Más sombras sobre Canarias

El reciente debate sobre el estado de la nacionalidad amplía las sombras sobre el futuro de Canarias. Continuismo en las políticas económicas y fiscales y, por tanto, incapacidad para afrontar la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Apuesta por el desarrollismo y la repetición de los errores del pasado en las legislaciones del suelo y turística. A lo que se añade otro peligroso factor: la recuperación del insularismo más rancio y el rechazo, nada velado, a modificaciones en el injusto sistema electoral canario.

Respecto al primero de los asuntos, y tal y como sucediera en el debate presupuestario del pasado mes de diciembre, el Gobierno no mueve ficha. No hace nada para intentar mejorar los ingresos. O, con más precisión, entonces hizo lo contrario al eliminar el de Sucesiones, sin distinguir entre ricos y pobres, en los presupuestos de la comunidad canaria para 2016. Y su sobrado cumplimiento del déficit, del que tanto alardean, es a costa de dejar de usar el pasado año más de 60 millones de euros -a los que se suman los 280 millones de euros del período 2012-2014-, que podrían haber impactado positivamente en la lucha contra la pobreza o en la disminución de las listas de espera.

Canarias tiene una pésima financiación, la que ratificó en 2009 José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de CC y PP. No resultará nada fácil su cambio. Pero, además, debemos aprovechar nuestras propias capacidades para mejorar los ingresos. Y el Gobierno no lo hace en un marco de devastación social: 26,75% de desempleo, 297.000 personas, de las que 183.500 son de larga duración (el 61,7%) y con 102.000 hogares con todos los miembros en paro (el 16%). Con 141.000 hombres y mujeres de esta tierra que no cobran ninguna prestación alguna. Un 48,87% de paro juvenil. Y 48.000 hogares sin ingresos.

A afrontar esa dramática situación deberían dedicarse todos los esfuerzos. Y no se hace porque no lo consideran prioritario. Se confirma con los 160 millones de euros anuales del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) que deberían destinarse, fundamentalmente, a los servicios públicos, hoy descapitalizados, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. El Ejecutivo de Fernando Clavijo va a destinar a ellos exactamente cero euros del IGTE.

Continuarán las listas de espera, los colapsos en urgencia y la situación de esos 16.000 canarios que, teniendo derecho a una prestación de dependencia, no la reciben. Así como la de decenas de miles de familias que aspiran a tener una vivienda. Y no toda la culpa la tiene el Gobierno de España y su evidente maltrato. También la tienen el liberalismo y la falta de políticas tendentes a reducir las desigualdades y mejorar la situación de quienes peor lo pasan. Con responsables en Canarias.

Ley del suelo

Otro asunto preocupante es la posición del Gobierno en torno al territorio y el medioambiente. En Nueva Canarias somos críticos con la propuesta de ley del suelo que pretenden aprobar. En primer lugar, por ser elaborada en los despachos cuando correspondía hacerlo con la máxima participación y debate político y social.

En segundo lugar, porque hace dejación de las competencias de la Comunidad Autónoma respecto a la ordenación del territorio y que sus determinaciones sean de obligado cumplimiento para cabildos y ayuntamientos. Derogando el proyecto común al cargarse el 90% de las directrices generales. Se traslada el control de legalidad de los organismos gubernamentales a las instancias judiciales.

En tercero, por consagrar el urbanismo de proyecto frente al de planificación. Se prioriza cualquier tipo de proyecto sin contar con las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en que se pretende ubicar. Así como plantear una peligrosa desregulación del suelo rústico.

Y, en cuarto lugar, porque concentra el poder en el ámbito local, pese a las debilidades administrativas de muchas de las corporaciones. Cada municipio se gobernará por su cuenta, se judicializará más la relación entre las administraciones y los sectores privados; y los ayuntamientos tendrán que asumir en solitario, las responsabilidades judiciales y, en especial, las patrimoniales.

Otro tanto sucede con el turismo, donde las modificaciones legislativas del Ejecutivo canario pretenden ofrecer barra libre al crecimiento en el sector. Ese no es el camino. Se precisa  apostar por un turismo sostenible. Elevando la calidad y el gasto que los turistas realizan, para generar más empleo y que este sea estable y de calidad. Apostando decididamente por la renovación, que pretende abandonarse. Y regulando la oferta alojativa irregular.

En ese sentido, considero que hay que seguir el ejemplo catalán y balear (que reciben casi el 50% de los turistas del Estado español) e instaurar una tasa turística que contribuya a la mejora de la competitividad del destino. Mediante la renovación de las ciudades turísticas obsoletas; así como la formación de sus profesionales, la protección del patrimonio medioambiental y la promoción exterior. Calculamos que generaría unos 100 millones de euros anuales para estos u otros fines.

Democracia

El debate consagró, además, el posicionamiento divisionista e insularista radical del titular del Ejecutivo. Su discurso fue una justificación del mantenimiento del sistema electoral canario que consagra la triple paridad y que hace que el 83% de la población, la que habita en Tenerife y Gran Canaria, elija al 50% del Parlamento; y que el restante 17% designe al otro 50%. O que un partido con 54.000 votos quede fuera del Parlamento y otros con 5.000 obtenga tres escaños.

Para el presidente no tiene ninguna importancia esa anomalía democrática. Al contrario, se esforzó en criticar a quienes pretenden modificarla acusándoles de neocentralistas y de poner en riesgo, de romper Canarias.

Los que queremos una Canarias más democrática y más justa somos conscientes de las dificultades de la doble insularidad y, por eso, junto al tema poblacional (esencial en cualquier reparto de recursos) sumamos el factor corrector de la doble insularidad. Bien distinto a quien planteó el reparto del IGTE en base al número de diputados y no en base a las necesidades sociales y territoriales del conjunto de los canarios. Las desigualdades territoriales se combaten con políticas justas, no con sobrerrepresentación.

En definitiva, el debate del estado de la nacionalidad canaria confirmó el conservadurismo en materia económica, fiscal y social, así como los intentos de desregulación en temas territoriales y medioambientales. Profundizando, además, en una visión de Canarias insularista, que nos desvertebra y nos aleja de una sólida construcción nacional. En lugar de arrojar luz y esperanza sobre el futuro de esta tierra establece nuevas sombras sobre Canarias y su futuro.