El talante democrático de CC y PSOE

El miércoles 12 de marzo de 2014 no pasará a la historia de las buenas prácticas del parlamentarismo en nuestra comunidad. En esa jornada, el pleno del Parlamento canario impidió, con el rodillo de CC y PSOE, los grupos que apoyan al Gobierno, la tramitación de dos leyes. Una, del grupo Mixto-Nueva Canarias, de reforma del sistema electoral; otra, del Cabildo Insular de Gran Canaria, de modificación de la Ley de Modernización y Renovación Turística.

En el primero de los casos, la propuesta de NC reproducía fielmente la que los socialistas hicieron en 2009: modificar los actuales topes electorales de acceso al Parlamento, del 30% insular y el 6% archipielágico, estableciendo una única barrera insular (que es la circunscripción) del 5%.

Tanto CC como PSOE se negaron a que la iniciativa legislativa fuera aceptada a trámite. No ya a que esta se aprobara. Ni siquiera a la posibilidad de que pudiera ser debatida. Es la primera vez que, en relación a la reforma electoral, esto sucede. Los dos anteriores intentos de modificar el sistema electoral fueron, al menos, tomados en consideración, aunque finalmente no se aprobaron. Se pospone así sine die la posibilidad de comenzar a mejorar nuestro sistema electoral, dificultando con la permanencia de los actuales topes que nuevas fuerzas políticas puedan obtener representación en la cámara canaria, en las próximas elecciones autonómicas.

Argumentar, como hacen PSOE y CC, que la reforma está incluida en la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía no se sostiene en modo alguno. Se contradice con lo que CC decía en el pasado reciente (“cómo van a decidir diputados de otros territorios nuestro sistema electoral”). Y, sobre todo, choca frontalmente con la realidad: en esta legislatura no habrá reforma estatutaria porque lo impedirá la mayoría absoluta del PP en las Cortes; Y, por tanto, no habrá reforma electoral; y lo saben.

Una reforma estatutaria que pudo realizarse durante la última etapa de Zapatero, y que se frustró al retirarla el Gobierno de Rivero-Soria. En este caso no pueden culpar al Ejecutivo central. Fue el Gobierno canario y el presidente de entonces, que es el de hoy, quienes a final de 2007 imposibilitaron la ampliación del autogobierno por mezquinos intereses partidistas; entre otros, para evitar que se modificara el desproporcionado, injusto y restrictivo sistema electoral. Todo lo que Rivero cuenta en su carta a Rajoy sobre el Estatuto podría estar encauzado de no haberse producido esa errónea e irresponsable decisión política.

El cambio experimentado por los socialistas canarios, que en la práctica se presentaron una enmienda a la totalidad a sí mismos, a lo que siempre habían defendido, tiene fácil explicación: su completa subordinación a CC, tarifa que han tenido que abonar para llegar y permanecer en el Gobierno canario; aunque no les garantiza, en modo alguno, continuar siendo aceptados como compañeros de viaje después de los comicios de 2015.

Competencias de los cabildos

En el caso de la modificación de la Ley de Modernización y Renovación Turística se repitió el comportamiento de los grupos que apoyan al Gobierno. Impidiendo que una propuesta legislativa del Cabildo grancanario pudiera ser tomada en consideración.

Con la misma se pretendía que se respete el papel de los cabildos en la planificación turística insular. Gran Canaria cuenta con un Plan Insular de Turismo aprobado por unanimidad y ratificado por todas las administraciones, con límites cuantitativos al crecimiento y una apuesta clara por la calidad.

Este asunto se complica aún más con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, que desde Nueva Canarias consideramos injustificado y que, por tanto, rechazamos. No podemos aceptar esos modos centralistas y autoritarios del Ejecutivo de Rajoy. Como tampoco aceptamos los reiterados tics centralistas y autoritarios frente a las corporaciones insulares por parte del Gobierno de Rivero y de los grupos que lo sostienen.

El hecho de que las dos iniciativas legislativas reseñadas –reforma lectoral y modificación en la ley turística- hayan sido tumbadas en la puerta de acceso al Parlamento, impidiendo que pudieran ser tramitadas, muestra el modo de entender la democracia que tienen PSOE y CC. Y confirma que decisiones, como la convocatoria de un referéndum sobre la realización de prospecciones petrolíferas en Canarias, tienen mucho más que ver con calculadas estrategias partidistas que con una voluntad real de incrementar la democracia en las Islas y hacer más partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de la actividad política.

Desde NC defendemos las consultas populares, así como distintas fórmulas que incrementen la democracia y la participación ciudadana. Y ello es incompatible con tratar de cercenar la pluralidad, como hacen PSOE y CC; obstaculizando la participación y enviando miles de votos ciudadanos a la papelera con el mantenimiento de las actuales barreras electorales hechas a la medida de los intereses de CC. Incrementando el actual desafecto ciudadano hacia la política y las instituciones. Contribuyendo, en definitiva, a que Canarias siga estando condenada a padecer una democracia de baja intensidad.