Sostenibilidad frente a desarrollismo

Existe una gran preocupación por los distintos efectos del cambio climático. El incremento del poder devastador de los huracanes. El aumento de sequías e inundaciones, la desaparición de especies y los problemas alimentarios. El crecimiento del nivel del mar que puede anegar a ciudades costeras de todo el mundo. Los negacionistas, con el presidente de Estados Unidos a la cabeza, ven ahora las consecuencias de sus (malas) decisiones sobre la salud del planeta, las que insisten en no poner freno a las emisiones contaminantes.

En un plano distinto, pero vinculado, en Canarias se están tomando decisiones erróneas que condicionan su presente y su futuro. Lo hemos visto nítidamente este verano con la crisis por la presencia de numerosos vertidos de aguas sin depurar al litoral de las Islas. Un problema medioambiental y de salud, que afecta, asimismo, a la imagen del turismo, nuestra principal industria.

Todo ello ocurre a pesar de que las Directrices de Ordenación General, aprobadas por unanimidad del Parlamento en 2003, situaban como una prioridad de la comunidad canaria (directriz 85) el desarrollo de las infraestructuras de carácter ambiental para “el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos”. Estableciendo, además, en la directriz 31, y como norma de aplicación directa (NAD), que debe haber un plan de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. Señalando que deben fijarse unos plazos máximos para la construcción y entrada en funcionamiento de sus infraestructuras. Y destacando que las administraciones deben dedicar recursos precisos para que esto sea posible.

Asimismo, también como NAD, establece responsabilidades del Gobierno canario en el control de los vertidos y en la erradicación de vertidos al mar de aguas sin depurar, así como para asegurar que los autorizados mantienen las condiciones que permitieron su autorización. Han pasado 14 años y poco parece haberse hecho en este ámbito. No ha habido inversión en estas infraestructuras a pesar de que aumentaban las necesidades por el crecimiento poblacional y turístico. En lo que alguna responsabilidad debe tener el Ejecutivo canario. Por cierto, hay que recordar que la práctica totalidad de las directrices han sido derogadas por la Ley del Suelo de Clavijo.

Las apuestas desarrollistas no son, en modo alguno, inocuas. Tienen sus consecuencias a corto, medio y largo plazo. No es muy razonable nuestro crecimiento poblacional que, en un apenas 25 años, nos ha hecho pasar de 1,6 millones a 2,1 millones de habitantes. Medio millón de habitantes más, cuando en el mismo plazo, el País Vasco crecía en 100.000.

Igual sucede con el turismo. En el mismo período hemos pasado de 9 a 15 millones de visitantes, con un crecimiento en el último trienio de un millón anual. Si por los actuales dirigentes gubernamentales canarios fuera, se llegaría a los 20 o 25 millones, obsesionados porque el mercado lo regule todo, por la cantidad. En lugar de incrementar la calidad, el aumento del gasto en destino y un mayor impacto de sus beneficios en la sociedad canaria.

Esos bruscos cambios demográficos y ese crecimiento turístico ilimitado impactan en el territorio y en el medio ambiente. Suponen más consumo eléctrico y, por tanto, una mayor contaminación por el proceso que supone producir esa electricidad mayoritariamente con combustibles fósiles. Significan un mayor gasto de agua, que en nuestras islas se obtiene en un alto porcentaje mediante desaladoras que utilizan energía para su funcionamiento. Implican, además, más generación de residuos sólidos y más necesidad de ofrecer soluciones a las aguas residuales que generan residentes y visitantes.

Servicios públicos

Las carreteras padecen también, como vemos cotidianamente Tenerife y sus continuos colapsos de tráfico. Los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación pero también la seguridad, se ven, también, afectados. Así como problemas en la vivienda, desplazando a la población residente, falta de viviendas de promoción pública y una mayor carestía en los alquileres.

Las disfunciones, si no se corrigen, llevan a problemas de convivencia, como los que se producen en Barcelona, Baleares, Venecia o Ámsterdam, que empiezan a tomar medidas para evitar convertirse en parques temáticos despersonalizados y ajenos a los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas.

En Canarias, resulta cuanto menos paradójico que algunos se quejen ahora de unas circunstancias negativas a las que contribuye, de forma notable, con sus decisiones, con su falta de previsión y, directamente, con la orientación de sus políticas, con su defensa de un modelo que se muestra claramente sin equilibrio, sin respeto al territorio y al medio ambiente, insostenible. Sin asumir en lo más mínimo su evidente responsabilidad. Caso de los que han sacado adelante, la ley de las islas verdes o la Ley del Suelo que generan las condiciones para un crecimiento aún más desmesurado, para seguir en la dinámica de más cemento y mayor ocupación territorial.

Modelo sostenible

La senda debe ser otra muy diferente. Necesitamos acompasar el crecimiento poblacional y de visitantes a la capacidad de carga soportable por cada una de las Islas. Canarias debe apostar por un modelo de desarrollo sostenible, que combine preservación del medio natural, crecimiento económico y generación de empleo. Potenciando las energías renovables. Impulsando una movilidad sostenible con coches menos contaminantes y un mayor uso del transporte público, mejorando su eficiencia para hacerlo más atractivo para la mayoría.

Avanzando hacia un turismo sostenible económica, ambiental y socialmente.

Modulando su crecimiento. Con la calidad, y no la cantidad, como bandera. Renovando las ciudades y la planta alojativa obsoleta. Mejorando la formación y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

Reduciendo nuestra elevada dependencia alimentaria del exterior, impulsando un mayor peso del sector primario en nuestra economía. Apostando por las economías azul y verde. Fomentando la I+D+i. Pensando y actuando por el bienestar de la mayoría social para superar nuestros actuales niveles de desempleo, pobreza y deterioro de los servicios públicos que nos siguen colocando, en muchos de los parámetros, a la cola de España y Europa.