Este lunes ha sido un día muy importante para el medio ambiente de la Unión Europea y sus correspondientes territorios de ultramar, porque este ha sido el día en que ha quedado aprobada por el Consejo una durísima normativa que endurece las exigencias para otorgar permisos de extracción de petróleo en alta mar. Las informaciones que llegan de Bruselas hablan de que se responsabilizará a las compañías explotadoras de cualquier daño que se produzca por vertidos u otras incidencias en las especies marinas y en los hábitats naturales en una zona de mar de hasta 370 kilómetros mar adentro, frente a los 22 que rigen hasta ahora. Esta es la normativa comunitaria de la que huía Repsol como alma que lleva el diablo cuando consiguió de José Manuel Soria que le adelantara los permisos para las prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura, permisos que se extienden a lo largo de varias cuadrículas que se encuentran en una zona de entre 9 y 60 kilómetros de las costas canarias. La nueva directiva, que además exigirá a las compañías fuertes garantías de solvencia técnica y financiera, no entrará en vigor de manera inmediata, y es ahí donde está la clave de las prisas de Repsol. Primero habrá de ser publicada en el Boletín de Unión Europea, momento a partir del cual se cuentan veinte días y se abre un plazo de dos años para que los Estados miembros traspongan la directiva a sus legislaciones nacionales. A ver, hagamos los cálculos: 2013 más dos, 2015, elecciones generales, si para entonces Repsol confirma la existencia de petróleo y sigue Soria en el machito, se retrasará la reforma legislativa y se otorgarán las licencias de explotación. Se admiten apuestas.