Vendrán tiempos peores

Todas las encuestas que se publican en estos días acerca de los resultados previsibles en las elecciones del próximo 20N nos dicen que el Partido Popular conseguirá una amplia ?o amplísima- mayoría absoluta que le acercará a los doscientos diputados. Sería la victoria más rotunda alcanzada por los populares en el periodo democrático postfranquista, mientras la otra fuerza política del bipartidismo rampante se desgañita ofreciéndonos ahora lo que no hizo en los últimos años.

Y llegados a este punto, tengo que reconocer que hay algo que no me casa. ¿Es que los españoles no leen? ¿Es que votan al tuntún? ¿Acaso los que no quieren que se cercene el Estado de Bienestar no saben que el PP viene anunciando desde hace tiempo, como ya está haciendo en muchas de las comunidades autónomas donde gobierna, recortes y ajustes a destajo? ¿Es que alguien duda de que nos esperan cuatro años de debilitamiento del Estado, reducción de lo público y podas de derechos sociales y laborales? ¿Es que ya todo el mundo se olvidó de aquel PP de Aznar que liquidó una gran parte del Estado malvendiendo las eléctricas públicas, la banca pública, Correos, Telefónica, etc; que “administró” como nadie la burbuja inmobiliaria y la especulación; que nos metió con mentiras en una guerra injusta, cruenta y carísima para España y que es, en gran parte, responsable de lo que está sucediendo? ¿Y no quebraron la economía del país los numerosos casos de corrupción (Gürtel, Fundescan, Fabra, Camps, Mata, Andratx, Palma, Totana, Torrevieja, Alicante, Telde, eólica en Canarias, Vigo, Lugo, etc.) nacidos al amparo del mantenimiento de una partitocracia insaciable?

No me lo estoy inventando. Aunque Rajoy afirmó en julio pasado que saldríamos del déficit sin recortes ni más impuestos, cada día que pasa los mensajes que nos llegan desde el PP en sentido contrario son más nítidos: a finales de septiembre Cristóbal Montoro nos advertía de que el Estado no está para asegurar el bienestar y que detrás de este concepto “hay muchísimo despilfarro, mucha desorganización y una pésima gestión de los recursos públicos”; en agosto el mensaje era que hay que depurar las plantillas de las administraciones públicas (o sea despedir funcionarios: ¿médicos, profesores, policías, jueces,..?) y “suprimir mancomunidades”; tampoco Cospedal ha dudado en afirmar que las reformas contra la crisis nos afectarán a todos: “ningún español es ajeno a los esfuerzos que tenemos que hacer”; Aguirre hace unas semanas cuestionaba abiertamente la enseñanza gratuita; Rato nos trasladaba que habría que hacer una revisión “seria, urgente y rápida de la negociación colectiva” y vincular los salarios a la productividad, y la guinda la puso Mariano Rajoy el último día de octubre en unas declaraciones realizadas a The Washington Post ?fuera lo dice más clarito porque habla para los mercados, aunque en junio ya adelantó al Círculo de Economía que España tendrá el Estado de Bienestar que “pueda permitirse”-. Rajoy, según recoge el periódico norteamericano, está dispuesto a “hacer lo que todo el mundo espera que haga” con un “firme programa de austeridad” y anuncia nuevos recortes sociales “porque no hay otra salida”, aunque, afirma, “no me gustaría” ?no dice que no lo vaya a hacer- reducir en educación y en sanidad y sí realizar reformas laborales sustituyendo los convenios colectivos por convenios de empresa que implicarán salarios más bajos. Eso sí, los ricos tributaran menos y ni hablar de control a la banca, a los paraísos fiscales, Sicav, especuladores financieros, etc, porque entonces los ricos se enfadan, se van, no invierten, no se reactiva la economía?

Pero lo que no se atreve a decir el PP abiertamente, nos lo lanzan a la cara continuamente las organizaciones empresariales y del mundo de la economía más conservadoras: que se reduzcan las indemnizaciones por despido, que se establezca el copago sanitario (querrán decir más copago puesto que ya se copagan las medicinas y las consultas privadas a las que tienes que acudir dadas las terribles listas de espera), que se flexibilicen los despidos y las contrataciones, que se despida a funcionarios y se les baje el sueldo a los que queden, que sobran políticos? En definitiva el mensaje machacón es el de un Estado obeso, demasiado ancho, asfixiado por una casta de políticos y funcionarios, donde una gran parte de la sociedad vive a expensas de la clase productiva; de un Estado que promueve un igualitarismo paralizante y crea gandules subvencionados y dependientes del poder político; de un Estado derrochador que gasta lo que no está escrito en la sanidad, la educación y los servicios sociales que promueven la igualdad y la solidaridad.

La estrategia es debilitarlo al máximo. Se quiebra la cohesión social que garantizan las medidas de protección más básicas, cada vez más testimoniales. Se somete a los trabajadores con el miedo y la inseguridad del paro, la pobreza y la exclusión social y a continuación se hace lo mismo con las clases medias que se alejan, desorientadas, de la política y las instituciones. De esta forma les queda el campo libre para hacer y deshacer a su antojo. Y a partir de ahí a malvender de nuevo todos los bienes públicos, para pasarlos a manos privadas y a seguir recortando las inversiones públicas.

Se impone lo peor del neoliberalismo y aunque a Rajoy “no le gustaría” recortar la sanidad y la educación, la realidad es que el gasto público en estas áreas en España y las comunidades autónomas es uno de los más bajos de la UE, según V. Navarro, y que, en las mismas materias, los recortes han sido brutales en los tres últimos años. Se trata de desprestigiar y debilitar la sanidad pública para que se vea a la privada como única salida. Se trata de desprestigiar a los maestros y recortar la calidad de la escuela pública para que todo el mundo mire para la privada. Si no lo remediamos, vendrán tiempos peores y seguirá sufriendo mucha gente. Y lo peor es que tenemos la posibilidad de impedirlo con nuestro voto y, por lo que dicen las encuestas, no lo haremos. Acaso porque, como apunta un estudio que presentó Transparencia Internacional España (TIE), el pasado miércoles 2 de noviembre, la sociedad civil española “es débil, y su capacidad para controlar al Gobierno y de influir en las políticas públicas es reducida”.

*Antonio Morales Méndez es alcalde de Agüimes.

Antonio Morales Méndez*