La representación proporcional, restringida

Un golpe a la línea de flotación de la representación proporcional, principio esencial de la democracia: esa podría ser la mejor definición de la iniciativa de la presidenta de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal, referida a la reforma de su estatuto de Autonomía, aprobada en las Cortes con los únicos votos favorables del Partido Popular (PP), otro claro ejemplo de abuso de una mayoría parlamentaria.

Recordemos que en el principio fue el aumento. Y se pasó de 49 a 53 diputados en las Cortes de aquella comunidad. En la “reflexión” posterior, preñada de austeridad, fue la reducción. Mejor dicho: el hachazo. Porque de 53 se pasaba a 25. Y además, sin retribuciones fijas para aquéllos. No hay precedentes en la historia de treinta y cinco años de democracia y del Estado de las autonomías.

Este es, en resumen, el alcance de la reforma de la Ley Electoral aprobada con intenciones muy claras: mermar la calidad democrática, disminuir la representación de la voluntad popular, irrespetar criterios de proporcionalidad, básicos en democracia. Si en ese marco logra disminuir las opciones electorales de los adversarios políticos, ya está la cuadratura del círculo: permanecer en el poder.

Después, será crítica la señora Cospedal con los mandatarios sudamericanos empeñados en reformar la Constitución de sus respectivos países para perpetuarse. Denostará, incluso, los procedimientos, más o menos plebiscitarios. Eso sí: no reparará en que ha huido de todo posible consenso que para reformas de esta naturaleza resulta indispensable en la sociedad del siglo XXI, a la que están haciendo retroceder, por cierto, como nunca pudo imaginar.

Es natural que los deseos personales de la presidenta castellano-manchega y el respaldo político prestado por su partido despierten críticas y rechazo. No se extrañarán, en ese sentido. Quienes buscan menguar el pluralismo político en tiempos en que predomina la desafección, no pueden esperar apoyos ni simpatías. Quienes ponen trabas a la participación política, demuestran que la Constitución les merece muy escaso respeto. ¿Cómo impulsarla, cómo administrar los recursos públicos desde la variedad de ópticas y cómo transparentar la gestión de los mismos en esas condiciones?

No bastan criterios economicistas o de presunta y recurrente austeridad. La democracia merece todos los esfuerzos que sean necesarios, especialmente en tiempos en que hay que incentivar para no dar pie a situaciones indeseadas. Los ciudadanos quieren más democracia y quieren que la política ofrezca soluciones. Pero no precisamente las que signifiquen recortes de su representación.

Por ejemplo: Castilla-La Mancha tiene más de dos millones de habitantes y cinco provincias. Su presupuesto está cercano a los ocho mil millones de euros. Este afán reduccionista significará, por ejemplo, menos diputados que concejales en el Ayuntamiento de Albacete, actualmente veintisiete, para controlar ese volumen presupuestario. No parece consecuente. O que la representación final aprobada sea inferior a La Rioja, una comunidad uniprovincial que tiene cinco veces menos población que la presidida por María Dolores de Cospedal.

La aplicación de esta reforma estatutaria y electoral equivale, en la práctica, a dejar sin representación política en el Parlamento de Castilla-La Mancha a casi trescientos mil votantes. Cuando tantos llamamientos se hacen a la participación y a la motivación, regulaciones tan restrictivas invitan justamente a lo contrario. Será que eso, precisamente, es lo que están pretendiendo.

Y tampoco es cuestión de maniatar o propiciar la exclusión de quienes no tengan responsabilidades públicas de gestión, es decir, de quienes queden en la oposición. Si lo que intentan, con reformas así, es aburrirles, marginarles o limitar su dedicación a los menesteres políticos, flaco favor hace a la democracia. ¡Quién vería a la señora Cospedal y a los suyos si estuvieran afectados por medidas similares procedentes de gobernantes de signo político progresista! De lo menos que hablarían es de golpe de Estado institucional.

En definitiva, nada bueno jugar con los fundamentos esenciales de la democracia, sobre todo, cuando se restringe la propia capacidad representativa de un cuerpo social al que se castiga con maniobras restrictivas y manipulaciones flagrantes. En Castilla-La Mancha, sin peticiones ni demandas sociales y sin consenso político, siguen palpando, desde luego, la involución.