Galería de personajes insuperables

Forman parte casi perenne del universo informativo, pero como corresponde a su propia naturaleza fija discontinua, no siempre han de ser noticia. Estos últimos días se han alineado los astros de manera perversa para que, de repente, como si de una mala secuela de película de serie B se tratara, aparecieran ante nuestras narices algunos personajes que parecían condenados al archivo de Crónicas de un Pueblo. ¿Se acuerdan de Eligio Hernández? Sí, ese, el siempre inquieto letrado lagunero, que ostenta el honor de haber sido el único fiscal general del Estado cuyo nombramiento declaró ilegal el Supremo. Su amplia trayectoria como juez, fiscal general y ahora jurista de reconocida polémica nos acompañará siempre, porque ya se encarga él de recordar permanentemente lo mucho que sabe. Lo hizo, por ejemplo, en la última sesión del juicio por el mamotreto de Las Teresitas, cuando agotó al tribunal y al público en general con una exposición de tres horas de duración que no sirvió absolutamente para nada. Bueno, sí, para que a sus clientes les cayeran penas de prisión (dos y tres años, respectivamente) y quince años de inhabilitación. Una sentencia, por cierto, que ha sentado muy mal al ex magistrado, que en su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha arremetido de manera feroz contra la juez, colgándole atributos que desde luego serían innecesarios si no fuera porque así demuestra Hernández que le cuesta un riñón (y la yema del otro) reprimir lo que quiere que el resto del mundo reprima. “Notoria escasa preparación” en Derecho Administrativo; “negligencia o ignorancia inexcusable”, son algunas de las lindezas que vierte en su escrito Eligio Hernández, público anatema de los jueces estrella, sobre todo de los que no le ríen las gracias.

Un tenor lírico ligero

Cualquiera que se haya metido entre pecho y espalda alguno de los sesudos artículos periodísticos o cualquiera de los escritos judiciales de Eligio Hernández concluye inmediatamente que estamos ante un fascinante personaje, barroco en el verbo, tenor pretendidamente heroico que, traicionado por sus sonoros gallos, apenas queda en lírico ligero. Docto y presto siempre a impartir una clase magistral, especialmente de Derecho, no se amilana ante la posibilidad de extender su pedagogía al comportamiento que han de observar los jueces, especialmente los que puedan a) saber más que él, b) brillar de manera más rutilante, o c) atreverse a meterse con los poderosos. Es en este último aspecto, el de la defensa de la intocabilidad de los poderes tradicionales de Canarias, donde Hernández se ha distinguido especialmente. Por eso creyó siempre, y seguramente así lo hizo saber a sus patrocinados, que el caso del Mamotreto de Las Teresitas era pan comido, un caso de libro de ingeniería política y administrativa que podría cubrir cualquier camión de estiércol que se arrojara sobre la sala de vistas. No hubo suerte, al menos en la primera instancia, y la reacción del ilustre letrado ha sido la de la ira, la de descalificar a la persona, no a la resolución judicial, una veto básico del ordenamiento jurídico y de los modales del Foro, precisamente una de las especialidades del ex luchador herreño. Veremos qué dice la Audiencia, porque burros, lo que vienen siendo burros, vuelan en todas partes.

Silva: De Lorenzo, “un juez del aparato”

Pero para burros volando, los que Elpidio Silva debió haber visto durante sus cinco años de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde ejerció entre los años 2000 a 2005. Lo ha relatado en una eficaz entrevista realizada por nuestro compañero Tinerfe Fumero en Diario de Avisos. Silva, por si no lo han cogido aún, es el famoso juez en excedencia sobre el que pende una causa judicial por prevaricación que amenaza con apartarlo de la carrera durante treinta o cuarenta años por haber metido a un poderoso, Miguel Blesa, en prisión preventiva por los desmanes en Caja Madrid. Ha estado estos días por Tenerife promocionado su opción política, Red, y su libro. Este lunes, precisamente, fue noticia tras haber conseguido la recusación de la juez María Tardón, que tardó un poco (y perdón por el chiste malo) en darse cuenta de que no podía sentarse a juzgar a alguien que había puteado tanto a un alto cargo, como ella también puesto por el PP, y quedarse tan pancha. Silva seguramente acabará siendo inhabilitado para ejercer como juez, pero en lo que llega la sentencia (que tardará un poco más de lo previsto) está levantando las togas, tirando chiringuitos, removiendo conciencias y, sobre todo, provocando a los ciudadanos contra un poder apolillado que no ha reaccionado a las exigencias naturales. En su entrevista con Tinerfe, va a degüello desde la segunda pregunta. “El aparato judicial aquí peca de los grandes problemas que se pueden observar en la Justicia española. Especialmente, mi experiencia con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia fue dantesca. Personas que no están a la altura del poder judicial”. La primera, en la frente. ¿Y quién era entonces el jefe máximo da la casa? Lo aclara él mismo, el magistrado Fernando de Lorenzo, del que dice que desarrollaba “una actividad muy cuestionable” y con el que “desde luego”, no comparte la misma “idea de Justicia”. Dos. ¿Y la tercera? Uf, casi lo peor: “Es un juez de aparato”. ¿Traducimos “aparato” o ustedes mismos se hacen una idea de lo que quería decir el juez Silva?

