Sanidad: recortes y mala gestión

En la macroencuesta del Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas, dada a conocer a finales del pasado mes de noviembre, se recogían también otros asuntos de interés social, económico y político. Entre ellos, la parte del estudio dedicada a tratar de conocer cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Y en lugar destacado, y con un elevado porcentaje, aparecía la sanidad.

En efecto, en una pregunta con respuestas múltiples, tras el desempleo (90,6%) se situaba la sanidad, con el 64,2%, veintiún puntos por delante de la educación (43,25%). Con algunas diferencias entre los territorios, encabezando los encuestados de las islas de Tenerife (66,3%) y Gran Canaria (64,2%) la lista de mayor inquietud ante la evolución del sistema sanitario.

Esa negativa percepción sobre la calidad de la asistencia sanitaria se ha acrecentado en los últimos tiempos. Son cada vez más frecuentes las críticas de usuarios y profesionales que denuncian los retrasos a la hora de llevar a cabo una prueba diagnóstica, el colapso de las urgencias o la introducción de copagos.

Considero que no son, en modo alguno, críticas gratuitas. Pese al voluntarismo, cualificación y entrega de los profesionales, las políticas de recortes han deteriorado a la sanidad pública, uno de los grandes logros del período democrático, que ha posibilitado contar con uno de los sistemas más avanzados, de mayor equidad y con mejores prestaciones del mundo.

Menos recursos

Los recortes han dañado a la sanidad al disminuir significativamente sus recursos económicos, su personal y sus instalaciones y equipamientos. La no revisión de la actual e injusta financiación económica de Canarias y los ajustes impuestos por las leyes estatales han tenido muy graves consecuencias.

Al detraer del sistema un número importante de profesionales, no renovando los contratos de miles de eventuales y dejando sin cubrir la mayoría de las vacantes por jubilación.

Recargando, en consecuencia, la actividad de los profesionales que trabajan en centros de salud y hospitales.

La descapitalización y el deterioro del servicio sanitario público busca, asimismo, justificar y abrir cauces hacia su privatización, convirtiendo en puro negocio lo que debe ser un derecho y rompiendo con un modelo basado en la equidad y la universalidad, así como trasladando a los pacientes sus posibilidades de acceso a determinadas prestaciones en función de sus ingresos.

Es cierto que la responsabilidad mayor en esa descapitalización de la sanidad se encuentra en el Gobierno del Estado, que ha liderado esos recortes presupuestarios de la etapa reciente. Los significativos recortes en los grandes servicios públicos han dañado a la educación, a la dependencia y a la sanidad. En este último caso, incrementando las listas de espera y dificultando la esencial tarea que llevan a cabo médicos y enfermeras, así como estableciendo copagos.

Responsabilidad compartida

Pero el Ejecutivo canario tiene también su importante cuota de responsabilidad en lo que hoy ocurre. En primer lugar, por plegarse a esas políticas de recorte que tanto han perjudicado al buen funcionamiento del conjunto de los servicios públicos. También, por los graves déficit de gestión que tanto han contribuido al malestar de los profesionales y a las reiteradas quejas de los usuarios y de sus asociaciones.

A la incorrecta, injusta e irresponsable disminución de los recursos económicos destinados a la sanidad se une en nuestra comunidad una escasa organización y unos bajos niveles de planificación.

Al deterioro de las urgencias, de las actividades quirúrgicas y de las consultas contribuye el grave hecho de que Canarias no cuente con un Plan de Salud adaptado a los nuevos tiempos. Tenía que haber sido aprobado hace más de siete años.

Un plan que debe equiparar e integrar la atención primaria y especializada, así como establecer la más eficiente coordinación entre las consejerías de Servicios Sociales y la de Sanidad ante el progresivo envejecimiento de la población de las Islas. Y que aproveche también las nuevas tecnologías para acercar a los pacientes y a sus familias al sistema sanitario, haciéndolo más participativo, más eficiente y más sostenible.

Se precisa contar con ese Plan de Salud para poder reorientar los recursos económicos, siempre limitados, hacia las necesidades prioritarias. Así como disponer de un plan de infraestructuras que garantice su mantenimiento y mejora. Y con una adecuada y eficiente organización de las urgencias, mejorando asimismo la prevención y la educación sanitaria del conjunto de la población.

Nada de esto ha estado entre las prioridades del Gobierno de Canarias en esta legislatura que finaliza. Y las consecuencias las padecen en modo creciente nuestros profesionales sanitarios y los usuarios del sistema.