Pero la trama no la dirigía Castellano, la dirigía Toñi Torres, siempre según las apreciaciones del fiscal. Junto a ella, formaban el equipo dirigente el todavía interventor municipal, Enrique Orts, su esposo; el concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, y el alcalde, Francisco Valido. En el siguiente escalafón ejecutivo de la trama aparece Francisco Gordillo, que una vez detenido pasa a ser el principal colaborador de la Policía, el que tira de la manta y ayuda a descubrirlo todo. O casi todo. Pero a esa banda, el fiscal añade los nombres de unos funcionarios municipales cuyo concurso pudo haber sido decisivo para que las operaciones supuestamente delictivas pudieran prosperar. De entre ellos, Del Río resalta a Jorge Rodríguez Rodríguez y Esteban Cabrera Guerra. Este último se lleva la mayor petición de condena, nada menos que trece años de cárcel. Funcionarios como José Luis Mena, que aparece casi siempre que hay un escándalo de corrupción haciendo de las suyas, también figuran en el listado del fiscal. En este caso, otorgando la cédula de habitabilidad de una casa de Francisco Gordillo seis días antes de que se le concediera la licencia de primera ocupación, que encima venía viciada. Esos sí, Mena firma pero sutilmente deja que en el documento aparezca el pie de firma del concejal Guillermo Reyes, que al igual que su mano derecha, Orts, Cabrera? sigue cobrando del erario público sin que la justicia se haya detenido más allá de alguna escaramuza para investigarlo mínimamente. ¿Y el ex alcalde de Telde? Pues ya ven, Paco Valido optó por la discreción pero tampoco a él lo ha dejado el partido en la cuneta: cobra un suculento sueldo del Cabildo de Gran Canaria por gestionar un supuesto plan de embellecimiento de los márgenes de la autopista del Sur. El fiscal pide para él seis años de prisión y 22 de inhabilitación, además de una multa de 1.274.441 euros. Bravo, como ya saben de sobra, no hace ascos a nada ni a nadie.