Estaríamos, en tal caso, ante un supuesto de cohecho impropio, consistente en agasajar con regalos a un cargo o funcionario público en consideración a su cargo, haya o no haya una contrapartida. Claro que estamos ante una hipótesis de imposible materialización porque el único ciudadano español que es inimputable es el jefe del Estado, o al menos este jefe del Estado. Lo dice la Constitución Española. Sobre la Casa Real española pesa, no sin razón, la generalizada sospecha de que algunos de sus miembros hacen o han hecho negocios en un pasado muy reciente valiéndose precisamente de la pertenencia a ese clan de elegidos, que no electos, a los que nutrimos con un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado, que sólo han infligido un leve recorte del 2% en su partida global para este sufrido año de 2012. Un presupuesto de 8,3 millones de euros que escapa a las leyes de transparencia que empiezan a extenderse muy tímidamente en los ámbitos públicos de España camino de convertirse en una exigencia absolutamente equivalente a la que desde las instituciones se dirigen a los ciudadanos para que suframos las consecuencias de una crisis que esas mismas instituciones son incapaces de resolver.