60%del PIB supone un lastre para la recuperación económica, para la generación de empleo y para la mejora de la vida de la gente, en el caso que nos ocupa tras el enorme retroceso social de los últimos años que han originado las políticas de austeridad y recortes.

Entre otras alternativas en distintas ocasiones se ha planteado la mutualización de la deuda. Es decir, que esta sea asumida parcialmente y de forma retroactiva por las instituciones europeas a través de la emisión de eurobonos. Pero Alemania y otros países del Norte se han negado sistemáticamente a esta posibilidad de apoyo a los países del Sur.

Otra opción radica en una reestructuración ordenada y pactada mediante distintos mecanismos (aplazamiento de los pagos, reducción de los intereses, realización de quitas…) que permitan activar la economía y garantizar la prestación de los servicios públicos. En la historia hay numerosos ejemplos de quita de parte de la deuda a diversos estados, entre ellos el Acuerdo de Londres (1953) que condonó más del 50% de la deuda alemana, posibilitando su recuperación y crecimiento.

En el otro extremo se sitúan los que exigen la realización de una auditoría de la deuda y plantean no pagar la que se considere “ilegítima”. Algo de enorme complejidad y que podría llevar a que los gobiernos que tomaran semejante decisión se quedaran sin la posibilidad de recibir préstamos, se disparara la prima de riesgo, es decir, los intereses y, en última instancia, se vieran obligados a salir del euro.

Reestructuración CCAA

Recientemente el Gobierno español ha anunciado la condonación de los intereses de la deuda a las Comunidades Autónomas (CC AA), proponiendo de manera unilateral y parcial la reestructuración de sus deudas. Reconociendo así las dificultades objetivas de estas para afrontar el pago de la deuda y garantizar, al tiempo, el funcionamiento de los servicios públicos y el impulso a la economía.

En este caso favoreciendo a la comunidades que se han endeudado más, que han podido invertir en infraestructuras y en sanidad o educación, mientras Canarias ha hecho lo contrario, con graves consecuencias para su economía y para el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.

De haberse colocado en la media de las CC AA en endeudamiento (el 22% del PIB) nuestra comunidad podía haber dispuesto de 2.800 millones de euros hasta 2012; cantidad que hubiese posibilitado avanzar los planes de carreteras, culminar las infraestructuras hospitalarias pendientes y paliar el deterioro de los servicios públicos.

A ello se suma el grave error político cometido al empeñarse el Gobierno de CC y PSOE en ser los supercampeones del cumplimiento del déficit. Lo que ha llevado a que, en los ejercicios presupuestarios de 2012 y 2013, se dejaran de emplear 240 millones de euros de gasto autorizado, cantidad que hubiese permitido afrontar un plan contra las listas de espera, desarrollar un auténtico plan contra la pobreza u otras medidas de impacto a favor de la economía, el empleo y los servicios públicos. En el ejercicio de 2014 es altamente probable que haya sucedido lo mismo.

Servicios públicos

Desde Nueva Canarias hemos exigido que la cantidad liberada de los intereses de la deuda, 113 millones de euros, según el consejero de Economía de Canarias, y 178 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda; se inviertan en infraestructuras y en servicios públicos básicos. Por eso solicitamos al Ejecutivo canario que promueva, de manera inmediata, la modificación presupuestaria de las cuentas públicas para 2015. Para destinar esos recursos adicionales a gastos sociales e inversiones.

No se enmendará con ello las consecuencias de la pésima política económica y presupuestaria realizada estos años por el Gobierno de CC y PSOE, continuista con la del anterior de Rivero y Soria; y que ha copiado milimétricamente el modelo de recortes del Ejecutivo central del PP y sus efectos: el negativo impacto en la economía, en el empleo y en los servicios públicos.

Los que a lo largo de la legislatura se han jactado de celebrar el ‘éxito’ de ser la comunidad menos endeudada y la más cumplidora del déficit deberían pedir perdón a Canarias por sus nefastas políticas presupuestarias y económicas. Su éxito se ha sustentado en decisiones que han supuesto un mayor retroceso de la economía de las Islas y en un empobrecimiento de una parte significativa de la población, mientras en otras comunidades trataban de paliar el impacto de la crisis. En Canarias, PSOE y CC prefirieron cumplir con las reglas del déficit antes que con sus ciudadanos y ciudadanas.