Victoria municipalista

Los ayuntamientos canarios y del conjunto del Estado español llevan varios años reivindicando modificar la vigente legislación, impuesta por el PP al llegar al Gobierno tras las elecciones generales de diciembre de 2011, que ha venido restringiendo de manera significativa a los que tienen sus cuentas saneadas invertir en sus municipios, por las limitaciones establecidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en el año 2012.

Las corporaciones locales han sido desde entonces las más cumplidoras respecto a los objetivos del déficit, frente a las comunidades autónomas y al Estado, este último fundamentalmente por los gastos derivados del capítulo de Seguridad Social. En 2016 fueron, una vez más, las únicas que cumplieron con los objetivos fijados por la ley de estabilidad, con un superávit de 0,64% del PIB, unos 7.000 millones de euros.

Sin embargo, los ayuntamientos y los cabildos se han visto obligados a mantener su superávit a recaudo en los bancos en lugar de dedicarlo, como sería deseable, a inversiones dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

Ahora, la presión unitaria de las corporaciones locales organizadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha conseguido que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, permita que los ayuntamientos utilicen el superávit correspondiente al año 2017, cifrado según las previsiones en torno a los 5.000 millones de euros en el conjunto de España, durante el presente ejercicio y en 2019.

Economía y empleo

Una decisión que nos parece acertada, aunque debió producirse antes, y que tendrá positivas consecuencias en las infraestructuras y en los servicios que prestan las entidades locales, pero también en el conjunto de la economía y en el empleo.

El anuncio, dado a conocer por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, coincidió con la cumbre que congregó a unos 300 alcaldes de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, así como a titulares de diputaciones y cabildos insulares, desarrollada a principios de esta semana en Madrid. Un encuentro que confirmó el grado de unidad del municipalismo en la defensa de una imprescindible y justa modificación legislativa.

Aunque todavía es una incógnita si se aprobará o no la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, encontrándose en estos momentos las cuentas públicas prorrogadas, el Gobierno se ha comprometido a desbloquear la situación mediante la aplicación de un decreto ley que se publicaría en este mes de marzo.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha acordado con la FEMP llevar a cabo una ampliación del catálogo de ámbitos considerados como inversiones sostenibles, hoy tremendamente restrictivo, y que además se puedan incluir gastos vinculadas a otras actividades que desarrollan los ayuntamientos, como las relacionadas con la educación, la seguridad o los servicios sociales.

Desde un principio denuncié los efectos negativos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tendrían sobre el conjunto de los servicios públicos, así como el ahogamiento económico que supondría tanto para las comunidades autónomas como para las administraciones locales, encargadas de prestar estos servicios. Así como la injusta distribución del déficit entre las distintas administraciones públicas.

Una ley, la de Estabilidad Presupuestaria, que es fruto de los acuerdos europeos de estabilidad financiera y de la reforma de la Constitución Española (concretamente su artículo 135) promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y aprobada con el apoyo del PP, que establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones tenga prioridad absoluta sobre la prestación de los servicios públicos esenciales que integran la definición de España como estado social y democrático de derecho.

En distintas ocasiones Nueva Canarias (NC) ha planteado al Gobierno de Mariano Rajoy el aumento de la financiación para las autonomías y para las corporaciones locales mediante otra política fiscal y el incremento del déficit autorizado.

Señalando que resulta especialmente discriminatorio el trato que han venido recibiendo las entidades locales. Cumplidoras hasta el extremo, han generado un significativo superávit, pero sin poder usar esos remanentes, lo que ha supuesto un grave perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas.

Canarias

Desde Nueva Canarias (NC) hemos estado, desde un primer momento, completamente comprometidos con la FEMP y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en su justo objetivo común. El de poder hacer uso de unas partidas que posibiliten realizar inversiones y mejorar la prestación de servicios. Para contribuir eficientemente desde el ámbito local o insular a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Hemos defendido, además, que la medida se amplíe a aquellas comunidades autónomas con superávit, caso de la canaria, que además es de las que tienen menor nivel de endeudamiento, para que ese superávit se pueda utilizar en gasto social, cuando ahora solo puede hacerse en amortización de deuda. Lo que supondría contar con significativos recursos para afrontar la grave situación social de unas Islas que, pese a la mejora global de los parámetros macroeconómicos, siguen presentando elevados niveles de pobreza y exclusión social.