La ley de consultas que el PP (junto a CC) llevó al Parlamento

Lo tiene verdaderamente difícil el Partido Popular de Canarias para explicarse. Una vez más. La ley de fomento de la participación ciudadana en la que se ha basado el Gobierno de Paulino Rivero para convocar para el 23 de noviembre la consulta sobre las prospecciones petrolíferas, o mejor dicho, sobre el modelo económico archipielágico, la llevó al Parlamento el PP de José Manuel Soria, cogidito de la mano de Coalición Canaria, en 2010. Gobernaba por entonces en España un tal José Luis Rodríguez Zapatero, contra el que valía cualquier mortificación con tal de desgastarle en su tarea. Aquel proyecto de Ley que la muchachada de Soria, por entonces presidente del Grupo Parlamentario Popular, contenía un término maldito, la palabra referéndum, que fue retirada a última hora para evitar un recurso de inconstitucionalidad gracias a una enmienda del PSOE que defendió el socialista Santiago Pérez. El mismo que a día de hoy (y en Canarias Ahora tienen un par de artículos reveladores) sigue oponiéndose a este tipo de consultas por considerar que encierra trampa y, al igual que la catalana, incumbir a todo el país. Lo tendrá complicado el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir que prospere un recurso ante el Tribunal Constitucional porque ni la ley ni la pregunta contravienen los principios de la Carta Magna: la ley no fue recurrida en su momento, y los decretos y la pregunta dada a conocer este viernes no invaden competencias estatales de ningún tipo. No se pregunta nada que tenga que ver con las aguas territoriales, anatema soriano; ni sobre la Ley de Hidrocarburos y la soberanía energética de la nación; ni siquiera por la compañía (la mala compañía de Soria) Repsol, que al fin y al cabo es una empresa privada cuyos intereses han de estar supeditados a los de la ciudadanía. Muy sibilinamente se preguntará a los canarios (si nos dejan) sobre el modelo económico y sobre la incompatibilidad que el actual (medio ambiente y turismo) tiene con la extracción de hidrocarburos.

Una cuestión de plazos

Soria y sus mariachis ya habían anunciado, antes de conocer los decretos de la convocatoria y la pregunta que se va a formular, que a Canarias le van a caer recursos bíblicos por la consulta sobre las prospecciones. El caldo de cultivo es propicio en medio del fragor de lo que lo que se ha dado en llamar en la meseta el desafío soberanista catalán, que no viene a ser otra cosa (y perdón por la reducción) que una respuesta atronadora a un constante desdén político y financiero por parte de Madrid. Cualquier autonomía, nacionalidad o país de esta España sandunguera sabe que plantear cualquier salida de tono se va a tropezar con el mazo centrípeto del Estado, que considera todo esto zarandajas de un modelo de Estado con el que quiere acabar de un manotazo. Pero en el caso de la consulta canaria, todo se reduce a una ecuación puramente de plazos, con sus naturales aditamentos políticos. El ministro de Industria, que ya se encargó de volver a ejercer de vocero de Repsol anunciando para finales de noviembre (justo para después de la consulta) el inicio de las prospecciones, sabe que el Gobierno tiene fácil activar sus piezas en el Tribunal Constitucional para que de inmediato admita un recurso contra la consulta canaria y suspenda los decretos de su convocatoria. Pero la ley obliga al Constitucional, en el plazo máximo de cinco meses, a dar audiencia a la parte afectada y a fundamentar cualquier decisión. Durante esos largos cinco meses, Repsol habrá tenido tiempo de sondear el primer pozo y de saber si hay o no petróleo y de qué calidad, plazo suficiente para que el señor ministro se ponga una medalla (si hay chicha) o cargue contra Rivero alegando que para el resultado final no habría hecho falta tanto ruido. El más palpable ejemplo del valor de esos plazos lo hemos tenido recientemente con la ley de modernización turística, suspendida cautelarmente por el Constitucional y desbloqueada cinco meses después, cuando el ruido ya había pasado y hasta el PP se había domesticado ante la cuestión.

El TSJC, donde asan la manteca

José Manuel Antón Marín, el cabecilla del caso Grupo Europa, condenado por corrupción, vive en Costa Rica. No es una afirmación producto de una ardua investigación periodística o judicial: lo dijo él, casi jactándose ante una atónita audiencia, en una de las sesiones del largo juicio por el primer caso de corrupción de envergadura en el que se vio envuelto el Partido Popular de Canarias. Este jueves se presentó en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con un gran bolso de mano previendo que el tribunal lo mandaría a la cárcel, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que sostiene que hay riesgo evidente de fuga. La vistilla se anticipó porque la Policía había detectado que Antón Marín había renovado su pasaporte en Madrid, y aunque su condena a cinco años de prisión no es firme, sus circunstancias personales aconsejaron al Ministerio Público tomar medidas que eviten su fuga. Pero el tribunal constituido a tal fin, presidido por el nuevo presidente del TSJ de Canarias, Antonio Doreste, en lo que ha sido su primera intervención profesional tras los fastos de su toma de posesión, ha decidido no dar la razón al fiscal y dejar a Antón Marín en libertad y sin fianza, con la única obligación de comparecer una vez al mes en un juzgado a firmar. Igual suerte habrá de correr el condenado José Luis Mena, ex jefe de Urbanismo de Telde, sobre el que pesa una condena de siete años de cárcel.

Que presida Doreste

Es más que probable que el mismo tribunal no aprecie en Mena riesgo de fuga, a pesar de que en esta causa de Grupo Europa se dio por probado que al menos 380.000 euros de su patrimonio personal tenían ignota procedencia. Mena no pudo ver resuelto su caso, que se aplazó, porque su abogado José Gerardo Ruiz Pasquau no compareció a la vistilla, lo que provocó gran enojo con aparato verbal amplificado de su cliente. Mena tiene un cabreo colosal con su letrado porque no le consiguió la absolución, que sí alcanzó el diputado del PP Jorge Rodríguez. Tras hacerle ganar mucho dinero como asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Telde durante el tiempo que Mena fue responsable de los servicios jurídicos, el condenado creyó que iba a emplearse más a fondo, no solo en la vertiente puramente jurídica, sino también en la política, que ya se sabe que en estas capas altas de la atmósfera tienen más peso que el Código Penal en su edición de tapa dura. Sí consiguió Pasquau para Mena ver cumplido su deseo de que el tribunal que ha de ver su ingreso preventivo en prisión lo presidiera Antonio Doreste, capricho que no entendemos y que casi preferimos no entender. A Doreste le acompañó otro magistrado cómodo para este tipo de corruptos relacionados con gamberradas del PP, Salvador Alba, integrante de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, cuyo presidente, Emilio Moya, es autor de uno de los desatinos jurídicos más clamorosos de la década, aquel según el cual el juicio del caso Faycan, también de corrupción del PP, mira tú qué cosas, se va debe aplazarse a después de las elecciones municipales de mayo para no perturbar la paz de las urnas. En ese entorno jurídicamente tan edificante de Alba y Moya se llegó a reforzar tan disparatado argumento con una frase lapidaria: Eso de hacer coincidir un juicio a políticos con unas elecciones “no se le ocurre ni al que asó la manteca”. Sí, ya. El pestazo a manteca asada tiraba este jueves para atrás en los alrededores de la calle Málaga, del distrito uno de Las Palmas de Gran Canaria.