Sector audiovisual, REF y valor de la política

Tras más de un año de intensas discusiones con el Ministerio de Hacienda, tras varias iniciativas parlamentarias en Canarias y en las Cortes, tras distintos pronunciamientos de la sociedad canaria, del sector audiovisual y de sus instituciones, hemos logrado el compromiso político para restaurar de forma inequívoca el diferencial fiscal del 80% en el sector audiovisual con el resto del Estado, contemplado en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), tras más de un año en el que hemos estado con un diferencial inferior al de las otras nacionalidades y regiones.

El sector audiovisual contribuye a la diversificación de la economía canaria, generando empleo cualificado. Canarias cuenta con un tejido empresarial audiovisual para el cual es clave el diferencial fiscal con el resto del Estado, tanto para producciones locales como para prestar asistencia a la foráneas, sin olvidar un factor previo incluso más relevante: el papel de la Televisión Canaria como cabeza tractora de esa creciente industria. En sus dos décadas de existencia, TVC ha fomentado una industria audiovisual canaria que, sin ese respaldo, estaría mucho menos consolidado. Conscientes de esa realidad incuestionable, en la actual legislatura se ha multiplicado esa apuesta hasta el punto de que nunca antes se había trabajado con tantas productoras locales (directamente 28 en 2020, el doble que en 2019), unas empresas que sostienen 1.515 empleos directos y 168 indirectos. Una realidad que supone que el presupuesto de TVC se reinyecta prácticamente en su totalidad en empresas canarias, al optarse de modo casi absoluto por una programación generada en las Islas, en vez de productos de fuera.

Cuando llegó la pandemia, el confinamiento y el cierre de los espacios aéreos, y ante la caída total de la actividad de rodajes internacionales que ya empezaban a representar una apreciable actividad económica, el ente público RTVC decidió incrementar la producción propia, de cercanía y actualidad, esfuerzo que se mantiene en la actualidad, con notables incrementos en la audiencia y en la apreciación social de nuestros medios públicos. Así se ha logrado mantener gran parte del empleo existente en el sector audiovisual con anterioridad a la pandemia. Al sustituir una película estadounidense por una producción hecha en las islas, conseguimos que el dinero que eso cuesta se quede aquí.

Diferencial fiscal vulnerado

La relevancia mediática y política que ha tenido el conflicto sobre la fiscalidad del audiovisual tiene que ver con la importancia del sector, con su creciente peso en nuestra economía y su enorme futuro. El conflicto tiene su origen en mayo de 2020, cuando en las modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades se dejó el límite de las deducciones para Canarias en 5,4 millones de euros mientras se incrementó de 3 a 10 millones para el resto del Estado, de manera que durante trece meses no sólo se vulneró el diferencial fiscal favorable a Canarias, sino que este ha sido negativo para las Islas.

Fue el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, el primero en denunciar este quebrantamiento del REF. Y, también, el primero en tomar iniciativas en el Congreso, en junio de 2020, a través de una enmienda al proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la Covid 19. Y, posteriormente, en febrero de este año 2021, mediante otra enmienda a la Ley de Medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria, para hacer valer el diferencial fiscal contenido en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF.

En lugar de corregir adecuadamente esa vulneración, el Gobierno español optó, tarde y mal, saltándose los procedimientos, por una solución de parcheo y absolutamente insatisfactoria para los intereses de Canarias. Primero, a través del proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ya aprobado por el Congreso de los Diputados, en el que se incrementa de 5,4 a 12,4 millones el tope de deducción en las Islas; pero esto solo supone un 24% sobre el estatal, cuando el REF indica que debe ser del 80%, por lo que la cantidad debería alcanzar los 18 millones. Y posteriormente, reiterando el mismo contenido, mediante el Real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía.

Respecto a la ley, mereció el pasado 28 de junio el rechazo unánime del Parlamento de Canarias. La Cámara canaria emitió “[Informe desfavorable a] la redacción dada a la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias, por el apartado cuatro de la disposición final primera del proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (…), en cuanto no recoge que el límite de la deducción en Canarias debe ser un 80% superior al vigente en el régimen general para el conjunto del Estado.” Pese a haberse emitido tal Informe desfavorable, aprobado por toda la Cámara canaria, por tanto, con más respaldo que la mayoría cualificada exigida en el Estatuto, las Cortes continuaron con la tramitación del proyecto de Ley. Incumpliendo con lo señalado en el bloque constitucional y, asimismo, alejándose de la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre sendas cámaras legislativas.

A ese incumplimiento se sumó la aprobación el 25 de junio por el Consejo de Ministros de un Real decreto-ley sobre fiscalidad energética que reincide en la rebaja de los límites de las deducciones sobre inversiones. Efectuado sin el informe previo del Parlamento de Canarias, no respetando, por tanto, la garantía procedimental que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen.

Para buscar una solución negociada a estas vulneraciones del REF, el presidente de Canarias solicitó una convocatoria urgente de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias Estado. Además, los siete grupos de la Cámara canaria han decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional las modificaciones en el REF sin tener en cuenta la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 167 del Estatuto de Autonomía.

Redacción inequívoca

Hemos encausado el problema y establecido el compromiso de solución al mismo en una intensa y dura reunión de Nueva Canarias con la ministra de Hacienda. Un encuentro que concluyó con la rectificación del Gobierno central, que se compromete a una redacción inequívoca en la que no se fijen cantidades, como hasta ahora, sino que se refleje claramente el diferencial del 80%, sea cual sea la cantidad límite para las deducciones a las producciones audiovisuales en el resto del Estado.

Un asunto que hemos desvinculado por completo de la negociación en torno al apoyo, o no, de Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. El acuerdo supone que antes de fin de año quedará resuelto el contencioso sobre las deducciones por producciones cinematográficas y mientras tanto mantendremos firme nuestra posición; de hecho, y, en consecuencia, Pedro Quevedo votó este pasado miércoles en el Congreso en contra de la convalidación del Real decreto-ley sobre fiscalidad energética que dejaba el diferencial fiscal en el 24%. Y NC ha participado de forma destacada en promover los recursos de inconstitucionalidad por la falta de respeto a los procedimientos.

Desde el máximo nivel de unidad -social, empresarial e institucional- en Canarias. Desde la exigencia argumentada al Gobierno central sobre la justa demanda de nuestra Comunidad y la necesidad de rectificación de una medida que vulnera nuestro REF. Desde la firmeza, el diálogo y la negociación imprescindibles en la acción política… hemos logrado comprometer el desbloqueo de este asunto que algunos daban por perdido. Con ello se va a facilitar la continuidad del crecimiento de un sector dinámico, generador de empleo de calidad, en el que un pujante sector privado cuenta además con el apoyo de la RTVC, de las instituciones, como distintos cabildos insulares, para su crecimiento y consolidación. Mediante un acuerdo político, como en todo momento hemos venido reclamando, se salvará el diferencial fiscal en materia audiovisual, se garantizará la seguridad jurídica, y se restaurará el cumplimiento de nuestro REF.