Una más de la Fiscalía. El Ministerio Público se ha opuesto formalmente a que el juez Ruz investigue el borrado histérico de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas dejó en el Partido Popular. Dice el fiscal encargado de la causa que para qué se va a investigar al partido en el Gobierno, el que pone y quita al fiscal general del Estado, si eso lo que puede provocar es que se dilate el proceso principal, es decir, el caso Bárcenas. Si el juez asume la postura del Ministerio Fiscal, y es lo más probable dado el pavor hasta ahora mostrado, se quedará sin investigar un posible delito de obstrucción a la Justicia, esto es, que el partido investigado por la doble contabilidad, por los pagos en dinero negro, por los cobros más negros todavía y por la mamandurria de las empresas que metían los sobres, no tendrá que responder por esa desaparición brutal de pruebas probablemente necesarias para el proceso. Llegados a este punto es preciso recordar el pitorreo del PP con las excusas ofrecidas para sacudirse las responsabilidades de una acción así: querían proteger los datos personales del último usuario de esos ordenadores, es decir, Luis Bárcenas. Y también es preciso recordar lo que comentábamos ayer mismo en esta sección acerca de la solemne proclamación del fiscal general, Torres-Dulce, del empeño del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Mentía, seguramente mentía. Así que ya saben, destruir pruebas de un proceso penal de gran repercusión social puede quedar impune. Pero inténtelo usted a ver qué le pasa.