Vivienda, derecho social quebrado

Los datos más recientemente publicados apuntan a un crecimiento de un 17% del precio de la vivienda en régimen de alquiler en Canarias el primer semestre del presente año en relación con el último trimestre de 2017; lo que supone dos puntos porcentuales más que el incremento estatal. Con una media de 785 euros al mes por una vivienda de unos 100 metros cuadrados. Lo que sitúa a nuestra comunidad ligeramente por debajo de la media del Estado, elevada de manera significativa por los casi 1.800 euros al mes de Barcelona, los 1.725 euros de Madrid y los más de 1.400 euros de la capital donostiarra; las urbes con alquileres más caros. Pero, a diferencia de esas ciudades y las comunidades de las que forman parte, no debemos olvidar nuestros lugares de cola en salarios y de cabeza en pobreza y exclusión social.

Ante la grave situación, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España acaba de anunciar un plan para la construcción de más de 20.000 viviendas de alquiler barato en el conjunto del Estado, que se realizará en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Destinadas a fomentar el acceso a una vivienda a jóvenes y colectivos desfavorecidos, centrará sus esfuerzos en aquellas ciudades con alquileres más elevados, entre las que se encuentran algunas del Archipiélago.

España presenta un enorme retraso en lo que respecta al porcentaje de viviendas sociales, muy alejada de países como Francia, Holanda, Suecia o Dinamarca. La medida impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque positiva, resulta insuficiente ante la gravedad del problema.

Canarias llevó a cabo un ingente esfuerzo en el comienzo de la democracia y el autogobierno para erradicar el chabolismo y la infravivienda, tan comunes en nuestros principales núcleos urbanos. Asimismo reiteró esos esfuerzos a principios de este siglo, en el que sí se disponía de políticas activas de vivienda.

Capacidad adquisitiva

La situación ha vuelto a empeorar y comienza a tornarse crítica. Durante la etapa de crisis económica, miles de familias perdieron sus viviendas al no poder hacer frente a sus hipotecas. Nada se hizo desde el Gobierno de Canarias entonces pese a que, desde Nueva Canarias (NC), se plantearon razonadas y realizables propuestas en el Parlamento canario. También se han producido significativos retrasos en las ayudas al alquiler, con grave perjuicio para las personas afectadas.

Ahora vuelve a repetirse la historia de los desahucios pero mucho más centrada en los alquileres que, por el importante crecimiento de sus precios, no son abordables por muchas personas, aunque tengan empleo. Además, en nuestra tierra hay mucha gente sin capacidad adquisitiva para acceder a las viviendas que el mercado ofrece. En definitiva, llevamos más de una década sin políticas públicas en este ámbito que tanto afecta a la vida de la gente.

La situación se agrava con el crecimiento de la oferta de alquiler vacacional en muchas zonas de las Islas, que está impactando negativamente en el alquiler residencial, restringiendo de manera relevante el número de viviendas en este mercado y elevando notablemente los precios. Ante estas circunstancias, que afectan negativamente a tantos ciudadanos y ciudadanas, las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado. Están obligadas a intervenir y plantear soluciones viables y urgentes.

Estamos hablando de un derecho. Reconocido en el artículo 47 de la Constitución señala que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo que, vista la realidad, podría parecer ciencia ficción. También figura como tal en el artículo 21 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, actualmente en tramitación en el Congreso, que señala que “los poderes públicos deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, mediante un sistema de promoción pública en condiciones de igualdad, y en los términos que establezcan las leyes...”.

En el documento, que prepara el Plan Canario de Vivienda 2019-2022, se apunta, entre sus objetivos, la rehabilitación edificatoria y de los entornos de las viviendas; facilitar el acceso en régimen de compraventa y alquiler a sectores de la población con dificultades económicas; ayudas a sectores de población concretos (jóvenes y mayores) y acciones con cabildos y ayuntamientos para la obtención de suelo edificable.

Canarias tiene plenas competencias en materia de vivienda. Como hemos venido señalando, se ha reaccionado tarde. No se ha priorizado. Una parte del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) debió dedicarse al impulso de la vivienda pública y no a asuntos de mucha menor relevancia y de escaso impacto social.

Desde Nueva Canarias llevamos tiempo denunciando la carencia de un plan de actuación decidido en nuestra comunidad. El Gobierno canario ha estado varios años paralizado y sin poner en marcha políticas públicas en esta materia. Frente a una estimación de 35.000 familias que anhelan acceder a viviendas de protección oficial en sus distintas modalidades, ya sea alquiler o venta, no se ha actuado consecuentemente.

Parque público

En nuestra opinión, resulta imprescindible reforzar el sistema de ayudas (muy potente en muchos estados europeos, muy débil en España y en Canarias), mediante una financiación estable y permanente y centrada en el alquiler. Esta acción debe compaginarse con líneas de emergencia social destinadas a la población más vulnerable, a la que se encuentra en riesgo de ser expulsada de su vivienda por no poder afrontar el alquiler o en proceso de ejecución hipotecaria. Destacando, asimismo, la necesidad de ampliar el actual parque público de vivienda.

Ahora que Canarias ha mejorado sensiblemente sus recursos no cabe ninguna gubernamental excusa. Hay que abordar un ambicioso plan de vivienda y acabar con esta grave situación, con la que se vulnera un derecho ciudadano a decenas de miles de familias de las Islas. Hay que priorizar las personas y sus necesidades más perentorias.