Muy sencillo, lo que el director de Recursos Humanos traslada a los trabajadores es la decisión del grupo de gobierno del PP de que los conductores y los mecánicos adapten sus horarios a los de los señores y señoras concejales, de modo que puedan disponer de coche oficial durante toda su jornada matutina. Hasta este momento, los conductores entran a las 08.00 en los talleres municipales de La Favorita, esas instalaciones inservibles que José Manuel Soria compró por 12 millones de euros cuando en el mercado se vendían por 5. Una vez allí, los trabajadores fichan y salen a sus correspondientes destinos, mayormente recoger a sus señores concejales en sus casas para trasladarlos al Ayuntamiento. Ese traslado incluye las correspondientes escaramuzas para evitar ser vistos por la ciudadanía, de modo que parezca que están cumpliendo su promesa electoral de no usar el coche oficial. Así, es corriente ver a los ediles subiéndose o bajándose del vehículo una esquina más allá o más acá, para aparecer caminando como si vinieran de la parada de la guagua. Creen que no les han cogido la matrícula hace tiempo, pero cada uno compone su felicidad con los elementos que considera más oportunos. La única que no adopta disimulo alguno es la concejala Carmen Guerra, que no debe haber suscrito promesa alguna y llega y se va en su coche oficial como si fuera una prolongación de su propio despacho o su casa. Dado que los conductores tienen que regresar a La Favorita, repostar el coche y dejarlo en perfecto estado de revista para el día siguiente, hasta ahora abandonaban su puesto en la ciudad a las 14.00 horas, lo que dejaba a los señoritos sin vehículo a partir de esa hora. Con el nuevo horario impuesto manu militari y sin acuerdo alguno con los sindicatos, los conductores tienen tiempo de sobra para salir de La Favorita y llegar al destino donde le espera su respectivo concejal a las 08.00. Y aguantar hasta el límite para no incurrir en indisciplina si sale antes de las tres. Dice la reforma laboral, y así la están aplicando los jueces, que esos cambios sustanciales en las condiciones de trabajo y en los acuerdos colectivos deben estar bien fundadas en razones económicas y organizativas, lo que no conocen con precisión los sindicatos porque en sus reuniones con Cabrera no se negocia, sencillamente se les trasladan las decisiones. Es más que probable que ésta también acabe en los juzgados de lo Social.