¡Reforma electoral canaria ya!

Al comienzo de la IX Legislatura autonómica se reabre nuevamente el debate sobre el sistema electoral canario. Lo hace tras unas elecciones en las que nuevamente una formación con amplio apoyo en las urnas, en este caso Ciudadanos, se queda fuera del Parlamento pese a obtener 54.375 votos (5,84%), situación similar a la que Nueva Canarias (NC) padeció en los comicios de 2007 (50.749; 5,39%).

La barrera electoral del 6% archipielágico impidió que Ciudadanos entrara en el reparto de escaños tras los recientes comicios del 24M. Mientras, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con 5.090 papeletas, obtenía tres escaños por la isla de La Gomera. La Agrupación Herreña de Independientes (AHI)-Coalición Canaria (CC), con 2.521 sufragios, lograba dos actas de diputado. A Nueva Canarias y a Podemos cada escaño les costó unos 19.000 votos, a CC, poco más de 9.000.

Las elevadas barreras de acceso y la desproporcionalidad del reparto de escaños entre territorios o, lo que es lo mismo, el muy distinto valor del voto de los ciudadanos y ciudadanas, en perjuicio de las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria; constituyen elementos esenciales del injusto sistema electoral de la comunidad canaria.

Podía tener justificación en la creación de la comunidad canaria la búsqueda de mecanismos institucionales que rompieran con la continua marginación de las islas no capitalinas. Además, Canarias no contaba con ninguna experiencia histórica de gobierno suprainsular. Se establecieron entonces dos barreras, una insular del 20% y otra, archipielágica del 3%. Barreras que, por razones de índole político, se elevaron al 30% y al 6% en la reforma estatutaria de 1996.

Ha habido distintos intentos de cambiar esta situación. En la legislatura 1999-2003 se creó en el Parlamento una comisión de estudio que fracasó por la ambición de resolverlo todo, lo que produjo el efecto contrario: un permanente bloqueo y la imposibilidad de buscar puntos de consenso. En 2007, como diputado de Nueva Canarias presenté, en el Congreso, una propuesta de bajada de barreras aprovechando la tramitación de la reforma del Estatuto.

Posteriormente, en 2009 se admitió a trámite pero finalmente se quedó en la gaveta, una propuesta de reducción de las barreras de acceso formulada por el PSOE en el Parlamento canario. En la legislatura 2011-2015, Nueva Canarias formuló una proposición de ley en la misma línea, que no pudo siquiera debatirse en la Cámara canaria por la negativa de CC y del PSOE a que fuera admitida a trámite, pese a que era idéntica a la que los socialistas habían defendido pocos años antes, cuando no formaban parte del Ejecutivo.

Además, el intento de blindar el actual e injusto sistema electoral de nuestro Archipiélago se encuentra detrás de la insólita y errónea retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía de las Cortes Generales por parte del Gobierno canario de CC-PP en 2007.

Prefirieron que Canarias no actualizara su Estatuto y frustraron la ampliación de sus competencias -en un momento especialmente favorable por la voluntad descentralizadora del Gobierno estatal de Rodríguez Zapatero-, poniendo por delante el mantenimiento de un sistema electoral a todas luces desproporcionado e injusto.

CC y PSOE, que pudieron contribuir, al menos con la bajada de las barreras, a avanzar hacia un sistema más justo aplicable en los comicios autonómicos recién celebrados, se cerraron en banda en la VIII Legislatura. Y trasladaron los cambios (sin tocar la proporcionalidad territorial) al reformado Estatuto de Autonomía, aprobado en el Parlamento canario sólo con sus votos (36) y de más que incierto periplo por las Cortes Generales. Y dejando las barreras en el 15% y el 5%.

Además, resulta paradójico que la reforma del Estatuto pueda llevarse a cabo con mayoría simple de la Cámara, como sucedió recientemente (la apoyaron, como decía, 36 de los 60 diputados que la integran) y, sin embargo, modificar la norma electoral exige dos tercios (al menos 40 diputados).

Calidad democrática

Creo que es hora de debatir sin prejuicios en torno a un sistema que rebaja la calidad democrática de la comunidad canaria. Sé que hay muchas salidas, distintas formulaciones, diferentes bajadas de topes, inclusión o no de listas archipielágicas junto a las insulares, ampliación o no del actual número de escaños del Parlamento… pero creo que debemos hacer el esfuerzo para buscar un nuevo marco que respete más que el actual lo que los ciudadanos y ciudadanas expresan en las urnas.

Por eso, desde NC hemos venido apoyando iniciativas como las impulsadas por Demócratas para el Cambio. Firmamos, junto a otras fuerzas políticas y colectivos sociales el Pacto por la Democracia, en el que no quisieron estar CC, PP, PSOE y Podemos. Una propuesta de mínimos que plantea una ley del Parlamento que baje las barreras al 3% de la circunscripción (la isla) y aumente, a coste cero, cuatro escaños a cada una de las islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria. Y apoyamos movilizaciones como las convocadas para el próximo 19 de junio.

Dentro y fuera del Parlamento, seguiremos defendiendo una profunda modificación del sistema electoral canario que posibilite el acceso de formaciones políticas con suficiente apoyo social; y, asimismo, que equilibre la actualmente sesgada representación de los territorios para que los ciudadanos y las ciudadanas estén mejor representados en la Cámara canaria.