RTVE, otro sindiós

Parecía fácil sobre el papel escrito, una declaración de voluntad convergente en la necesidad de de renovar la radiotelevisión pública (RTVE) hasta caracterizarla por su independencia, su pluralismo, su credibilidad, su competitividad y su acento de servicio público; pero se ve que no hay manera, que sigue siendo un objeto oscuro del deseo político. Se ve que una cosa es predicar y otra, dar trigo. Ni los viernes de negro, o de luto, una manera de expresar la disconformidad y demandar una solución han servido: con razón, los trabajadores decían que no se ha entendido nada.

Situada, sin exageración, en un trance histórico, después de un período en el que solo el anterior gobierno parecía conforme en cómo se estaban haciendo las cosas, y en el que algunos datos de audiencia apuntan favorablemente, desde la semana pasada venimos asistiendo a un auténtico espectáculo de dimes, diretes y negociaciones de muy distinto pelaje para determinar la suerte del modelo de la radiotelevisión pública. O sea, cómo no se deben hacer las cosas, mucho menos después de haber revelado cómo conducirse con el proceso cuyo rumbo, sencillamente, se torció hasta convertirse de nuevo en un sindiós.

Sonaba a componenda, a mareos de perdiz política, a manga por hombro, cuando se trataba de afrontar el camino de elección del presidente de RTVE. Hicieron mal PSOE y Unidos Podemos: no se sostienen ni las formas ni el fondo. ¿Qué es eso de no tener en cuenta al resto de las formaciones políticas con representación parlamentaria con las que es obligado alcanzar un acuerdo que esté los suficientemente respaldado? ¿Qué es eso de empezar a filtrar nombres y casi dando por hecho en una cadena privada que uno de ellos es el que va a asumir la responsabilidad principal? ¿Qué es eso de supeditar a los intereses políticos el fin máximo de servicio público con el que debe afrontarse cualquier proceso de renovación de la radiotelevisión de todos? ¿Qué es eso de no contar con los trabajadores y profesionales de la casa?

Muchas interrogantes, sí. Y para quienes hemos criticado abiertamente ciertos métodos que, a la larga, solo sustanciaron sesgos informativos e indicadores de mala gestión de los recursos públicos y hemos demandado soluciones consensuadas, ahora no podemos menos que, por encima de estridencias de los partidos del centroderecha, expresar sin reservas que el camino seguido en las últimas fechas no es el adecuado. Hace mal el Gobierno en dejarse envolver por abogacías preferidas, sin que ello signifique cuestionar la capacidad de los nombres puestos en circulación para presidir la corporación. Eso sí: los profesionales prefieren una persona con experiencia y si es de la casa, mejor. Y aunque tenga algo de interinidad, a la espera de que sea convocado el concurso público, la designación en una entidad estatal debe hacerse con la máxima transparencia y no someterla al viejo sistema de las filtraciones que tanto daño termina haciendo.

Estamos hablando de una empresa pública de casi seis mil quinientos trabajadores y un presupuesto superior a los mil millones de euros, además del crónico problema de una estructura financiera. Una empresa que se quiere despolitizar para garantizar su democratización y su nivel competitivo. Ello aconseja esmerarse, con luz, taquígrafos y consultas múltiples, hasta encontrar a los responsables con los perfiles adecuados. Siempre habrá algún descontento pero obrando de aquella manera nadie podrá escudarse en la opacidad y en el favoritismo político que solo reeditarían episodios del pasado y alejarían las soluciones deseadas. Solo servirían para prolongar el sindiós.