Cardona contra Cardona

Ahí lo tienen, en todo su esplendor. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria amenaza con ir de nuevo a la Fiscalía por asuntos relacionados con la empresa mixta Emalsa, de la que el Ayuntamiento sigue teniendo un 34% y que el propio Juan José Cardona preside. Ya lo hizo cuando, armado con unos recortes de prensa, denunció que la gestión de la empresa era opaca y sospechosa de administración desleal, y ahora por provocar unos vertidos de aguas residuales al mar por una archiconocida funesta gestión de las aguas residuales de la ciudad. Pero, por el camino, ha dado miles de vueltas alrededor del nombramiento de un interventor que supervise las cuentas de esa misma sociedad, como si no fuera su obligación como presidente de su consejo de administración la exigencia de la máxima eficacia y la transparencia. Y por dos motivos más que evidentes: porque se trata de una sociedad anónima donde el Consistorio tiene la mayoría y porque se ocupa de un servicio vital para la ciudad, el del ciclo integral del agua, con una amenaza siempre latente de desabastecimiento por cualquier circunstancia técnica, ambiental o, como vemos ahora, política. Ya veníamos avisando en este periódico de que la denuncia de Cardona contra determinados administradores de Emalsa podría volverse en su contra, y los primeros testimonios de los imputados en esa causa no arroja de momento mucha luz sobre la nefasta gestión que este y anteriores gobiernos municipales han ejercido sobre ella. Que un consejo de administración haya permitido históricamente que se contrataran servicios de obras y mantenimiento a una empresa participada por los socios privados sin que exista ni un solo informe en contra ni una decisión controvertida en el consejo de administración, no anima a una sospecha parcial de delito, sino colectiva. Pero si, como dicen los denunciados, logran responder legalmente por cada uno de los actos puestos en solfa, el despliegue de fuegos artificiales puede quedar, como casi siempre, en fatuos. Pero, en el peor de los casos, ¿dónde empieza la responsabilidad personal y dónde la del órgano administrativo? ¿Qué habían hecho hasta ahora los funcionarios y políticos responsabilizados del diligente uso de los bienes públicos en esa sociedad?

Una denuncia boomerang

Dejemos, como dice el soniquete, que actúe la justicia y que el juez de instrucción 6 de Las Palmas, con la fiscal Evangelina Ríos como coadyuvante, profundicen en las actividades de la sociedad hasta ver si el objetivo político perseguido (el asesinato cívico del empresario Rafael Bravo de Laguna) no termina por fracasar y dirigir toda su carga pesada contra los que lo maquinaron. Ahora toca volver a denunciar a Emalsa desde la presidencia de la propia compañía, y hacerlo por los reiterados (e históricos) vertidos de aguas fecales al litoral de la ciudad por un pésimo tratamiento de las aguas residuales o por el defectuoso mantenimiento de las redes de evacuación. Que existen responsabilidades parece más que evidente, y no solamente las ambientales, que ya son. Sorprende en este punto la desesperante ineptitud de la Fiscalía de Delitos Ambientales, tan ávida de protagonismo y tan dada a la acción en ocasiones de menor enjuncia, pero completamente apagada en este asunto. Pero, delitos contra el medio ambiente aparte, ¿qué tiene que decir a sus conciudadanos un Ayuntamiento que carga en el recibo del agua una tasa fija de depuración de aguas residuales? ¿Cuánto tiempo se ha venido cargando sobre la espalda de los contribuyentes el coste de un servicio que, en el mejor de los casos, se está prestando de manera defectuosa? ¿Quién está cometiendo la estafa? ¿La compañía que no cumple con sus obligaciones o el intermediario entre esta y los vecinos, el pleno del Ayuntamiento (junta general de accionistas de Emalsa) que aprueba los precios del agua y sus derivados y no hace el menor seguimiento de que se adecuan a la realidad? Hasta el otro día (salvo que algún viernes de estos lo haya cambiado el Consejo de Ministros) las responsabilidades penales de una sociedad anónima recaían sobre sus órganos de administración, salvo que haya terciado alguna decisión previa abriendo una investigación que haya identificado a los culpables. Por lo tanto, si hay delito en la gestión de Emalsa, su consejo de administración y su junta general de accionistas harían bien en ir preparando una buena defensa.

