La causa que conduce al dueño del día al banquillo de los acusados este lunes de enero tiene su origen en un editorial que publicó en 2010. En él se quejaba amargamente, al tiempo que repartía insultos y acusaciones por doquier, de que una juez de Las Palmas, María Victoria Rosell, le hubiera archivado una querella que él interpuso contra la periodista Teresa Cárdenes, entonces subdirectora de La Provincia. La magistrada, tras abrir diligencias y recibir la declaración de la querellada, las archivó y condenó al querellante al pago de las costas judiciales, resolución que fue confirmada por la Audiencia Judicial con el respaldo permanente de la Fiscalía frente a todos los recursos del inefable don José que se estrellaron incluso en el Supremo. Desde entonces, Rodríguez Ramírez no ha parado de acusar a la juez (no a los magistrados de la Audiencia ni al Ministerio Fiscal) de prevaricar y de insultarla gravemente con alusiones graves a su vida privada acompañadas de injurias irreproducibles. La juez pidió en 2010 el amparo al Poder Judicial, que se lo otorgó con consideraciones como esta: “Los artículos y editoriales que han sido publicados en contra de la referida magistrada, más allá del legítimo ejercicio de la crítica de las resoluciones judiciales, pretenden atentar contra la independencia judicial, no se encuentran amparados por el derecho constitucional a la libertad de expresión, y por ello, objetivamente considerados pueden poner en peligro el valor constitucional de la independencia judicial”. Por lo tanto, pretender engañar a sus lectores (y este lunes, a su señoría) haciéndose pasar por víctima de una persecución de la metrópoli no solo es una memez de gigantesco tamaño y una mentira vergonzosa, sino una nueva muestra de las ínfulas caudillistas y egocéntricas que padece el editorialista cuando se sienta a parir sus editoriales.