Guillermo Núñez no puede alegar sorpresa ante su imputación en el Supremo por el caso García Cabrera porque ya lo venía advirtiendo Justicia y Sociedad en su personación. Su participación como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz durante los episodios investigados lo convierten en colaborador necesario de la trama. Fue durante muchos años estrecho colaborador de Zerolo, primero como profesor de Hacienda Pública durante el tiempo que el hoy senador pasó en la Facultad de Derecho de La Laguna, licenciatura que jamás ejerció. Luego como asesor económico y finalmente como concejal con mando en plaza. A Núñez se le atribuyen, entre otras hazañas, haber sido quien ayudó a Zerolo a privatizar la empresa municipal de aguas de Santa Cruz, Emmasa, que funcionaba de manera satisfactoria para los vecinos pero que fue vendida por 10.000 millones de pesetas ante la necesidad del Ayuntamiento de tapar el agujero de liquidez provocado por la compra de Las Teresitas, el escándalo por antonomasia. Núñez, que empezó su vida política en la UPC y la acabó en las redes de ATI, fue capaz de cargarse a dos interventores municipales por haber informado desfavorablemente la privatización de Emmasa y sólo mantuvo al tercero que le llegó porque dictaminó conforme a las pretensiones zerolianas. Como saben, esa operación quedó anulada en 2009 por los tribunales, y todavía anda el Ayuntamiento dándole para adelante y para atrás a ver cómo consigue ejecutar la sentencia. El asunto se resolvió desde el punto de vista administrativo pero está pendiente de que la Fiscalía le meta mano por la vía penal. Así que tendremos Guillermo Núñez para rato.