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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

A Aarón sólo le queda Patricia

La vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, saluda al exconsejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola. (Efe/Cristóbal García).

Carlos Sosa

A Aarón Afonso, flamante consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, sólo le queda el apoyo de Patricia Hernández para mantener en el puesto de directora general de Relaciones con la Administración de Justicia a “la mujer del fiscal jefe” de Las Palmas, Lourdes Quesada ella, Guillermo García-Panasco, él. El desmarque que este lunes oficializó el secretario general de los socialistas canarios, José Miguel Pérez, puede calificarse sencillamente de apoteósico dados los palabros empleados tanto en los pasillos como ante la prensa cuando se le preguntó por la cuestión. El PSOE está absolutamente al margen de esa decisión y, por si había alguna duda, Pérez pronunció una sentencia demoledora cuando se le pidió que hiciera una valoración personal: “Permítame que me reserve mi opinión”. Los que dentro del PSOE le han oído pronunciarse sabe perfectamente que rechaza de plano ese nombramiento por lo que supone integrar a alguien del PP en la parte socialista del Gobierno de Canarias, y alguien del PP cuyo comportamiento como secretaria general del Servicio Canario de la Salud entre 2007 y 2010 no fue en absoluto ejemplar. Ya está absolutamente asumido en el PSOE que la decisión de nombrar a Quesada fue exclusivamente del consejero Aarón Afonso, que ni siquiera es militante del PSOE, contrariamente a lo que podría parecer dada su trayectoria y la identidad de su padre, Paco Afonso, el gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife que pereció, junto a otras ocho personas en el trágico incendio de la isla de La Gomera de hace ahora mismo 31 años. Cuando tomó la decisión de su nombramiento sólo se limitó a comunicárselo a Patricia Hernández que ignoraba por completo las andanzas de la nueva directora general hasta que alguien se lo comentó al término del Consejo de Gobierno en el que fue nombrada. “A mí me dijo que era la mujer del fiscal jefe de Las Palmas”, y no me dijo más, comentó la vicepresidenta cuando le preguntaron en un gesto que no avala precisamente su arraigado feminismo. “La mujer de…” nunca debería ser una carta de aval para un cargo público. En este caso parece que sí.

 

 

Paco Spínola guarda silencio

A Aarón Afonso lo propuso para el cargo de consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad su antecesor en el cargo, el socialista (este sí de carné) Francisco Hernández Spínola. Afonso había desempeñado brillantemente su cargo de director general de la Función Pública, una de las áreas (adscritas a la rama de Presidencia de la consejería) más complejas y que mayor cintura y capacidad negociadora requiere. Muchos creímos que ese pedigrí sería aval suficiente como para acceder al nuevo cargo pero, tras una de sus primeras decisiones, ha hecho bueno el principio de Peter (aquellos funcionarios que hacen bien su trabajo son ascendidos a puestos de mayor responsabilidad donde alcanzan su máximo nivel de incompetencia). Hernández Spínola no quiere hablar con los periodistas, al menos con este periodista. Su opinión resultaría de mucho valor no solamente por haber sido quien elevó al máximo nivel de incompetencia al consejero Afonso, sino también porque durante su etapa como portavoz socialista (con carné) en el Parlamento de Canarias (2007-2011) fue el azote del Gobierno para que destituyera a Lourdes Quesada tras el estallido del caso Lifeblood, en el que se vio muy pero que muy encartada. Hasta en cuatro ocasiones pidió el PSOE la cabeza de la nueva directora general que ahora acoge en su seno. Spínola sabe que si habla tiene que pronunciarse, tiene que pedir a Afonso que remueva de su puesto a Quesada, lo que le acarraría dos problemas: desautorizar a quien él elevó a consejero y tener un roce importante con la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, secretaria general del PSOE de Santa Cruz, aspirante a secretaria general y una de las voces a tener en cuenta para la confección de las listas para las elecciones generales de final de año. Y Spínola, como él mismo ha reconocido, quiere encabezar la lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife.