Claudio Guión está que se sale

Pero para buena defensa la que se ha agenciado el coordinador general de Presidencia del mismo Ayuntamiento del que hoy nos ocupamos. Claudio-Alberto Rivero, una de las personas que mayor poder acumula en la Corporación de Las Palmas de Gran Canaria, está protagonizando él solito, pero con al respaldo del alcalde, una sucesión vergonzosa de acontecimientos que destrozan la convivencia laboral en la institución y están suponiendo un importante quebranto a sus arcas. Tras la apoteósica anulación de los presupuestos municipales para 2014 por culpa de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) impuesta manu militari, la oposición ha descubierto que don Claudio-Alberto gasta más de 5.000 euros en abogados para que le defiendan personalmente por varias acciones penales, dos impuestas contra él por los sindicatos, y una tercera a iniciativa suya tras haber sido abucheado en una terraza de copas por trabajadores municipales a los que, por lo general, no cae muy bien. Dando por descontado que las causas judiciales en las que se pueda ver envuelto un cargo público en el ejercicio de sus funciones podrían correr por cuenta de la Administración, no tiene pase alguno que Rivero haya acudido a abogados de la calle para su defensa teniendo como tiene el Ayuntamiento unos esplendorosos servicios jurídicos. Y si no los tiene tan esplendorosos como sería de desear, la responsabilidad también sería suya, que para eso es el jefe máximo de la cosa. La Intervención municipal le ha echado atrás el pago de esos 5.000 euros por considerar que todo un coordinador general ha tramitado el expediente como le ha dado la gana, y que ha contratado a los letrados sin evacuar consultas previas. Y cree, además, ese órgano que recibir abucheos en una terraza de copas no es acción imputable al ejercicio del cargo, sino a la carga que el cargo supone, a lo que, dicho sea de paso, se someten cada día miles de políticos de toda España sin pasar la minuta a las instituciones. Pero es que en el caso de Claudio Guión Alberto confluyen otras circunstancias, verbigracia su altanería y los escasos hábitos democráticos y de respeto por la legalidad, como acreditan numerosas sentencias judiciales. Lo advertimos aquí cuando Cardona lo fichó como una súper-estrella; conocíamos su paso por la Secretaría General Técnica de Turismo, donde todavía resuena el suspiro de alivio cuando se lo llevaron para el Ayuntamiento.

El Jaber siempre vuelve

Si no fuera porque sabemos que acude a todas las sesiones parlamentarias para cobrar las correspondientes dietas, casi estaríamos en condiciones de afirmar que el parlamentario canario Felipe Afonso El Jaber, del tercio del PP, había abandonado la política. Su trayectoria no contribuiría, desde luego, a echarlo de menos en ningún momento. Fue concejal de Urbanismo en los años en que Pepa Luzardo fue alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y pasarán décadas antes de que la ciudad termine de recuperarse de los disparates urbanísticos que infringió y que consintió, que en muchos casos se traducen (y se seguirán traduciendo) en dolorosas sentencias judiciales con fuertes indemnizaciones. El Jaber sólo aparece cuando hay bronca, muy al estilo de ese maestro nacional que tienen los políticos regionales del PP, el tal González Pons. A este diputado canario se le encomendó este fin de semana salir a atacar a Paquita Luengo por haber tenido “el descaro” de presentarse en el acto anual del Cabildo de Gran Canaria a recoger el Can de Plata que esa Corporación ha concedido al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), envuelto hasta el otro día en una dura polémica que puso en riesgo su continuidad. El Jaber acusó a Luengo de ponerse una medalla por el mérito de un órgano que a punto estuvo de hacer fenecer, olvidando algunos datos muy reveladores que es conveniente traer a colación. El primero, sin duda, que se alcanzó un acuerdo en el ITC tras meses de mucha tensión, luego el organismo permanece y sigue siendo presidido por la denostada consejera. Dato número dos: el ITC se salvó a pesar del Partido Popular, que no sólo se frotaba las manos ante la inminencia de su cierre, sino que no puso nada de su parte cuando se reclamó que se rascara el bolsillo para salvarlo al mismo Cabildo que ahora lo premia. Tercer dato: la consejera que creó el ITC en 1992 se llama Francisca Luengo, luego ya que le dan un premio, hasta viene bien que ella sea ahora quien represente al premiado. Y cuarto dato, el aportado en un duro comunicado por la misma apremiada: el ITC estuvo a punto de desaparecer, entre otras cosas, por una plantilla sobredimensionada que el PP se encargó en su día de engordar a base de enchufes, a los que el comité de empresa se opuso frontalmente sin éxito alguno. Pero la buena noticia es que la política sigue contando con el concurso audaz de este diputado llamado Felipe Afonso El Jaber.