La justicia ha hablado en su jurisdicción contencioso-administrativa veinte años después de que se tomara la primera decisión en torno a la montaña de Tindaya (en 1993 se contrató la redacción del Plan Especial). Pero no ha hablado, ni hablará nunca, porque nunca se consiguió que prosperaran las iniciativas, de las posibles responsabilidades penales de los que tuvieron que ver con la tramitación de un expediente que nació en una empresa pública ya fenecida, Saturno, en base a una idea que pudo haber sido genial si no hubieran confluido a su alrededor tantos comportamientos sospechosos. Se trataba de hacer viable una visión de Chillida de convertir la montaña sagrada, rica en yacimientos aborígenes y en valores naturales, en un monumento en forma de cubo de 50 metros por cada uno de sus lados producto de su vaciado interior. Un destrozo, para los que desde el principio defendieron la conservación de la montaña; un atractivo turístico, para los que apostaron por su declaración de interés general y por su ejecución; un negocio inmejorable para la empresa titular de la explotación minera, Cabo Verde, S.A., la del famoso Rafael Bittini, que luego repetiría operación ?frustrada esta vez- en Tebeto, y una oportunidad sobrecogedora para todos aquellos que, pasando por los alrededores, se aprovecharon de tanta confluencia de intereses. El resultado final ha sido una descomunal sangría económica para las arcas de la Comunidad Autónoma entre compra de participaciones, avales, catas, sondeos y estudios varios, que podría superar con creces los diez millones de euros, y el destrozo de un bien de interés cultural que ahora ni siquiera podrá servir como emblemático atractivo turístico, una vez frustrado el proyecto escultórico y deteriorados irreversiblemente sus yacimientos arqueológicos por la desidia de las autoridades y el paso de la maquinaria que trató de demostrar que aquello se podía vaciar. Todo se podía haber hecho de otra forma, de la forma que el diputado Padrón expuso ante sus señorías en ese pleno de 1996: expropiar a Rafael Bittini por el valor de la explotación en sus últimos tres años (ocho millones de pesetas, 48.000 euros al cambio de hoy) y aprobar antes de hacerse con el negocio las normas de conservación de la montaña, justo lo que ahora ha dictaminado la justicia. Esas normas de conservación ahora desbaratadas permitían como uso autorizable las extracciones mineras cuya ejecución sea parte de la construcción de un equipamiento de ocio general para toda el área protegida“. Nuestras autoridades optaron por la vía más sospechosa: resolverle a Bittini los graves problemas financieros de su compañía inyectándole de entrada 900 millones de pesetas, adjudicar a dedo las obras, avalar a la constructora por adelantar el dinero con el que pagar al empresario y acabar pagando el aval, convenientemente ejecutado sin mover ni una sola piedra del proyecto. Peor, imposible. Lo advertía en ese pleno de hace diecisiete años Carmelo Padrón: ”Estamos en condiciones de decir que el Gobierno de Canarias, los responsables de Saturno, han estado más interesados en los intereses privados que en los intereses públicos“.