Sin llegar a rebasar el límite del disparate que rebasó con creces aquel juez que nos condenó en verso libre por llamar don Pepito a don José (sentencia revocada por la Audiencia Provincial, ahora en el Supremo por recurso del dicharachero editorialista), la magistrada ponente de la sentencia que tanto jolgorio ha causado en el periódico El Día dice cosas realmente curiosas. Por ejemplo, que “las críticas al demandante [Paulino Rivero] se basan en el hecho de entender el editorialista [don Pepito] que alguna de las decisiones del Sr. Rivero (las que son perjudiciales para su medio de comunicación), vulneran precisamente la libertad de expresión y el pluralismo que caracterizan a una sociedad democrática”. Se refiera la señora magistrada a la perreta de Rodríguez Ramírez con el concurso de radios, del que sólo critica el hecho de que a él no le dieran ninguna emisora y sí una a Canarias Ahora, otro de sus desvelos cotidianos. Nuestras entendederas no alcanzan a explicar la relación entre defender la libertad de expresión que un periodista (o editor) puede sentir vulnerada y la utilización para ello del insultos, la injuria y la calumnia. Sí, porque la juez también se despacha muy alegremente la acusación que hace el dueño de El Día de que el concurso fue manipulado por el presidente para joderlo a él, es decir, que Paulino Rivero prevaricó. La condición del demandante de cargo público lo condenan de antemano a soportar la crítica y las zafiedades y groserías, es cierto, y así lo resalta la magistrada ponente. Y para desactivar la vulneración al honor insiste en que hay que contextualizar todos los insultos y acusaciones para llegar a al conclusión de que en sí mismos se los tiene que comer con papas el cargo público. Pero añade algunas consideraciones más que deben ser las que al delirante editorialista ha sacado de quicio hasta el punto de ocultar la sentencia. Dice la magistrada que “el periódico El Día, editado en Tenerife y cuyo propietario y director es el Sr. Rodríguez Ramírez, tiene una línea editorial (firmada por el director) con un sesgo marcadamente independentista e insularista, con una particular visión de cómo deberían independizarse las islas (todas menos Gran Canaria, la otra isla capitalina) de ”España“ o ”la Metrópolis), insistiendo en sus editoriales en los agravios, daño y desprecio con que tratan a los canarios los “españoles”, que tienen a Canarias como una “colonia”. La cita es literal, incluyendo las referencias a Gran Canaria y la ese de metrópoli, lo que nos lleva a concluir que la ponente conoce perfectamente al pavo, sobre todo cuando más adelante refleja su desencanto por el puñetero caso que Paulino le hace con el asunto soberanista en cuestión. Pero lo retrata mejor cuando dice lo siguiente: “Cierto que la propia reiteración, en su caso, puede ser la circunstancia que haga que determinadas declaraciones o juicios resulten a la larga injuriosos, pero en este supuesto concreto, tratándose de un redactor [llama redactor a Don Pepito, debe estar contento] de las características dichas, que siempre se expresa igual e insiste sobre determinado asunto hasta el cansancio, el efecto que produce no es el de desacreditar al actor ante la opinión pública, sino, a lo sumo, una sensación de hartazgo o cuanto menos de reiteración que ya no sorprende ni crea opinión”. Habrá recurso ante el Supremo, y la opinión generalizada es que habrá revolcón a esta sentencia. Pero, mientras tanto, don Pepito acaba de recibir un balón de oxígeno impagable para seguir insultando. Aunque quien lo cometa no cree opinión y pueda estar más sonado que las maracas de Machín (no es el caso), insultar, injuriar y calumniar, están en el ordenamiento jurídico como infracción, incluso penal.