Cuando una consigna es ordenada en el Partido Popular (el de Canarias y cualquier otro) no hay quien rechiste. Nadie propone a la dirección algún requiebro, una táctica que pueda evitar el ridículo, o un subterfugio hacia cuestiones más rentables y menos arriesgadas. Soria encargó en su día al ex diputado Víctor Moreno que atacara a la Radiotelevisión Canaria por tierra, mar y aire, y hasta que marchó a Madrid como merecido premio a sus desvelos televisivos, Moreno mordió y mordió sin parar, sin miedo al patinazo más bochornoso. Le ha sucedido en el puesto de martillo pilón una de nuestras señorías preferidas, Águeda Montelongo, que esta semana se ha lanzado con un comunicado marca de la casa que, entre otras cosas, acusa a Paulino Rivero de mantener al frente del invento a Willy García, al que la Audiencia de Cuentas ha afeado una pila de contratos efectuados sin el mínimo rigor administrativo, sin eficiencia y sin seriedad maldita. Lo adelantó este periódico en diciembre de 2012, cuando el informe era sólo un borrador, y lo hemos desmenuzado para todos ustedes hace unos días cuando se elevó a definitivo. No tiene mucha defensa la gestión de García en ese campo, y no vamos a ser nosotros los que le defendamos. Montelongo y su partido, sin embargo, tienen demasiados cadáveres en el armario como para afirmar, como ha hecho la dirigente conservadora majorera que el director general del ente “ha cometido durante cuatro años irregularidades en la gestión de casi 300 millones de euros, incumpliendo la Ley de la Hacienda Pública Canaria, sin transparencia ni rigor en el gasto”. La señora diputada pasa de puntillas por los cuatro años a los que refiere esa funesta gestión, 2007-2011, quizás porque hasta octubre de 2010 fue consejero de Economía y Hacienda, y por lo tanto responsable de la fiscalización de la Comunidad Autónoma, nada menos que José Manuel Soria, el jefe que le ha ordenado que continúe mordiendo el hueso que dejó roído Víctor Moreno. Montelongo, además, tiene sobre sus espaldas un antecedente de mala gestora de los fondos públicos que en rigor debiera obligarle a callar: el caso Patronato. No es que se contratara mal, es que directamente se malversó dinero público para agasajar a autoridades del PP en sus cuchipandas en Fuerteventura. No aguantan la prueba del nueve y buscan la paja en ojo ajeno.