Reinversión del superávit municipal

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado publica el Real Decreto-Ley que faculta a los gobiernos municipales la posibilidad de destinar sus superávit a un conjunto de inversiones financieramente sostenibles, entre las que figuran las líneas de actuación demandadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materias como infraestructuras sociales, equipamientos culturales, protección civil, educación e instalaciones deportivas, entre otras.

Es lo que conceptualmente se conoce como 'reinversión del superávit de los ayuntamientos“, iniciativa en la que, efectivamente, la FEMP volcó muchos afanes después de haber probado que las corporaciones locales, en general, habían cumplido con las exigencias planteadas por el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para su equilibrio financiero y su saneamiento contable. La norma recoge la posibilidad de ejecutar la inversión en los años 2018 y 2019. El importe total del superávit se eleva a unos cinco mil millones de euros.

Según confirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las corporaciones locales saneadas también podrán destinar el superávit a adquisición de mobiliario y enseres de los servicios públicos que puedan recibir estas inversiones, así como a los vehículos para prestación de varios de estos servicios. Además, se flexibiliza la autorización administrativa previa referida a que los ayuntamientos deben solicitar a Hacienda para determinados proyectos de inversión de algunos grupos de programas, al incrementarse de diez a quince millones de euros el importe a partir del cual será requerida la citada autorización. Al hacerlo así, se facilita que las corporaciones tengan tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación y que puedan hacerlo hasta 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales, tal y como se acordó entre Hacienda y la FEMP.

Sin embargo, la medida no satisface del todo al PSOE cuya responsable federal de Política Municipal, Susana Sumelzo, ha dicho que el Gobierno ha tenido que hacer de la necesidad, virtud, ante las dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Duda Sumelzo de la flexibilidad apuntada “pues las reglas del juego impuestas por Hacienda siguen siendo las mismas, y por tanto, sucederá lo que en años anteriores, donde la reinversión apenas ha rondado el 20 %”. El escepticismo socialista se eleva a que “las medidas del decreto son escasas y no cumplen con las expectativas generadas”.

La contraposición de ideas se pone de manifiesto cuando, por un lado, el ministro Montoro interpreta que, con estas medidas, las instituciones locales podrán servir “mejor y más eficazmente a los fines que les son propios”, tras el diálogo y el pacto alcanzado con la FEMP entre formaciones políticas de muy diferentes ideologías; mientras que, por otro, Susana Sumelzo entiende que los ayuntamiento españoles seguirán teniendo difícil “hacer política para las personas”, por lo que los socialistas -anuncia- continuarán reivindicando la autonomía local que “no puede materializarse sin competencias ni recursos suficientes para llevar a cabo los programas, las medidas y los servicios públicos que se necesitan para defender el Estado del bienestar”.

Conclusiones provisionales a la espera de la aplicación del Real Decreto-Ley: en un año preelectoral, con mayor o menor flexibilidad, los gobernantes apurarán los recursos para lucir y justificar actuaciones, proclives pues al despilfarro; en tanto que los problemas de fondo seguirán latentes y la financiación de las entidades locales estará revestida de las dificultades ya conocidas y el Estado del bienestar proseguirá menguando.