Águeda Montelongo es de esas diputadas que exprime a la perfección la inmunidad de la que gozan los parlamentarios para ejercer su labor. La ley les protege para que puedan desenvolverse sin condicionantes, sin presiones del exterior, de modo que legislen y fiscalicen al Gobierno de turno de manera libre. Pero agarrándose de esa inviolabilidad, parlamentarios como esta secretaria segunda (y última) de la Cámara legislativa canaria, lanzan insidias contra los adversarios políticos -o el entorno de esos adversarios políticos- haciendo bueno aquel principio de la vulgarización de la propaganda goebeliana, según el cuál cuánto más amplio sea el público a convencer de la mentira, menos esfuerzo mental hay que hacer. Lo que traducido a un lenguaje llano y sencillo viene a ser “enmierda que algo queda”, que de más no eres capaz. Este lunes le tocó al director de Producción de Televisión Canaria, Rubén Fontes, del que Águeda Montelongo dijo que “se dice” que es propietario de una productora privada a la que permanentemente encarga producciones a dedo con dinero del ente público. La acusación, sin aportar ni una sola prueba, la complementó su señoría afirmando que Fontes había abandonado la empresa Videoreport para pasar a ser asesor de Paulino Rivero en asuntos audiovisuales. No acertó ni una, pero ni una. Primero, porque Fontes jamás ha sido empleado de Videoreport, la concesionaria de los servicios informativos de TVC; segundo porque no ha sido nombrado asesor y sigue ocupando su puesto como director de Producción de TVC, pero contratado por el ente público. Y tercero, que es lo peor: no es dueño, ni socio, ni accionista ni partícipe de productora alguna, en concreto de Siete Mares, que es a la que se refería la diputada majorera sin atreverse a mentarla.