 

Están que trinan en las universidades

Continúa la escalada de nombramientos chiripitifláuticos en el Gobierno de Fernando Clavijo, para goce y disfrute de la oposición, principalmente de Román Rodríguez, el que vaticinó que el presidente y su vicepresidenta socialista harían buenos a sus antecesores, Paulino Rivero y José Miguel Pérez, respectivamente. Se van completando los equipos con algunas alcaldadas ciertamente llamativas, verbigracia, la directora de la Agencia Tributaria Canaria, para la que ha habido que aflojar un poquito los corsés legales para que su titulación de diplomada pudiera ser considerada superior. Un precedente a tener en cuenta para muchos opositores y público municipal y espeso en general que quiera acceder a puestos de la Comunidad Autónoma. No conformes con ese retruécano legal, a los mandarines gubernamentales no se les ha ocurrido otra cosa que nombrar directora general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa a la ex alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Jesús María Armas Domínguez, más conocida como Susa Armas. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, pedagogía en la especialidad de Política y Administración Educativa, no reúne los requisitos que aparecen en el reglamento del organismo que ahora pasa a dirigir. En concreto, su artículo 9.1 dice que la persona debe ser nombrada tras oír al Consejo Rector y ser seleccionada “de entre profesores de reconocido prestigio en el ámbito de la docencia e investigación con más de quince años de ejercicio profesional”. Pues bien, Susa Armas no goza de ese reconocido prestigio y no ha ejercido la investigación ni un mes, y lo que es peor, su nombramiento se ha efectuado sin consultar al Consejo Rector. En las universidades están que trinan porque conocen a la perfección las competencias del cargo en un órgano llamado a “evaluar nuestro sistema universitario” y “promover las actuaciones necesarias para que las universidades canarias se doten de los instrumentos necesarios para garantizar la calidad interna de sus enseñanzas, de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de su profesorado, así como las actividades, programas, servicios y gestión de sus centros e instituciones”. Susa Armas ha alcanzado ese puesto sencillamente por contentar a la cuota palmera de Coalición Canaria. Luego diremos que nuestras universidades van de culo.

 

Medio PSOE, en la oposición

Tras un repaso leve por los nombramientos de este agitado Gobierno de Canarias, volvamos a la comparecencia pública de este lunes del secretario general de los socialistas canarios. En ausencia de la vicepresidenta, Patricia Hernández, de baja por maternidad (le enviamos todo tipo de parabienes) y con el grupo parlamentario de vacaciones o escondido debajo de una laja como lagartijas, ha tenido que ser José Miguel Pérez el que pusiera algunos puntos sobre las íes. Con la experiencia que otorga haber tratado (por llamarlo de algún modo) durante cuatro años con el Gobierno de Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE ha lanzado un par de avisos a navegantes que es necesario tener en consideración. De entrada, es una engañifa más de las de Soria lo del maná en forma de millones que vienen para acá, entre otras cosas porque 187 de ellos son productos de una liquidación presupuestaria que corresponde por narices a Canarias. Peor es la rebaja del límite del déficit, que pasa del 0,7% al 0,3% del presupuesto, lo que supone pasar de 280 a 120 millones de límite. Se autoriza a Canarias un techo de gasto de entre 90 y 100 millones de euros, de los que 82 se irán impepinablemente a pagar la extra escamoteada a los funcionarios públicos y a subirles el sueldo el 1% que ha decidido el Gobierno de Rajoy en pleno desafuero electoralista. ¿Y los 15 millones del anillo insular de Tenerife? Cuidado, porque esa partida, como la que irá destinada a la carretera de La Aldea, se mandará fuera de los convenios de carreteras con el Estado, es decir, que hay que cofinanciar con dinero autonómico. Si vinieran vía convenio, Madrid pagaría el cien por cien de la obra salvo sobrecostes o modificados. Pero el convenio de carreteras, para amargura de los que en el PSOE se creyeron que cogiendo Obras Públicas iban a lucirse, sigue estancado en los 56 millones frente a los 250 del último Gobierno de Zapatero. Ha tenido que vestirse de oposición el secretario general de los socialistas canarios para recordar al Gobierno del que forma parte su partido que él también empezó su mandato en 2011 con espíritu negociador, y el primer presupuesto del Estado supuso la primera y dura sacudida, un taponazo de revancha de Soria del que todavía nos estamos recuperando. Habrá que esperar a los de 2016, recién presentados en el Congreso, a ver en qué queda ese buen rollito entre Soria y Clavijo.

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