El PSOE pica en el anzuelo de los casinos

El error de haber pactado su último congreso regional con la facción del PSOE tinerfeño contraria a Javier Abreu sigue pasándole factura al secretario general regional de los socialistas, José Miguel Pérez. Las clamorosas pérdidas de alcaldías por sandungueras mociones de censura, la constante provocación al socio de Coalición Canaria, las carantoñas al PP y las indisciplinas no han cesado desde que Manuel Fumero y Rafael Yanes se pudieron al frente de la organización en Tenerife con el único fin de que no la ocupara la gente del primer teniente de alcalde de La Laguna. La torpeza que muchos atribuyen a Pérez conduciendo al partido se queda en pañales a la hora de comprobar cómo la Ejecutiva Insular pica constantemente en el anzuelo que le lanza la dirección de Coalición Canaria en la isla para poner el pacto de Paulino Rivero con el PSOE en un constante brete. La última se está viviendo en estos momentos con la absurda polémica suscitada en torno a la privatización de los tres casinos propiedad del Cabildo Insular (Taoro, Las Américas y Mencey), que la Corporación ha acordado sacar a subasta para quitarse de encima la carga y sanear de alguna manera las maltrechas cuentas, lastradas por unos 400 millones de euros de deudas. Lejos de debatir los graves problemas que sufre Tenerife (hospitales del norte y del sur, calidad de las aguas de abasto, carreteras, etcétera), la Ejecutiva Insular dedicó monográficamente su última sesión a los casinos, acordando desdecirse de la postura que sus consejeros adoptaron en la última sesión plenaria del Cabildo. Ahora no quieren la venta de ese negocio, pero en realidad parecen ignorar (y si lo saben es todavía peor) que la operación de uno de ellos, el de Las Américas, en Adeje, ya está hecha.

Un pacto de los Fraga

A esa Ejecutiva Insular del PSOE de Tenerife asistió su vicesecretaria general, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, a su vez viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, es decir, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia, al mando de Francisco Hernández Spínola. ¿Ya lo van cuadrando? La señora Rodríguez Fraga es hermana del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, donde se encuentra uno de los tres casinos en trance de privatizarse, el de Las Américas. La señora viceconsejera votó junto a sus compañeros de Ejecutiva (las crónicas aseguran que la decisión fue unánime) en contra de la decisión del Cabildo que preside Carlos Alonso, Coalición Canaria, ocultando que ella y su hermano ya tenían articulado un acuerdo para permitir al empresario grancanario Ambrosio Jiménez tener licencia de casino en el comercial que le ha sido autorizado en esa localidad no sin una abierta guerra con otros empresarios como Amid Hachi. Quien quiera que se quede con la licencia del casino en Adeje ya tiene dónde instalarse, en el nuevo centro comercial que tiene autorizado Ambrosio Jiménez, porque ahí estará localizada la licencia que tiene que otorgar la señora viceconsejera. Cuesta trabajo creer que lo sepa medio PSOE de Tenerife y que la Ejecutiva Insular haya obrado de manera tan arriesgada, dando la satisfacción al sector crítico de CC contrario a la continuidad de Paulino Rivero de poder llevar el conflicto a la mesa del pacto. A ver qué le explica Spínola a José Miguel Pérez de su viceconsejera y de su Ejecutiva Insular de Tenerife.

Mena y Reyes acosan y se escabullen

Otra argucia legal (y van unas cuantas) permitió este jueves una nueva suspensión del juicio penal contra el concejal teldense Guillermo Reyes y su ojito derecho, el multi-imputado José Luis Mena, ex jefe de Urbanismo del mismo ayuntamiento, acusados ambos de haber cometido un delito contra la integridad moral en la persona de un funcionario municipal. La fiscalía pide para ellos y contra la colaboradora necesaria María Jesús Santana, la pena de dieciocho meses de cárcel por cabeza y la correspondiente inhabilitación por tres años por haber machacado al funcionario Raúl Santana en aquel cuatrienio negro que vivió la ciudad de Telde entre 2003 y 2007. Sí, como lo leen, diez años después de que empezara el rosario de acoso laboral al denunciante, todavía el juicio no ha podido celebrarse gracias a las piruetas legales de los abogados de los acusados que ya consiguieron hace casi un año una suspensión al bombardear a la juez de Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria con una tonga de cuestiones previas cuyo análisis obligó a la demora. Entonces llegaron a pedir la nulidad de la causa alegando prescripción y defectos formales, algunos de los cuales tardaron diez años en detectar, por lo que parece. A Raúl Santana lo sometieron estos acusados a un martirio personal al removerlo de su puesto en Urbanismo y colocarlo en un lugar que la Inspección de Trabajo consideró inadecuado para el ejercicio de cualquier labor. Lo denigraron poniéndole una mesa, una silla, un montón de folios y un bolígrafo en un claro gesto de represalia que ya fue juzgado por la vía Contencioso-Administrativa con la correspondiente condena de 12.000 euros al Ayuntamiento infractor. Ahora que hay que dilucidar las responsabilidades penales, los acusados se resisten a dar la cara. La argucia de este jueves fue que el abogado de Mena, el famoso José Gerardo Ruiz Pasquau, contratado por el acusado como asesor externo del Ayuntamiento en 2013 con emolumentos cercanos a los 100.000 euros, tenía una cita judicial más importante que esta, fijada hace once meses.

El segundo banquillo de Mena

Con esta suspensión del juicio por acoso moral, aplazado al mes de octubre, José Luis Mena consigue que no coincidan en el tiempo dos estancias suyas en el banquillo porque, como saben, el ex jefe de Urbanismo de Telde y componedor de las trapisondas más sonadas de cuantas han sufrido en esa ciudad, responde estos meses en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la acusación de los delitos de falsedad y cohecho, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para él nada menos que ocho años de cárcel y una multa de 90.000 euros. Ese juicio, el del Grupo Europa, también ha sufrido memorables retrasos gracias a las piruetas de los abogados de las defensas, que llegaron a denunciar al anterior presidente del TSJC por componer mal la sala que les habría de juzgar. Con el tiempo transcurrido, es seguro que los letrados pedirán una reducción de condenas invocando dilaciones indebidas, lo que seguramente hará Ruiz Pasquau cuando por fin en octubre se celebre el dos veces suspendido juicio del acoso moral presuntamente ejecutado por su cliente y otros dos más. Pero no sólo tiene Mena estos dos juicios en su agenda. Sin que se conozca fecha todavía, más pronto que tarde se celebrará uno que habrá de ser crucial en su carrerón judicial: el de la falsificación presunta de los documentos que llevaron a que fuera condenado en primera instancia (luego absuelto por la Audiencia Provincial) el ex concejal de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez. Si por hache o por be el señor Mena fuera encontrado culpable y condenado en firme por todos los delitos que le cuelgan solo en estos tres casos, y dependiendo del momento en que puedan computarse antecedentes penales a partir de la firmeza de la primera sentencia, mucho nos tememos que tardaría unos cuantos años en salir del Salto del Negro. Y todavía anda por ahí exigiendo derechos y prebendas, boicoteando la labor del departamento de Urbanismo y metiendo demandas de protección de su honor. Típico.