Andrés Chaves coge el timón (tiembla, Mercedes)

El capitán Francesco Schettino, el del Costa Concordia, acaba de echar la culpa a sus oficiales. Eran ellos los que tenían que haberle prevenido de que las rocas estaban tan cerca. Si lo hubieran hecho se habría evitado la tragedia: 32 muertos y unas pérdidas económicas millonarias. Hace unas semanas que los dos oficiales al mando en el periódico El Día han cogido resuello tras el fallecimiento de José Rodríguez Ramírez, don José. Fueron víctimas naturales de un primer desconcierto, el de sentirse Sancho Panza sin Don Quijote; Ana sin Enrique; la Rana Gustavo sin Coco; Epi sin Blas. Poco a poco se fueron reponiendo, no sin algunas tiranteces propias de quien teme que, aun siendo quienes son y teniendo las prerrogativas que tienen, alguien fuera a endilgarles responsabilidades que hasta entonces sólo habían tenido como amanuenses del desaparecido editor. Pero la propiedad, la heredera Mercedes Rodríguez, les ha investido nuevamente de armados escuderos, y en el editorial de este lunes, por fin, hemos vuelto a contemplar a Andrés Chaves en todo su esplendor, al mando del timón, mirando a los oficiales a los que endilgar las culpas si hay encallamiento. O encanallamiento. La pieza que da comienzo a la semana se la han dedicado, cómo no, al concurso de radios, esa espinita que el Grupo El Día tiene clavada desde que se convenció en terapia grupal de que todo perro pichichi tiene una frecuencia menos ellos. Fue la mejor salida antes de reconocer que les pudo la soberbia y la creencia de que tendrían lo que pedirían por ser quienes eran. Leches. Inmersos en la dinámica propia de los perdedores que buscan conspiraciones donde sólo hay sonoros fracasos, han metido una acción penal en los tribunales para tratar de convertirla luego en palanca con la que solicitar la anulación en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Van aviados porque ya ni el fiscal les hace puñetero caso.

Fernando Ríos, ante la juez

Que sepamos, ya prestó declaración el que fuera presidente de la Mesa de Contratación del concurso de radios, Fernando Ríos Rull, actualmente comisionado para el autogobierno, dependiente de Paulino Rivero. Y allí no se constituyó ni siquiera el Ministerio Fiscal. Por lo que ha trascendido de su declaración y por lo leído en el editorial de El Día, todo apunta a que se ha desinflado una de las patas de la querella: que se escaneó documentación de algunos concursantes para subsanar copias en soporte digital que llegaron defectuosas o no llegaron. Se hizo mediante encomienda al ITC y con el aval de los Servicios Jurídicos, que jamás vieron sospechoso que lo que se presentaba en papel se pasara a un CD para mejor diligenciar. El otro argumento, del que se agarran como clavo ardiendo los abogados de los denunciantes, va a correr la misma suerte. Se acusa a la mesa de haber cambiado las bases del concurso al no haber puntuado los programas de chistes o los de llamadas de los oyentes (sic). Ríos argumentó que la mesa era competente para interpretar las bases en ese punto, y así lo hizo constar en las actas, lo que derrumbaría cualquier sospecha de arbitrariedad u oscurantismo. No hay nada más, o al menos la juez no se interesó por nada más, lo que nos coloca nuevamente en la casilla de salida: ¿los denunciantes perdieron el concurso porque no se valoraron los programas de chistes o de llamadas de los oyentes o porque, sencillamente, presentaron una oferta catastrófica que no mereció la puntuación adecuada para ganar al resto de concursantes?

Cañete contradice a su número 7

Como habrán leído por ahí, estuvo este lunes en Canarias el candidato del PP a las europeas Miguel Árias Cañete, tan campechano como siempre. Tuvo una apretada agenda, tanto mediática como pública, con reunión con la Confederación de Empresarios y acto de afirmación nacional en la soberbia sede del partido en la calle de Venegas, de la capital grancanaria, entre otros fastos. Dijo muchas cosas, como que el responsable del accidente en el tanque de Petrologis en 2010 fue el operario fallecido, Jonathan, al que quería mucho y a cuyo entierro acudió, según dijo a nuestro compañero David Cuesta en Mírame TV. No se escapó de las consabidas preguntas sobre las prospecciones petrolíferas, y estuvo sembrado cuando dejó en paños menores a su candidata número 7, la todavía eurodiputada Rosa Estarás, balear ella, que había anunciado previamente que la Unión Europea echará por tierra las autorizaciones por contravenir las prescripciones ambientales. Pero mientras una decía que hay que apoyarse en los técnicos y que éstos es más que probable informen desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental, el otro, también dando valor a la opinión de los mismos técnicos, desautorizó cualquier veto que pueda proceder de las autoridades europeas de las que pronto va a formar parte. La tiene bien armada el PP con sus contradicciones petroleras, a las que Soria pone sordina con sus cánticos nacionales: esto es competencia del Gobierno de España y al que no le guste, a escupir a la calle. Está bonito.