Tampoco se atreverá Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, a pedir a Carlos Sánchez que dimita y le entregue su acta de consejero de la Corporación. No es de recibo en los tiempos que corren tener al frente de un área tan sensible y tan sobrecogedora como la de Obras Públicas a un político acusado de delitos relacionados con la corrupción, capaz de decretar que él no paga impuestos porque es el más listo de la clase. Es el mismo consejero que no hace más de un mes fue acusado abiertamente por una ingeniería canaria de amañar la adjudicación de un concurso para dárselo a la compañía de un amigo. Sorprendido en la escaramuza, tuvo que dar marcha atrás y permitir que la mesa de contratación adjudicase los famosos concursos de los vertederos a la ingeniería que había resultado la mejor posicionada por los técnicos especialistas de la Corporación. Bravo de Laguna conoce al detalle ese requiebro que quiso hacer Sánchez, como conoce de primera mano todas las trapisondas urbanísticas y hacendísticas que ejecutó en su etapa de concejal en Santa Brígida, donde compañía escaño con el que hoy es alcalde y consejero de Deportes, Lucas Bravo de Laguna, hijo del anterior e investido heredero del clan político familiar. El presidente está tardando en actuar, estatutos del partido en mano, sentido común y honradez en la otra, y apartar de inmediato a este consejero de la gestión de lo público. Porque si a lo largo de lo que queda de mandato saltara cualquier otro asunto escandaloso como este, será corresponsable directo por permitir que personajes así sobrevivan en la política a pesar de ser indignos de ella.